El caso Iguala
Han pasado diez meses desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa que sacudió a México y al mundo entero. Desde ese fatídico 26 de septiembre de 2014 los familiares de los jóvenes y el pueblo mexicano han desbordado las calles para exigir su recuperación con vida.
La conclusión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que los estudiantes fueron detenidos por agentes policiales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinado e incinerado, versión rechazada por los familiares de los estudiantes.
Desde la desaparición de los jóvenes, solo se han localizado los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio, en un basurero de Cocula (cerca de Iguala).
Ante este escenario desconsolador, los familiares de las víctimas exigen celeridad en las investigaciones y justicia para estos 43 jóvenes, quienes no han sido los primeros en sufrir la violencia que reina en Iguala.
Exalcalde de Iguala: responsable de la represión estudiantil
El 26 de septiembre la policía municipal disparó contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes normalistas, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.
Tras conocerse la noticia, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió al Cabildo del Ayuntamiento de esa localidad una licencia por 30 días para separarse del cargo, la cual fue concedida y desde entonces se encuentra desaparecido. Tan solo unos días después de huir cerró su cuenta de Facebook.
Abarca está casado con la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, María de los Ángeles Pineda Villa, cuya familia está vinculada con el cártel de los Beltrán Leyva. Pineda también huyó y permanece desaparecida desde el pasado 30 de septiembre.
El alcalde de Iguala y su esposa María Pineda
Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) indicó que el exalcalde de Iguala fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes normalistas, quienes supuestamente tenían planeado dirigirse al informe de labores del DIF, presentado por su esposa.
El reporte señaló que el Abarca “siempre tuvo conocimiento de los hechos, pues fue constantemente informado por el director de Seguridad Pública Municipal. De hecho, el alcalde instruyó a Flores Velázquez para que persiguiera y detuviera a los estudiantes, con el objetivo de darles un escarmiento”.
También el cuñado del exalcalde, Salomón Pineda, fue detenido el 10 de octubre por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas.
Nexos de Abarca con el crimen organizado
Los hechos delictivos de José Luis Abarca tienen su origen desde mucho antes del ataque a los estudiantes normalistas. El líder de Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), René Bejarano, denunció que el alcalde de Iguala trabajaba para el grupo criminal Guerreros Unidos.
También, la supuesta suegra del exalcalde de Iguala, Leonor Villa Ortuño, afirmó en una grabación difundida a través de las redes sociales la vinculación de su yerno con el grupo criminal Guerreros Unidos a cambio de recibir un pago mensual.
“Mi yerno los protege a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos (unos 153 mil dólares). Manejan a su antojo a todos los comandantes y policías municipales de Iguala”, indicó Villa Ortuño en el vídeo, donde aparece maniatada y con la cara cubierta.
Abarca también está relacionado con el asesinato en 2013 de los líderes de Iguala de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes habían sido secuestrados con otras cinco personas, las cuales escaparon.
Otro asesinato vinculado con Abarca, que causó polémica en México, fue el del síndico administrativo, Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo del 2013. Dos semanas antes de su muerte, Carbajal fue agredido a golpes por un grupo de hombres armados cerca del ayuntamiento y días después fue asesinado a balazos.
Testimonio de los sobrevivientes
Paradójicamente, el pasado 26 de septiembre los estudiantes normalistas estaban recolectando dinero para realizar una marcha el 2 de octubre en conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, donde fueron asesinados cientos de estudiantes que luchaban por sus derechos.
Un estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, llamado Marcos, sobrevivió al ataque de la policía y relató el infierno que vivió junto a sus compañeros. Según Marcos, ese día cerca de 70 alumnos iban a bordo de tres autobuses cuando se percataron de que eran seguidos por patrullas de la policía municipal.
Marcos refirió que uno de sus compañeros del primer autobús bajó para pedir que los dejaran pasar y fue entonces cuando empezaron a dispararles. “El compañero Aldo fue uno de los primeros que se bajaron, entonces las patrullas sin decir nada simplemente empezaron a rafaguear arriba, a todos los vidrios (…) A Aldo fue al primero que le dieron un balazo porque estaba abajo”.
Marcos, quien se encontraba en el último autobús, contó que los policías los bajaron a todos y comenzaron a llevarse a los estudiantes en las patrullas. “Vimos cómo los levantaron, los subieron allá a los chavos y ellos, mis compañeros, ensangrentados y golpeados, unos iban llorando de miedo, de impotencia.” El joven explicó que a él y sus otros compañeros no se los llevaron porque no cabían en las patrullas.
Indicó que luego del terrible suceso llegaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), algunos reporteros, transeúntes y otros compañeros de la escuela. Un poco después de la media noche escucharon nuevos disparos. “Ahí es donde perdieron la vida otros dos compañeros”, relató Marcos.
Otro joven, llamado Omar García, confirmó lo relatado por Marcos. Él fue uno de los estudiantes en acudir al sitio para auxiliar a sus compañeros. Contó que al llegar escucharon disparos, por lo cual huyeron hacia el centro de Iguala, donde se toparon con un grupo militares que vigilaban la zona y los amenazaron: “¡Cállense, ustedes se lo buscaron!".
Para García el asesinato y secuestro de sus compañeros son solo “un caso más de gente desaparecida”. Indicó que “en México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales de la chingada política que hay contra diferentes fuerzas (...). Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre”.
Caso Tlatlaya
El pasado 30 de junio ocho militares ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya, con el pretexto que se trataba de miembros del crimen organizado. Sin embargo, testigos afirmaron que las personas eran inocentes y fueron ejecutadas a sangre fría a pesar de haberse rendido.
Pese a los constantes casos que salen a la luz sobre abusos de las fuerzas policiales de México, el presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, anunció ante la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que su país se unirá a las misiones de los cascos azules, también llamados soldados de paz.
Esta acción generó críticas contra Peña Nieto, debido a la violencia y los asesinatos que ocurren regularmente en México por el ejército o bandas criminales, incluso con autoridades como autores intelectuales, los cuales quedan impunes.
El mundo repudia desaparición de estudiantes
La comunidad internacional ha expresado su consternación y condena por esta masacre, a la que calificaron como un “crimen de Estado”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró que la desaparición de los 43 estudiantes es un hecho de "extrema gravedad" y exigió la búsqueda inmediata de los jóvenes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que “los graves hechos de violaciones a Derechos Humanos”, ocurridos en Iguala, colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de irreparabilidad al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida y la integridad física”.
Renuncia del gobernador de Guerrero
El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, fue muy cuestionado por su actuación en el caso y muchas voces, incluidos los familiares de los desaparecidos, pidieron su renuncia mediante protestas.
Aguirre, quien dijo que solo renunciaría a su cargo si la mayoría de los habitantes de Guerrero lo pide en un consulta popular, pidió licencia en octubre de 2014 tras las fuertes críticas en su contra.
Control de 13 municipios
El Gobierno mexicano asumió el 20 de octubre de 2014 el control de doce municipios como parte de las acciones para dilucidar el paradero de los 43 estudiantes.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), dependiente del Gobierno nacional, informó que "la Policía Federal, con el apoyo del Ejército mexicano, será la institución encargada de brindar seguridad pública en esas zonas".
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó de que "se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal".
Por esta razón "el Gobierno de la República asumirá las tareas de seguridad pública" en los municipios de Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero; y en el de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.