- Hace ahora un año, el 8 de julio de 2020 el Senado uruguayo aprobaba la conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC)i N.º 19889. La norma, aprobada por la coalición de Gobierno bajo un formato express, es el eje central de la política del Gobierno de Lacalle Pou.

- Entre los puntos de la LUC más cuestionados están la severa limitación del derecho a la huelga, la ampliación de penas a los menores de edad, y la flexibilización del uso de la fuerza policial (otorgando potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”), así como la extensión de la “legitima defensa”. Pero también la precarización en el acceso a la vivienda, cambios negativos en institucionalidad educativa y reforma del mercado de combustibles.

- La izquierda uruguaya, a través de la Comisión Pro Referéndum ha buscado un mecanismo ciudadano para derogarla. Según la ley uruguaya se precisaría el 25 % del padrón electoral (unas 675.000) para forzar la convocatoria de una consulta popular sobre una norma como esta.

- Contra todos los pronósticos, el contexto de pandemia y el constante esfuerzo presidencial por silenciar la campaña, la militancia social y popular desplegó una estrategia de respeto de las normas sanitarias y logró el objetivo. La meta se superó en 100.000 firmas alcanzando 800.000 firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

- Durante el proceso de recogida de firmas el Gobierno negó la extensión del plazo para la presentación de firmas y negó el uso de la Cadena Nacional de radio y televisión. Los miembros del Gobierno se negaron permanentemente a debatir y discutir. La estrategia fue silenciar el debate, silenciar la oposición.

- La superación del listón del 25 % del padrón electoral supone en sí mismo un duro golpe al Gobierno en el corazón de su apuesta legislativa y, sin lugar a dudas, puede leerse como un cambio en la coyuntura política. El Gobierno que “desalojó” exitosamente al Frente Amplio es ahora un Gobierno a la defensiva y la izquierda desmoralizada se levanta tras el golpe que significó la derrota electoral en 2019. Aún queda mucho, pero el juego político se reordena, el Gobierno se sabe ahora desafiado y el movimiento popular se asume desafiante. La militancia venció al marketing.

- Probablemente en abril de 2022 la ciudadanía deberá resolver en las urnas si la ley queda tal como está o son derogados los 135 artículos. Comienza ahora un año de debate que fue negado por el ejecutivo en el camino legislativo elegido y que ahora se verá forzado a dar en circunstancias adversas. El resultado del referéndum marcará, sin lugar a dudas, las condiciones de continuidad del Gobierno de Pou.

Cambió la dinámica política

El movimiento popular de Uruguay, contra todos los pronósticos, ha logrado una victoria democrática que implica un cambio de coyuntura política al provocar un cambio de ánimo dentro de sus filas.

En estas horas la Comisión Pro Referéndumii presentó en la Corte Electoral 797.26 firmas, ello implica 100 mil firmas más de las necesarias para cumplir con el 25 % del padrón electoral. Ante esto la Corte Electoral deberá analizar si las mismas llegaron en tiempo y forma, y de ser así convocar a la ciudadanía para someter a referéndum los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) N.º 19889 promovida y aprobada por la coalición de Gobierno bajo un formato express mientras contenía 476 artículos y múltiples materias. La LUC es una de las principales leyes del actual Gobierno de coalición de derechas. Con el número de firmas presentado y considerando el descarte que la Corte Electoral puede hacer, se puede asegurar que habrá referéndum, y desde ahora es una ley zombie.

La campaña de recolección inició el 30 de diciembre.iii El camino constitucional escogido habilita que hasta un año después de aprobada la ley se puede presentar la adhesión del 25 % del padrón electoral para que se convoque un referéndum, fecha que concluía el 9 de Julio de este año. Ese 25 % representaban unas 675.000 firmas. La tarea era grande.

Una parte muy importante de la “demora” en resolver el mecanismo y el alcance de la propuesta derogatoria tuvo que ver con la necesidad y vocación de “construir unidad” para ampliar la base de apoyo y la fuerza que se movilizaría. La paciencia estratégica es partera de victorias, y articular diversidad es una acción política fundamental, considerando que los movimientos iniciales para promover la acción de recolección de firmas surgieron desde las organizaciones sociales y populares, donde destaca el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo, la intersocial feminista e infinidad de otras muchas organizaciones, grupos y colectivos. Finalmente se procesa el debate al interior de la principal fuerza política de izquierda, el Frente Amplio, que decide sumarse activamente a la campaña.

Organización siempre

Es común en estos tiempos encontrar retóricas críticas sobre el papel de las organizaciones. Sin embargo es evidente que acciones de este tipo no se puede llevar adelante sin organización, sin estructuras organizadas que hagan de la actividad política y militante una actividad permanente. Y en este sentido el carácter unitario y la fortaleza del movimiento sindical se asociaron a la estructura de base del frente amplio que además de cantidad tiene una larga tradición de batallas electorales y una fuerte distribución territorial. El trabajo político es, como se dijo, una acción política permanente y eso allana muchos caminos.

Pero también el rol de nuevas organizaciones, algunas surgidas de la crisis que azota al país como las ollas populares, pero también colectivos culturales, locales, barriales, y un largo etcétera se fueron sumando y fueron generando los puntos de reunión desde donde se le solicitaba a la ciudadanía la firma. Sin desconocer el rol central de las y los jóvenes que se sumaron a la campaña.

Contra todo pronóstico. Pandemia y chicanas gubernamentales

El Gobierno naturalmente defendió su ley, lo hizo cuando la misma fue criticada por su contenido y por la forma elegida para ser discutida por medio de plazo perentorios.

Recordemos que juntar firmas implica ir al encuentro con la ciudadanía, dialogar, discutir. Precisa hacer vinculaciones, potenciar la cercanía. Por lo tanto, el contexto de pandemia es de por sí un adversario enorme para una tarea de ese tipo. A pesar de que Uruguay fue uno de los países que menos restringió la movilidad (lo cual ha impactado negativamente en la evolución de la pandemia) sí existían limitaciones y se legisló específicamente para reglamentar un artículo constitucional a fin de habilitar la disolución de aglomeraciones, e impedir el derecho político de reunión. Ante esta situación, desde la Comisión pro Referéndum se solicitó la extensión del plazo legal para la recolección de firmas, contando con el antecedente del aplazamiento de las elecciones departamentales acordado entre los partidos políticos. Sin embargo, los partidos integrantes de la coalición de Gobierno no estuvieron de acuerdo en habilitar esa extensión del plazo.

Un acierto de la campaña fue haber presentado constantemente el mayor respeto hacia las medidas sanitarias básicas, ya que fue un permanente frente de hostigamiento desde la coalición gobernante para desalentar la movilización popular y criminalizarla.

El otro esfuerzo del Gobierno fue procurar el desconocimiento del proceso de recolección de firmas, inhabilitando por la vía de los hechos el debate público entre actores políticos y sociales con posiciones diferentes. El ninguneo político fue parte de la estrategia. Algo que se hizo mucho más evidente en la negativa del Poder Ejecutivo a habilitar el uso de la Cadena Nacional de Radio y Televisión para que se pueda informar al país sobre el uso de un instrumento constitucional de democracia directa. Este hecho contrasta con el comportamiento del Frente Amplio en el Gobierno, por ejemplo, cuando habilitó la Cadena Nacional para quienes promovían la derogación de la Ley Integral para Personas Trans votada en octubre de 2018. Considerando que cuando la Comisión Pro Referéndum solicitó la Cadena contaba con más de 500.000 firmas y quienes promovían la derogación de la ley trans habían alcanzado sólo 69 mil.

¿Qué representa haber superado el 25 %?

Luego de la historia, del proceso y del resultado importa ver qué representa. En términos formales en aproximadamente un año la ciudadanía tendrá que asistir a las urnas para ratificar o derogar los 135 artículos de la Ley. Es razonable considerar que esto habilitará el debate democrático que se negó durante el tratamiento urgente.

Pero sobre todo representa un cambio en la coyuntura política. Hasta ahora la imagen política era de un presidente y un Gobierno robusto, exitoso, protegido y blindado. Frente a él aparecía una oposición apagada y desordenada.

La derrota electoral de 2019 tiró a la lona a la izquierda, y este logro es como la levantada del boxeador cuando el referí va por el ocho, antes del knockout. La izquierda social y política vuelve a levantarse. Es un cambio en la percepción, en la capacidad orgánica propia de las fuerzas políticas, sociales y populares de las izquierdas. Las casi 800 mil firmas representan más que los votos obtenidos por Lacalle en la primera vuelta electoral de 2019. Es un dato que no altera la legitimidad pero que establece paridad de jerarquías ante la nueva etapa política, al menos frente a la discusión del referéndum.

Es un resultado que se cuela en las especulaciones del Gobierno que debe aceptar el desafío. Es la artillería que debilita las barreras políticas y mediáticas del Gobierno y exigirá un juego distinto. El blindaje mediático no impidió el objetivo de alcanzar las firmas. Se filtra por todos lados la fuerza terrible de la militancia, como factor central de la política. La militancia le ganó al marketing.

Es además un cambio importante en la dinámica entre los movimientos populares y el Frente Amplio. Si bien el FA es un partido enraizado, con una estructura militante poderosa, esta campaña tuvo como principales protagonistas a las organizaciones sociales. Esto supone un nuevo escenario de diálogo entre estos actores de cara a un reordenamiento estratégico y programático de las izquierdas. Y no sólo hacia el próximo ciclo electoral, sino en el horizonte político más amplio, el de los objetivos políticos de mediano y largo plazo.

Las firmas cambiaron el eje de discusión

Ha terminado el primer tiempo, como dijo el presidente del Pit Cnt, ahora queda el segundo tiempo donde la ciudadanía toda deberá indicar si los 135 artículos de ley permanecen o son derogados. Pero el punto de partida hacia ese objetivo es significativamente distinto.

La campaña de recolección de firmas permitió canalizar la energía militante, y eso es bueno para las organizaciones pero también para la democracia. Dar cuenta de los límites de la democracia no supone abandonar los instrumentos que permiten que la ciudadanía reafirme su protagonismo.

Cambió la coyuntura política porque cambia el ánimo político. El pretendido retorno de la supuesta “normalidad” ya no será con un Gobierno prepotente y una oposición groggy. Sino que tendrá un Gobierno que se sabe desafiado y a una oposición que se reorganiza desafiante.

i Un buen análisis del contenido de la Ley se puede ver en: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/6/luc-un-analisis-de-los-articulos-en-15-areas-tematicas/

ii La coordinación entre organizaciones sociales y políticas que promovieron la recolección de firmas. Lo integran entre otras organizaciones el Pit-Cnt, la FEUU, FUCVAM, Intersocial Feminista y el Frente Amplio.

iii En realidad se realizaron dos campañas diferentes. Además de la que refiere esta nota, otra campaña proponía derogar completamente la Ley.