La crisis política en Perú no da tregua: el maremágnum que comenzó con la destitución de Martín Vizcarra y que tuvo su capítulo más álgido en el corto y fallido mandato de Manuel Merino –menos de una semana y dos muertos- pareció estabilizarse con el nombramiento presidencial de Francisco Sagasti. Pero no. Lejos de tranquilizarse las aguas, tras la llegada del dirigente morado a la Casa de Gobierno se siguieron acumulando los conflictos: en menos de un mes, el ingeniero industrial formado en Pennsylvania ya ha tenido que enfrentar un masivo paro agrario, lidiar con la muerte de otro manifestante y afrontar -dos veces- la renuncia de su ministro del Interior.

A poco más de cien días para las elecciones presidenciales y con un país movilizado se abren una serie de hipótesis e interrogantes respecto al futuro cercano del Perú, mientras continúa la tensión por ver cómo culminarán los pocos meses restantes de mandato que originalmente correspondían a Pedro Pablo Kuczynski y que ya acumula cuatro presidentes en cinco años. En este contexto, desde CELAG realizamos una encuesta de alcance nacional sobre la situación política y social del Perú, que nos permite aventurar una serie de razonamientos.

En primer lugar, salta a la vista un dato que marca el clima de época: 9 de cada 10 peruanos y peruanas creen que es necesario cambiar la Constitución actual. Consultados sobre la problemática, un 42% sostiene que el país necesita una nueva Constitución, mientras que un 47% señala que es menester realizar algunas reformas a la actual Carta Magna. A su vez, dos tercios de la población confía en que un nuevo texto constitucional podría ser la llave para resolver el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, disputa que ha marcado a fuego la política peruana en los últimos años. La Constitución fujimorista, aún con la gran cantidad de reformas que sufrió a lo largo de estas casi tres décadas, es percibida como obsoleta -cuanto menos- y apenas un 8% de la población la respalda. La demanda constituyente, que creció al calor de las protestas, abrió una ventana de posibilidad para que este reclamo transversal y extendido sea embanderado por fuerzas políticas que realmente puedan cambiar de raíz la realidad política y social del Perú.

En un segundo orden de interpretaciones, aparece la acuciante situación económica que atraviesa el país. La mitad de los peruanos y peruanas afirma que a causa de la pandemia tuvo que recurrir al endeudamiento para cubrir gastos, y lo llamativo es que este fenómeno también impacta en los segmentos socioeconómicos más altos. La necesidad inminente de mejoras concretas en torno a la compleja situación económica se evidencia en los datos: únicamente un 15% de la población manifiesta sensaciones positivas respecto a su salario, y si se suman las preocupaciones por la “economía” y el “empleo”, la conjunción de variables económicas se ubica a la cabeza de los principales problemas que perciben los ciudadanos del Perú.

Frente a este complejo panorama, que las sensaciones reinantes en relación a la situación política sean de incertidumbre (45%) y enojo (31%), hablan a las claras del desasosiego y hastío que experimenta la sociedad. La crisis es profunda, por lo cual no llama la atención en absoluto la aplastante mayoría ciudadana que apoyaría un impuesto a las grandes fortunas (73%), o que la posibilidad de que el Estado otorgue un ingreso básico universal obtenga un beneplácito mayoritario. Ahora bien, en un escenario marcado por la desconfianza institucional, la crisis de representación y la compleja situación económica, la incógnita que subyace es: ¿quién podrá encarnar, canalizar y representar estas demandas ciudadanas?

Tal vez aún no haya respuestas para estos interrogantes. O quizás sí, y la tarea sea más bien indagar en profundidad por aquella representación que se pueda erigir de cara a los próximos comicios de abril y que logre articular las reivindicaciones de los sectores más postergados. Para ello, resulta pertinente adentrarse en un mapeo político e ideológico de los y las peruanas, cuyo resultado es revelador: consultados por la autoubicación de clase, un 37% de los encuestados se definen como “clase popular”, muy por arriba de la siguiente categoría (clase media con tendencia a ser baja) que alcanza los 21 puntos –y también por encima del resto de los países de la región, en donde eligen ubicarse en mayor medida dentro de las clases medias-. Para complementar el perfil, consultados por su autoubicación étnica el 60% de los y las peruanas se reconoce como “mestizo”, mientras casi una cuarta parte de la ciudadanía se autopercibe quechua. Muy atrás quedan los “blancos” -apenas un 5%-. En conclusión, no caben dudas de que quien quiera dirigir el Perú deberá representar a un país más mestizo y popular que blanco, limeño y de clase media.

Por último, resulta sumamente interesante observar que, pese a la flaqueza institucional exhibida por la democracia peruana en sus últimos años, un 62% de la población considera a las próximas elecciones como una oportunidad para mejorar aquello que no funciona en el país. Al calor de los comicios presidenciales de abril, se abona el caldo de cultivo para la emergencia de un liderazgo popular que pueda sintetizar estas demandas presentes en la sociedad; pero también consolidarlas en una representación política que integre y brinde soluciones a un país de clases populares, orígenes mestizos, endeudamiento creciente y apetito constituyente.