En la República del Paraguay se inicia el proceso de elecciones generales (a realizarse el 22 de abril del 2018), con el llamado a votaciones internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos para el próximo 17 de diciembre y con el cierre de las inscripciones de alianzas y concertaciones electorales el 4 de octubre. Es el comienzo de un proceso electoral de alta tensión por el contexto de disputas políticas/sociales en el Paraguay, con un oleaje regional adverso a los sectores populares por el avance  de las fuerzas conservadoras de la región y por una renovada alineación de las economías del MERCOSUR a los intereses estadounidenses, que parecen complementarse con los intereses de las derechas locales.

Para acercarnos a las claves de disputa en ese escenario político electoral, es necesario hacer un repaso sintético de las condiciones creadas por el gobierno del presidente Horacio Cartes que profundizaron la crisis económico-social del país y en esa perspectiva analizar a la Gran Alianza Nacional Renovada “Ganar”, postulada como la principal fuerza electoral opositora al Partido Colorado. De esta coalición electoral hacen parte el Partido Liberal, el Frente Guasu y la concertación Avanza País. Un escenario electoral donde es necesario tener en cuenta el papel y la influencia  que probablemente tengan en la campaña Estados Unidos, Brasil y el Mercosur, con intereses geopolíticos y geoeconómicos de importancia en el país guaraní.

Después de cinco años, el período de gobierno termina para dar paso a una renovación en todos los cargos de elección popular. El 22 de abril del 2018 se elegirán presidente y Vicepresidente, 45 Senadores titulares y 30 suplentes, 80 Diputados titulares y 80 suplentes, 18 parlamentarios del Mercosur y 18 suplentes, 17 gobernadores y 228 Miembros de Juntas Departamentales.

Para asumir estos cargos se postularon 24 alianzas o coaliciones políticas, en un registro que concluyó el pasado 4 de octubre ante el Tribunal Supremo de Justicia Electoral. Estarán disputando un número importante de fuerzas políticas, lo cual supone una atomización de fuerzas, propia de los sistemas electorales con estructuras de partidos débiles (o inexistentes), con baja o nula organización interna. Una tendencia no sólo del Paraguay, pues es una de las grandes dificultades para establecer sistemas políticos más sólidos en toda la región, salvo en contadas excepciones (Uruguay por ejemplo).

En la actualidad, el Partido Colorado está al frente de la presidencia, tiene la mayoría de la Cámara de Diputados y 12 de las 17 gobernaciones, siendo la formación política más fuerte y representativa del poder económico paraguayo. En el padrón electoral están habilitadas a la fecha 4.260.816 personas en territorio nacional y 38.177 nacionales residentes en otros países, con miles de personas no empadronadas en el exterior (sólo en Argentina viven 550 mil paraguayos).

Estas elecciones generales parten con una ventaja comparativa para el Partido Colorado, quien mantiene el control del gasto público y afinidades históricas con los distintos grupos de poder dentro y fuera del país. El margen para derrotar a este partido es poco. Para lograrlo, las formaciones políticas opositoras podrían dirigir sus propuestas hacia los sectores sociales abstencionistas –el 32% del padrón electoral con voto obligatorio- y abrir un diálogo ciudadano que trascienda las agrupaciones de las alianzas o coaliciones, como lo demostraron las campañas que llevaron a Fernando Lugo (Frente Guasu) a la presidencia en el 2009 y a Mario Ferreiro (Avanza País) a intendente de Asunción en 2015.

Sin embargo, el golpe de Estado del 2012 aún sigue presente, aunque fuera normalizado por los partidos tradicionales y la prensa en la gran ofensiva mediática y política en contra de los gobiernos progresistas de la región. Dicha “normalización” desarrollada al inicio del golpe por Federico Franco, aprovechando su condición de vicepresidente y de militante del Partido Liberal Radical Auténtico-PLRA, fue concluida por el gobierno de Horacio Cartes, quien ha gobernado al país con un equipo técnico/neoliberal bajo el supuesto de “renovación” del Estado. Entendiendo “renovación” como sinónimo de restauración conservadora.

El gobierno de Horacio Cartes profundizó las bases estructurantes de las medidas económicas y políticas neoliberales, con los efectos negativos en la distribución del ingreso y la restitución de derechos que profundizaron las brechas económicas entre los habitantes del campo y de las ciudades (en un país rural) y el empeoramiento de los indicadores sociales especialmente de la pobreza y la miseria. Después de cinco años de gobierno, Cartes deja al país con el 22,24% de pobreza (1,2 millones de personas) y el 9,97 de miseria (700 mil personas), similar a la encontrada en el 2013 cuando asumió su mandato (23,3% de probreza y 10,1 % de miseria), con un entorno laboral caracterizado por la flexibilización y la informalidad cuyos efectos amplifican el panorama de la estadística oficial de la pobreza antes mencionada. Este escenario se corresponde con un modelo de concentración de la tierra, orientado a la exportación de soja y ganado, que produce comida para 60 millones de personas y no logra satisfacer las necesidades básicas y la alimentación de los paraguayos.

En términos macroeconómicos sería difícil calificar como “exitoso” al gobierno de Cartes, abocado a facilitar la explotación concentrada de la tierra para la exportación (30,95% del PIB) y del usufructúo del acuífero guaraní, la balanza comercial es negativa en 1.309 millones de dólares, lo cual significa una importación de bienes con valor agregado (35,54 % del PIB) a cambio de exportación de bienes primarios, un modelo desgastado, conservador y negador de derechos. Son nulos, en la práctica, los desarrollos en la economía nacional para agregar valor que genere trabajo y capacidad técnica/tecnológica que abran otras potencialidades nacionales. Un gobierno y una economía para los capitales extranjeros y especulativos que se nutren del excedente de la soja y de los negocios energéticos generados como beneficio empresarial sobre el acuífero guaraní.

No es casual que el principal aspirante a suceder la presidencia sea el economista Santiago Peña, delfin de Cartes, exministro de hacienda del actual gobierno colorado, un neoliberal máster en administración de empresas de la Universidad de Columbia, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central del Paraguay, converso militante del PLRA donde militaba desde los 17 años, siguiendo el capital político sucedido por su padre Jaime Peña, fundador de dicho partido y honorario de la clase política tradicional. El gobierno de Cartes y la propuesta de Santiago Peña es más de lo mismo, es el eterno retorno al pasado.

Desde la oposición, el expresidente y actual presidente del senado Fernando Lugo, se pronunció sobre la alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Avanza País como una coalición que “mira al futuro del Paraguay y no al pasado”,  aunque siempre es preciso ver al pasado con la idea de no convertir los hechos repetidos en tragedia, en especial porque una alianza similar se constituyó en 2009 para disputar la presidencia, con la fórmula Lugo, representando al Frente Guasu, y a Franco, por el PLRA, resultando ganadora y luego frustrada por el golpe parlamentario, en el cual el PLRA al menos salió favorecido, si no fue participe.

Esta vez la “Gran Alianza Nacional Renovada-Ganar” reúne a los mismos actores, aunque se constituye con una fórmula distinta, el PLRA será el encargado de designar el candidato presidencial y la vicepresidencia estará a cargo de Leo Rubin, miembro del Frente Guasu. “Ganar” se propone como una alianza programática, con énfasis en el desarrollo de una reforma al modelo de producción rural, el apoyo a la agricultura familiar y a la restitución de derechos sociales (especialmente los de salud y educación para toda la población).

El Partido Liberal Radical Auténtico, definirá su candidato presidencial en las internas del mes de diciembre entre Efraín Alegre y Carlos Mateo Balmelli, personajes tradicionales de la política paraguaya con una larga trayectoria parlamentaria y empresarial. Alegre fue candidato a la presidencia en el 2013 y representa un sector importante de esa formación política, siendo un potencial ganador de las elecciones internas. Es prematuro analizar el discurso que propondrán estos candidatos liberales, aunque será importante conocer, en el desarrollo de la campaña, su visión sobre el futuro del Mercosur y la orientación política conservadora impulsada por los gobiernos de Brasil y Argentina, donde el papel de Paraguay es geopolítico por su condición de mesopotamia y frontera con la región andina y su posición en el tema medioambiental, por el gran interés geoeconómico de los Estados Unidos sobre su potencial acuífero/energético, donde Cartes le permitió el ingreso y el asentamiento de tropas.

La alianza Ganar no reúne a todo el marco opositor paraguayo, se quedan fuera sectores organizados en asociaciones campesinas y populares, que ven con escepticismo la reedición de la alianza del 2009 aunque esté integrada por personas distintas. Leo Rubin, el candidato a vicepresidente, periodista de familia con tradición en la empresa mediática, genera confianza en los partidarios del Frente Guasu y puede refrescar la campaña con su perfil ambientalista, uno de los grandes temas, como ya se ha mencionado, que están en juego en el debate estructural del Paraguay.

La alianza Ganar tiene posibilidades de triunfo, aunque los sectores tradicionales con mayor poder económico y político, así como factores externos, probablemente canalicen todos sus esfuerzos para que Santiago Peña sea el próximo presidente. La situación de ofensiva conservadora en Latinoamérica, permite pensar en una campaña altamente polarizada, con acciones de desprestigio contra Ganar y la instalación de una agenda de miedo a cualquier progresismo. Aunque el gobierno de Cartes y sus sucesores no tengan credenciales de buena conducta y de transparencia, aunque traten de mostrarse como renovadores, el pasado no los absolverá.