Desesperado por la firme resistencia de la juventud, el régimen uribista de Iván Duque anegó en sangre las calles de Cali este viernes 28 de mayo, precisamente el día en que se cumplía un mes de iniciado el Paro Nacional, y dejo 13 personas asesinadas, 98 heridas, 54 de ellas con armas de fuego y 13 jóvenes judicializados.

La agresión comenzó en La Luna, popular sector de la Autopista Sur Oriental, hasta donde llegaron sujetos vestidos de civil que dispararon desde una motocicleta contra un plantón juvenil.

Luego, igualmente en el sector de La Luna, incursionó en motocicleta el detective Fredy Bermúdez Ortiz, policía al servicio del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, quien abrió fuego contra los jóvenes que participaban en un plantón pacífico en el lugar.

Allí, el policía de civil asesinó a Luis Eduardo López Solano, vecino solidario con el Paro que laboraba como celador en los Estudios Takeshima de la Secretaría de Cultura de Cali y era muy apreciado también en la Universidad del Valle.

En la reacción de quienes participaban en el plantón, el atacante disparó en varias oportunidades de nuevo contra los manifestantes y dejó a una persona gravemente herida, identificada como Juan Pablo Cabrera, de 18 años de edad, quien falleció posteriormente.

Al tratar de huir cubriéndose con disparos, el detective Bermúdez Ortiz fue alcanzado por la multitud y pereció en un linchamiento.

Al pistolero le encontraron un carné de integrante de la Armada Nacional, lo mismo que su credencial de funcionario de la Fiscalía.

Tratando de ocultar el modus operandi que se ha generalizado por parte del gobierno de Duque, que utiliza civiles armados (paramilitares) o agentes de la Fuerza Pública sin uniforme en la represión de las protestas en Cali, la Fiscalía dijo que Bermúdez Ortiz se encontraba el viernes de descanso y que simplemente pasaba por el lugar de los hechos.

Una versión contraevidente con el apertrechamiento del individuo, quien tenía pegado a una de sus piernas una cartuchera con dos armas de fuego, una de las cuales descargó completamente en los crímenes cometidos en el lugar antes del linchamiento del que fue víctima por parte de los manifestantes.

Toda la información sobre de este caso fue constatada por defensores de derechos humanos consultados por PERIODISMO LIBRE.

Estas tres muertes ocurrían en momentos en que se iniciaban las grandes movilizaciones populares que desde diferentes puntos de Cali conmemoraban los 30 días del Paro Nacional, iniciado el miércoles 28 de abril de 2021. 

Una gran marcha se desplazó desde el plantón de Sameco, en el norte, y llegó al Parque de la Dignidad (Loma de la Cruz), en el centro; otra manifestación se programó para salir de Calipso y dirigirse a Puerto Resistencia, en el oriente, y una más salió al mediodía de Siloé y se concentró en inmediaciones de la Universidad del Valle, en el sur.

El desfile del sur fue masivo y lleno de colorido, pues participaron diversas expresiones artísticas y al final del mismo se realizaba el que se denominó cacerolazo sinfónico, con músicos de la Universidad del Valle.

Estaela de más crímenes

La estela de asesinatos no se detuvo en La Luna, continuó en otros puntos de Cali y, de acuerdo con denuncias formuladas por defensores de derechos humanos, en la oleada de represión oficial en la que intervinieron fuerzas combinadas de civiles y agentes uniformados y sin uniforme, ocurrieron once asesinatos más.

Dos personas muertas en horas de la tarde del oscuro viernes 28 de mayo fueron identificadas como Maicol Andrés Aranda, asesinado con arma de fuego en el barrio Siloé, y Sebastián Jacanamejoy Jansasoy, miembro de la comunidad indígena inga, baleado en el barrio Meléndez.

La tercera persona asesinada fue Jhonatan David Basto Goyeneche, estudiante de bachillerato de 19 años de edad, que, de acuerdo con información entregada por la comunidad a la Red de DD.HH. Francisco Javier Ocampo Cepeda, recibió un impacto de arma de fuego disparado por la policía.

La víctima, que fue ingresada al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, situado en el barrio Los Chorros, había sido remitida desde el sector de Meléndez, en el sur de Cali, donde se mantiene un plantón popular de resistencia que fue atacado por civiles armados y por la policía.

Se conoció, asimismo, que un hombre identificado como Juan Guillermo Bravo Manzanares, de 21 años de edad, había sido asesinado en el sector de Nuevo Latir, oriente de Cali, el jueves 27 de mayo, pero el hecho apenas trascendió el viernes.

El sábado 29 de mayo en horas de la tarde, organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que siete personas más habían sido reportadas como asesinadas por la policía de Cali y bandas de matones del régimen de Duque así:

En el sector Paso del Aguante (Paso del Comercio), Carlos Alzate; en La Luna, uno más, de nombre Luis Fernando Castillo; en el Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días), una persona sin identificar aún; en el sector La Playa, cerca de Meléndez, dos personas incineradas, una de tez morena y otra que vestía una camiseta amarilla, y en Dollar City, otra persona, al parecer vigilante.

Además, en El Poblado Campestre, municipio de Candelaria, fue asesinado Sebastián Herrera, en el punto de resistencia situado en esta urbanización.

Defensores de derechos humanos consultados por PERIODISMO LIBRE indicaron que la represión oficial del viernes 28 de mayo dejó por lo menos 60 heridos, muchos de los cuales fueron atendidos en los sitios de las protestas.

Por su parte, la Misión de Verificación del Paro, integrada por nueve organizaciones de DD.HH., indicó que la cifra de heridos era de 98 personas, 54 de ellos afectadas por disparos con armas de fuego.  

Entre los heridos se encuentran Isan Imbachí, del pueblo yanacona, con un impacto de arma de revólver en su cuerpo y Óscar David Montero Ortiz.

También se conoció que la subsecretaria de DD.HH. de la Alcaldía de Cali, Natali González, fue agredida en inmediaciones de la Calle 16 y que se sigue estigmatizando a los defensores de derechos humanos, de manera especial cuando acuden en representación de los numerosos capturados.

Civiles disparan con amparo policial

El cacerolazo del sur fue interrumpido por el estruendo de los disparos que sujetos de civil, con la protección de la Policía de Cali uniformada, hicieron de manera reiterada contra la multitud.

En vídeos de comunicadores alternativos se pudo constatar que los civiles, varios de ellos de camisas blancas, disparaban armas cortas y largas (fusiles) con el mayor desparpajo, a la vista de todos, parapetados en distintas edificaciones y calles del exclusivo sector de Ciudad Jardín.

La complicidad policial queda en evidencia cuando se observa a uno de los civiles que dispara contra el pueblo ser “reconvenido” amablemente por un agente de la policía que le pone una mano en la espalda y lo aconseja sin sonrojo, y a otro se le ve recargar su arma en medio de policías.

Al atardecer del viernes, hombres y mujeres que transitaban por el sur denunciaban que habitantes de Ciudad Jardín estaban arrebatando los celulares a las personas que los habían grabado disparando.

Buscaban así borrar evidencias al hacer uso ilegal de armas de fuego y al atentar criminalmente contra seres humanos.

Ante el reclamo que varios hacían a agentes de la Policía por su pasividad ante los civiles armados, éstos contestaban con elusivas y cinismo.

La actuación de la Policía de Cali y de pistoleros de civil, que incluso amenazan a periodistas con disparos, como se aprecia en una de las fotografías que acompañan esta crónica, tomada de un video captado en el lugar, debería estar siendo investigada por la Fiscalía y los órganos de control.

Pero no. No pasa nada. Los medios masivos de comunicación tradicionales callan cobardemente, lo ocultan, miran hacia otro lado, con un comportamiento antiético y cómplice pasmoso, esperan el boletín oficial para repetir como robots, se enroscan en su vil función de cancerberos del Estado criminal.

¿Qué responden el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle, el comandante de la Policía en la ciudad, el director nacional de esa institución, los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia, el “defensor” del Pueblo, la procuradora y el fiscal general de la Nación?

Las escenas de hombres disparando impunemente pistolas y fusiles en las calles del sur de Cali bajo la mirada cómplice y complaciente de decenas de agentes de la Policía deben ser llevadas ante organismos internacionales, ya que todo indica que en Colombia pasarán al campo de la impunidad.

Todo apunta, igualmente, a que la acción de civiles armados contra los manifestantes fue planificada, como ocurrió con la agresión a la minga indígena el domingo 9 de mayo en el mismo sector de Ciudad Jardín, donde también actuaron paramilitares de la zona amparados por la Policía, con total impunidad judicial hasta el momento.

El joven músico torturado

La represión desatada por la policía el viernes en el sur de Cali dejó numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas las cometidas contra el músico y estudiante de la Universidad del Valle Álvaro Herrera Melo.

Defensores de derechos humanos y juristas, como Élmer José Montaña, sostuvieron que el joven se encontraba en grave peligro. “Les pido a las organizaciones de DD.HH. que ayuden en la difusión de esta denuncia. Es urgente. La vida de Álvaro Herrera Melo corre peligro. Está siendo torturado en la estación La María en Cali”, declaró Montaña.

“Que sepa todo el mundo quién es Álvaro Herrera. Necesitamos ayuda para que lo liberen sano y respeten su integridad. Qué vergüenza @IvanDuque que hizo campaña con la bandera de la cultura y ahora permita esta monstruosidad. Su capacidad para violentar a Colombia es ilimitada”, manifestó, por su parte, la destacada cantautora Catalina García, Madame Periné.

El periodista Jesús Abad Colorado escribió: “Liberen sano y salvo a Álvaro Herrera Melo y no lo torturen obligándolo a decir que es un vándalo”.

Precisamente el viernes circuló un video infame en el que el estudiante aparece sin camina, ensangrentado, esposado con las manos atrás y arrojado en el suelo, autoincriminándose, en lo que todo evidencia fue una declaración obtenida bajo tortura, violatoria de la Constitución Política de Colombia, del Código Penal de este país y de todas las normas de derechos humanos en el continente americano y en el mundo.

En el patético video, que deja escuchar a un individuo haciendo un interrogatorio a todas luces amañado, se ve al estudiante respondiendo lo que los carceleros de Ciudad Jardín quieren que diga, con el terror reflejado en su rostro.

Se trata de una “confesión” obtenida bajo presión y tortura que no tendrá ninguna validez ante un estrado judicial, pero que es utilizada por los propagandistas del régimen uribista para infundir terror en la población y para anunciar todo lo que están dispuestos a hacer, y están haciendo, contra la rebeldía juvenil y la protesta social.

Es esta, pues, una nueva violación flagrante de los derechos humanos cometida por los policías del gobierno de Iván Duque, alumno aventajado de Pinochet, Videla, Somoza, Bordaberry y demás dictadores latinoamericanos.

Resulta pertinente referir aquí que, según revelaciones hechas por conocedores de lo que ocurre en el sector de Ciudad Jardín, señoras del área les dan órdenes a los agentes de la estación de La María, como si fueran sus jefes, y les dicen qué hacer con los jóvenes detenidos.

Duque corre a calmar a sus amos

El régimen del uribismo, de Duque y del segmento más arrogante, racista y violento de la derecha colombiana está desesperado porque no ha podido derrotar la resistencia del pueblo vallecaucano en el Paro Nacional, y por eso aúpa a los paramilitares de Ciudad Jardín y de las demás villas del empresariado oligárquico de Cali y de otras áreas del país.

Ese régimen se desprestigia cada vez más, porque la gente no le cree y entonces el llamado subpresidente se enconcha en el núcleo cerrado de la burguesía y los terratenientes que representa.

Sabe que tiene el foco de la comunidad internacional encima y no le será fácil seguir guardando las apariencias, a pesar de los cómplices que tiene afuera.

Con moción de censura contra su ministro de la guerra o sin ella, con declaratoria del estado de conmoción interior o sin ella, Duque desgobierna de manera despótica.

Ya dictó el Decreto No. 575 ordenando, de nuevo, despejar calles, avenidas y carreteras a sangre y fuego y militarizando los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá.

De igual manera, las ciudades de Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira, en el Valle; Popayán, Pasto, Ipiales, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativa y Neiva.  

Además, ordena toques de queda, detenciones y demás medidas liberticidas, propias de un régimen dictatorial, con la amenaza de sanciones para aquellos mandatarios que osen no cumplirlas.

Duque se desenmascara como síntoma de su debilidad y lo demuestra el hecho de que, en la visita realizada a Cali en la noche del viernes 28 de mayo, la única zona a la que pudo ir fue al barrio de la oligarquía, Ciudad Jardín, también barrio de la mafia.

De acuerdo con múltiples denuncias, documentos textuales, gráficos y videográficos, fue de ese sector de donde salieron muchos de los que dispararon contra los estudiantes y jóvenes concentrados en la Universidad del Valle, situada en su vecindad.

De esta forma, ante vítores destemplados de los residentes de Ciudad Jardín, sus amos, que lo acogieron en la oscuridad de la noche, Duque deja en evidencia, como si hiciera falta, para quiénes gobierna y por quienes anega en sangre las calles de Cali.

Una decisión perversa que miles y miles de caleños y vallecaucanos repudian, y por eso continuarán en la resistencia y en la desobediencia popular, a pesar de decretos y crímenes oficiales.

Como en la canción de Pablo Milanés, referida a Santiago, la capital de Chile ensangrentada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, nuestra Santiago de Cali algún día tendrá sus calles liberadas de los crímenes de las oligarquías y “pagarán su culpa los traidores”.

“Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes”.

Santiago de Cali, sábado 29 de mayo de 2021.