Desde el 28 de diciembre pasado, Irán ha llamado la atención internacional cuando inició un movimiento de protestas callejeras que pronto tomaron carácter violento en varios puntos del país. ¿Estallido espontáneo de descontento o conspiración alimentada por agentes externos? Una lucha de interpretaciones se ha desatado por discernir el significado y alcance de los reclamos. 

Los hechos comenzaron en las ciudades de Mashhad y Nishapur, en la provincia oriental de Jorasan Razavi, junto a la frontera con Afganistán. Manifestantes salieron a la calle en protesta por el incremento del costo de vida y el desempleo. Pero pronto se extendieron a otros centros de población por el país al tiempo que incrementaba rápidamente la violencia en algunos focos, con intentos de saqueos, incendios de edificios públicos y hasta ataques armados contra las fuerzas de seguridad. 

Pocos datos fidedignos hay para calcular con exactitud su magnitud. En algunos puntos se han señalado acciones de cientos de personas, en otros de unas pocas decenas. 

El presidente iraní, Hasan Rouhani, al igual que otros miembros de su gabinete, reconoció la legitimidad de los reclamos relacionados con la situación económica del país y dijo que los manifestantes tenían derecho a expresarse. Pero aclaró que se tomarían acciones contra quienes recurrieran a la violencia.

El 2 de enero, el Líder Supremo de la República Islámica, Alí Khameneí, dijo que “enemigos de Irán” se han aliado detrás de las protestas, proveyéndole recursos para desestabilizar el país. Marchas masivas se dieron simultáneamente en varias ciudades, en apoyo al gobierno y en repudio a las amenazas de los EEUU de ejecutar nuevas sanciones contra el país. 

Para el 3 de enero, el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionara Islámica (CGRI), Mohamad Ali Jafari, anunció “el fracaso de la sedición”, añadiendo que el número de manifestantes los distinto focos de protesta a nivel nacional “no superó los 15.000”. La cifra oficial de muertes llegaba a las 21 personas, entre manifestantes y efectivos de seguridad. 

Uno de los asesores más cercanos a Khameneí, el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Alí Shamkani, también compartió que “la situación económica carece de la aprobación de una parte de la nación” pero añadió que “potencias extranjeras se encuentran interfiriendo en los asuntos domésticos del país”. Específicamente señaló a Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido querer “colapsar al país desde adentro”.

Shamkani también afirmó que un 27 % de los hashtags subidos a Twitter relacionados con las protestas eran de cuentas procedentes de Arabia Saudita.

Recientemente, el gobierno iraní decidió incrementar las restricciones sobre el uso de redes sociales y el flujo de información en la web. A Facebook e Instagram (sitios bloqueado en 2009) fue sumada Telegram. Esta red de mensajería es enormemente popular en el país, con alrededor de 40 millones de usuarios y ha sido señalada como el principal canal de convocatoria y difusión de las manifestaciones. 

Primavera virtual

Lo que inmediatamente llamó la atención es que en algunas manifestaciones se levantaban consignas contra el gobierno en su totalidad y también contra su política exterior. El foco de atención de buena parte de medios de comunicación extranjeros ha sido retratar a las protestas como el inicio de una “revolución de color”, de un movimiento civil contra el sistema de la República Islámica en su totalidad. Pero esto pareciera más una expresión de deseo que de realidad.

Las protestas se han dado de forma dispersa, carentes de referentes o liderazgos nacionales. Tampoco han llevado un reclamo único ni una misma identidad. Aunque las distintas facciones del arco político iraní -distribuidas a grandes rasgos entre “conservadores” y “reformistas”- han reconocido la validez del reclamo económico, también han cuestionado la violencia y han defendido el orden institucional. La clase política iraní, con sus disputas de interés y contradicciones internas, parece coincidir en que la estabilidad del país no puede ponerse en riesgo. 

Las elecciones presidenciales de mayo pasado registraron un 72% de participación del padrón electoral. Rouhani obtuvo la reelección para un segundo mandato ganando en primera vuelta con más del 57% de los votos, casi 20 puntos arriba de su principal contendiente, el clérigo conservador Ebrahim Raisi. A simple vista, esto parece hablar de la buena salud del sistema político iraní. 

Un detalle es que Mashhad, el punto de inicio de las protestas, es también el bastión de Raisi. Hay quienes señalan que él y su bloque de partidarios bien pudieran haber alentado las protestas o al menos dejarlas actuar como oportunidad para imponer mayores condiciones sobre el gobierno. 

Un segundo mandato también significa que la presión para satisfacer las expectativas y necesidades de distintos grupos es mayor. Transparencia, generación de empleo (con el objetivo propuesto de crear un millón de nuevos puestos de trabajo para afrontar un desempleo que se estima del 12,5%) y el combate a la inflación están entre las principales preocupaciones asumidas por la agenda gubernamental. 

Para ello, uno de los principales motores que se espera que dinamicen la economía iraní –aún golpeada por la caída sostenida del precio del petróleo durante los años pasados- es la llegada de inversiones externas y la integración a la economía del país de grupos de capitales extranjeros. Varias firmas de capital europeo han adelantado en los últimos años distintos convenios con el país, al que ven como un inmenso mercado sin explorar con sus más de 80 millones de habitantes. 

Pero este objetivo hoy enfrenta fuego cruzado: afuera, la continuidad de las sanciones norteamericanas sigue limitando el entusiasmo de grupos económicos por incursionar en el país; dentro, la apertura ha estado en la mira de partidos conservadores, nacionalistas de línea dura y aquellos vinculados a los sectores de la economía que crecieron alentados o protegidos por el Estado en los años de aislamiento. 

Los desconocidos de siempre

El presidente estadunidense, Donald Trump, se ha sumado con ímpetu y desde que todo empezó no ha perdido oportunidad para expresar su apoyo a las protestas, afirmando que EEUU brindará todo su apoyo a los manifestantes. El viernes 5, la Embajadora de los EEUU ante la ONU, Nikki Haley, propuso discutir el asunto en el Consejo de Seguridad. El gobierno iraní repudió la acción como una intromisión en sus asuntos domésticos. Rusia, Turquía y otros países también expresaron su crítica a la postura de Washington.

Una condena internacional contra Irán alentaría la agenda del gobierno de Trump dirigida a sabotear el acuerdo nuclear alcanzado por su antecesor, Barack Obama, junto al resto de las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU e Irán. Las acciones del gobierno estadounidense y los dichos de varios funcionarios de la Casa Blanca parecen poner en duda la continuidad del trato alcanzado. 

Paradójicamente, las negociaciones nucleares también han sido atacadas por sectores del ala conservadora iraní, que ven en ellas una concesión inaceptable y dañina para la soberanía del país.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también sumó su voz a la de su aliado occidental, y dedicó un mensaje de fin de año a la población iraní en apoyo a las protestas, afirmando estar seguro que “el régimen iraní caerá”. 

Los gobiernos de Israel y Arabia Saudita han seguido con alarma lo que se considera un avance de los intereses iraníes en escenarios como en Siria y en Yemen entre otros, y sin duda ven con ánimos lo que significaría la desestabilización interna de su rival. 

Conforme las protestas se disipen, sin duda servirán como un llamado de atención dentro y fuera de Irán, en una región sacudida por el reordenamiento de los equilibrios de poder, marcada por intrigas y especulaciones, pero cuyo rumbo es de importancia vital en el juego geopolítico mundial.