Nos dicen -soy de los que hasta que no lo vea, no lo creeré- que van a sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Más vale tarde, porque el dictador debería haber salido de su mausoleo, construido con el esfuerzo, el sudor, la sangre y la muerte de miles de presos políticos, hace muchas décadas. España, segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes, no puede permitir que se sigan rindiendo homenajes a un genocida que tuvo secuestrado al pueblo durante 40 años. Cualquier demócrata entiende que el antifascismo está en el ADN de la democracia. Si hay partidos que no lo entienden, es porque sencillamente no son demócratas.

Aunque exhumar los restos mortales de Francisco Franco de la monstruosidad faraónica que se hizo construir está muy bien, no es más que un gesto. Un símbolo, en una época en la que la batalla por lo simbólico es fundamental. Pero no es suficiente. No basta con ello. No hay que acabar con la tumba del franquismo, sino enterrar el franquismo definitivamente. Y esto ya no es tan simbólico.

El franquismo sigue muy presente en nuestro régimen actual. De hecho, si nos ponemos legalistas, el régimen del 78 no es, ni más ni menos, que el régimen del 18 de julio del 36 pasado por el filtro de la Ley para la Reforma Política de 1976. La herencia de Franco no está oculta ni es menor. Nuestro jefe del Estado, Felipe de Borbón, lo es en virtud de la elección del caudillo, que decidió que su sucesor “a título de rey” sería Juan Carlos I, y que desde entonces, la línea sucesoria se transmitiría de padre a hijo.

Sin juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin renunciar a los honores otorgados precisamente por ser agentes de la represión, utilizando toda la violencia posible contra el pueblo. Sin que a ni uno de ellos le costara el puesto de trabajo, ni pérdida de graduación, ni por supuesto un sólo día en la cárcel. La policía gris pasó a vestirse de azul, pero debajo del uniforme iban los mismos Billy el Niño, si es que no fueron además ascendidos. Lo mismo sirve para el ejército, en el que vemos como 600 oficiales en retiro pueden sumarse sin problema a una carta de defensa del dictador militar.

En la judicatura, aquellos que aplicaban las leyes fascistas sin ningún tipo de piedad, pasaron a ser jueces de una democracia. Sin que nadie tuviese que responder por, cuando menos, colaborar con una dictadura criminal, dictar sentencias de muerte, o enviar a la cárcel a mujeres y hombres que no amaban a quien el régimen decidía que tenían que amar. Sin que exista, además, separación real hoy día entre el poder político y el poder judicial, ya que los jueces de los más altos tribunales siguen siendo elegidos por los políticos.

En cuanto a la estructura económica, aquellos que se hicieron de oro mediante la obra pública contratada por el franquismo, utilizando además mano de obra esclava, siguen siendo hoy los propietarios de las grandes empresas españolas. Y siguen siendo las mismas grandes corporaciones que acompañaban al Caudillo a sus viajes internacionales quienes hoy viajan con Felipe VI a vender sus productos y servicios (armas e infraestructuras faraónicas) a sátrapas opresores de sus propios pueblos.

Sacar a Franco de España es mucho más que mover un esqueleto. Sacar a Franco es sacar al franquismo de nuestras instituciones, de nuestros tribunales, de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras leyes y de nuestra sociedad. Sacar a Franco es acabar con cada uno de sus monumentos y reducirlos hasta gravilla con la que construir lugares de memoria democrática (que no es ni más ni menos que lo que se hizo en nuestra “admirada” Alemania tras la derrota de su dictador). Sacar a Franco es cambiar España. Es recuperar la dignidad de nuestro país. Sacar a Franco es empezar a construir, de una vez, la democracia española.

Exhumemos a Francisco Franco. Saquemos al franquismo de España