El 12 de mayo de 2016 el Senado de Brasil aprobó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que la separó de su cargo y dejó al vicepresidente Michel Temer en el poder.

Lo irónico, el diputado Eduardo Cunha, ejecutor del golpe contra una gobernante electa por más de 54 millones de brasileños, perdió su escaño y reside actualmente en un presidio federal. En su primera condena (hay al menos otros seis juicios abiertos) fue sentenciado a 15 años de cárcel.

En el primer aniversario del golpe, el actual presidente Michel Temer, cuya ilegitimidad jamás fue puesta en duda, concedió una entrevista al canal Bandeirantes de televisión y admitió que Dilma Rousseff fue víctima de una jugada del Supremo Tribunal Federal, supuesto guardián de la Constitución.

Los argumentos para aceptar la destitución de la presidenta giraban alrededor de un solo tema: ella habría cometido “crimen de responsabilidad” por haber echado mano del “crédito suplementario”, o sea, la transferencia de recursos de un destino a otro dentro del Presupuesto Nacional, además de haber “demorado” en aprobar recursos al Banco do Brasil, para cubrir los préstamos concedidos a agricultores. Cabe recordar que no hay ley que establezca plazo alguno. 

Hasta ahora ninguna medida de Temer generó crecimiento económico, empleos, ni ingresos, no combatió el hambre ni la miseria. Solo propone desmontar el sistema de pensiones, la legislación laboral, los derechos de los trabajadores y vender el patrimonio público.

“Mi primera palabra para el pueblo brasileño es confianza”, dijo Temer al asumir la presidencia, pero los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Datafolha sostienen que solo el 9 por ciento de la población aprobó su gestión durante esta etapa. El sondeo realizado consultó a 2.781 personas entre el 26 y el 27 de abril y tenía un margen de error de dos puntos porcentuales.

El 71 por ciento de los encuestados rechazó las reformas que ha propuesto y solo el 2 por ciento votaría por él en caso de presentarse a la reelección en 2018.

El presidente de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Adilson Araújo, convocó a ocupar Brasilia el próximo 17 de mayo, para protestar contra las reformas impulsadas por el gobierno de Michel Temer.

Sumado a su impopularidad, sus intentos de reformar el mercado laboral y el sistema de pensiones provocaron la primera huelga general ocurrida en Brasil después de 20 años. Afrontó protestas durante todo el año y fue abucheado en la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Sus intentos por unificar a los brasileños también se vieron frustrados por su selección inicial de un gabinete formado sólo por hombres blancos, subrayando el racismo y el sexismo en un país donde más de la mitad se identifican como negros o mestizos.

Contrario a sus promesas de recuperación de los puestos de trabajo, Temer enfrenta hoy el más alto índice histórico de desocupación, con 13,5 millones de desempleados. El salario mínimo apenas se ajustó a la inflación. Su gobierno recortó a 1,1 millones de familias del emblemático programa social Bolsa Familia, promovido por la expresidenta constitucional Dilma Rousseff. 

En los últimos meses, a ocho de los ministros actuales de su gabinete se les abrió una investigación por corrupción en relación con la constructora brasileña Odebrecht, la transnacional más grande de toda la región, al descubrirse la forma deshonesta que la compañía utilizaba para adjudicarse obras importantes en los países en que operaba.

Temer ha declarado que sólo los despedirá si son procesados. Aunque él rechaza cualquier vínculo o irregularidad, Temer se ha visto señalado en las investigaciones pero él afirma que como presidente en el cargo sólo puede ser juzgado por delitos cometidos durante su mandato.