Neocolonialismos, derecha en territorio
Los gobiernos progresistas de la región, mientras consolidaban las democracias y generaban políticas inclusivas, fueron perdiendo simultáneamente adhesiones entre su población más vulnerable. En el caso venezolano, esta es una realidad que ha tomado fuerza en los últimos tres años, y en los casos de Argentina y Brasil, data de hace un lustro.
Esa pérdida de adhesiones oscila entre el desencanto con “la política” y el vuelco electoral hacia candidatos y programas claramente de derecha. Es evidente que el papel de los medios de comunicación hegemónicos y el de las redes sociales –estas últimas en general poco plurales– han sido claves para instalar un sentido común negativo sobre la realidad de millones de ciudadanos que consiguieron crecer socialmente.
Pero, además, la oposición de derechas entendió que el anclaje territorial, especialmente allí donde radicaban los “núcleos duros” de apoyo a los “populismos” debía ser cooptado más que reprimido. Aprovecharon errores de los gobiernos progresistas y tomaron de ellos lo que les podía ser útil y, lo tienen muy claro, siempre se puede ofrecer más y mejor, especialmente en campaña. En democracia las elecciones se ganan con votos, y los desfavorecidos siempre fueron más. Los casos de Venezuela, Argentina y Brasil comparten este comportamiento general de la nueva derecha, si bien cada caso tiene sus particularidades, en consonancia con lo distintivo de sus procesos históricos. Aquí van:
Venezuela
La construcción de “El Cambio” para la nueva derecha venezolana, luego de las derrotas sucesivas de Golpes de Estado y salidas violentas que ensayaron desde 2002, implicó una reconducción de sus esfuerzos hacia la conquista del electorado popular del chavismo. Una vez comprendido que sus únicas opciones se sortearían en el escenario electoral dadas las características del proceso político venezolano, la disputa por las mayorías populares se convirtió en el objetivo primordial de la táctica que comenzaría a desarrollarse con fuerza a partir del año 2007 y que, en lo sucesivo, les permitiría conseguir un ascenso electoral progresivo.
Esta ruta implicó la construcción de un discurso que desactivara el conflicto de clases que había movilizado a las mayorías, reduciendo a éste a una pugna entre grupos de interés (partidos) y, apelando a los conceptos de igualdad y pluralidad, se buscaba definir al chavismo como una fuerza sectaria y clientelar –aun cuando había fijado las reglas de acceso a derechos más amplias de la historia de Venezuela–. De allí que vendían la necesidad de “una Venezuela donde los derechos sean para todas las personas, sin distinción ni privilegios”, y un acompañamiento “a los líderes comunitarios sin importar su posicionamiento político”, con la finalidad de poder suavizar su incursión política en un territorio adverso, territorio chavista.
Para perforar al electorado popular hegemonizado por el chavismo, ampliaron el espectro de su juego. Además de consolidar nichos seguros de adhesión, vía sujetos sectoriales cuya extracción de clase era favorable a su propuesta política –por ejemplo, el “movimiento estudiantil universitario”, de donde extraerían su principal vanguardia– se volcaron a estrategias de trabajo territorial en zonas populares para construir una base de apoyo. Esto se tradujo, de un lado, en la construcción de espejos discursivos sobre “democracia participativa” con dejos de liberalismo, células organizativas de carácter social a escalas micro-territoriales, y una política comunitaria anclada en las mismas ofertas del chavismo. Del otro lado, activaron, como política, la ocupación de los instrumentos organizativos de base ofrecidos por el chavismo en el marco de las políticas públicas de participación ciudadana: los “Consejos Comunales”, los cuales no sólo buscaban transferir recursos para mejorar condiciones de vida sino que forman parte de la arquitectura territorial del modelo de desarrollo de un nuevo Estado orientado hacia el Socialismo Bolivariano.
Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles, es el que avanza más rápido con esta estrategia. Las elecciones regionales de 2008 muestran resultados en esta dirección que son menos cuantitativos (obtienen 3 Alcaldías de 335) que cualitativos. Son los más votados en la zona metropolitana de Caracas y conquistan el estado Miranda (zona metropolitana de Caracas) con Capriles como gobernador y Carlos Ocariz como Alcalde del municipio Sucre, el municipio con mayor cantidad de barriadas populares del país. Estos serán los bastiones de su modelo de penetración en sectores populares, con políticas comunitarias (infraestructura y actividades culturales, deportivas, voluntarias), contralorías ciudadanías a la acción gubernamental territorial, financiamientos directo; y más allá, como banderas de disputa simbólica al chavismo en su propio terreno.
Por su parte, Voluntad Popular –fundado por Leopoldo López que viene de ser alcalde de Chacao por Primero Justicia– desde 2009 implementa una estructura de base denominada "Redes Populares" a nivel nacional que se constituyen sobre la base de “Asambleas Populares” y están integradas por “liderazgos comunitarios que contribuyan de manera espontánea a la solución de problemáticas sociales en sus comunidades”, pero sobre todo copian sin disimulo toda la narrativa hacia ‘lo popular’ construida por el chavismo: “Queremos que sea una unidad de apoyo para todos los activistas y ciudadanos que quieren un cambio, porque en Voluntad Popular estamos convencidos que a través de la organización comunitaria, de abajo hacia arriba, manteniendo presencia en cada barrio, urbanización, pueblo como nos decía Leopoldo López construiremos ese cambio que tanto necesitamos”.[1]
Pese a estos experimentos de trabajo de base, esta estrategia no se amalgamó de inmediato. Cuatro años transcurrieron para que la dirigencia conservadora pudiera comprender y consolidar un instrumento eficaz de penetración política en los bloques territoriales del Chavismo. En 2012 sus “liderazgos comunitarios” les fustigaban: “Somos realmente los que tenemos el acceso a la llave que va a marcar la diferencia en la lucha política en este país (…) somos los más capaces de abrir los oídos a nuestros vecinos chavistas descontentos con las políticas del Gobierno”, “La oposición seguirá siendo de la oposición, hay que hablarles a los oficialistas que no están de acuerdo con lo que está pasando”. Capriles logra comprender y comienza una interpelación al Gobierno del lado de los aún excluidos de los barrios. Solicita la democratización de las políticas sociales y de participación, focalizando en los Consejos Comunales: “los programas sociales pertenecen al pueblo (…). El gobierno confunde el poder popular con un partido político, el poder popular somos todos los venezolanos, los consejos comunales, que serían el mecanismo que han planteado para la organización de las comunas, no deben ser solo de un partido (…) 70% de los consejos comunales de Miranda no pertenecen al partido del Gobierno central y eso ellos lo saben (…)”[2].
Pasados nueve años del desarrollo de esta estrategia, se hace visible que si bien las presiones económicas en lo externo golpearon las expectativas y niveles de aceptación hacia el chavismo en el poder, también debe notarse que la derecha venezolana, con fines instrumentales, progresivamente modificó sus modalidades de gobierno y actuación política ajustándose al nuevo sentido común chavista. Y este cambio, le exigió sostener una política de trabajo de base constante que trajo sus frutos: una base electoral popular y su reubicación como actores políticos potables para sectores que otrora los veían como dirigentes de las clases acomodadas y propietarios, y hoy los ven como actores con capacidad de empatizar con sus realidades y problemas. Entraron al terreno donde la izquierda había reinado y esto constituye uno de los mayores desafíos de la izquierda y los progresismos latinoamericanos en adelante.
Argentina
La forma que encontró el Pro (Propuesta Republicana) para acercarse al territorio tiene como nexo a distintas ONG´s y Fundaciones, organizaciones de la sociedad civil quienes fueron parte de un entramado de poder a semejanza del sistema de partidos europeo. Los distintos semilleros de la juventud PRO, aunque reclutados desde distintos espacios, se caracterizan por un estrato social de clase media alta; sus militantes estudian tanto en la UCA (Universidad Católica Argentina) como en la universidad pública. La incorporación de dicha militancia en la arena se manifiesta como un posicionamiento en apoyo del sector agroexportador ante el conflicto por la Ley 125, en marzo de 2008. El imaginario político de su núcleo duro combina un liberalismo económico y la aprobación de medidas progresistas, mientras que la post-política los emancipa de identificaciones con distintas agrupaciones históricas y evapora las clásicas distinciones entre derecha e izquierda.
En cuanto a sus orígenes, el Pro se constituye en torno a la fundación Creer y Crecer, auspiciada por Mauricio Macri y Francisco de Narváez en 2001, pero también hubo otras, el think tank Fundación Pensar, Grupo Sophia –liderada por el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Pensar el Camino – a cargo de Pedro Robledo-, Proyectar Futuro – conducida por Alex Campbell, actual subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales-, entre otras. Muchas de ellas han sido investigadas a partir del escándalo que suscitó la vicepresidenta Gabriela Michetti por el origen del dinero de sus fundaciones[3]. Sin embargo estos espacios adquieren un potencial atractivo cono centros de desarrollo profesional para sus miembros[4].
El arquetipo del rápido ascenso de jóvenes profesionales sin una trayectoria política lo encarna la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien comenzó en la usina de ideas neoliberales, Fundación Sophia. Actualmente, la gobernadora cuenta con una base social propia que comenzó a generar desde su paso por Desarrollo Social mediante la implementación de trabajo territorial orientado a los jóvenes y denominado “La 24”[5]. El modo de participación en las zonas periferias se asemeja a la beneficencia desde la élite de antaño –de arriba hacia abajo- aunque no necesariamente de tinte católico sino enmarcado en la cultura New Age.
Desde una estrategia asistencialista el actual gobierno logró reclutar referentes en barrios periféricos y villas –asentamientos urbanos informales de viviendas precarias- ámbitos tradicionalmente vinculados al peronismo. Lejos de sus slogans iniciales sobre la radicación de villas, éstas fueron parte a la hora de consolidar a la derecha en barrios marginales de la Ciudad de Buenos Aires hecho que sería luego emulado en todo el país. En muchos casos, gracias a distintas alianzas con partidos provinciales que dieron su apoyo a la coalición de Cambiemos[6].
En cuanto a prácticas proselitistas y punteriles, Margarita Barrientos constituye el mejor ejemplo. La referente social del Comedor Los Piletones –quien también ostenta su propia fundación- ha recibido alrededor de 14 millones de dólares del Gobierno de la ciudad por medio de la cooperativa de trabajo La Unión, liderada por Isidro Antunez, nada menos que su esposo. El matrimonio Barrientos ha sido reiteradamente beneficiado por distintas obras públicas en el barrio de Soldati, mediante la contratación directa o por decretos de ‘urgencia’. El oficialismo ha obtenido como contraprestación el apoyo público de Margarita, es decir una forma de captar al electorado de los estratos sociales bajos. A pesar de ello, la propia Barrientos ha reconocido en una entrevista a Radio del Plata en octubre de 2016 que durante los primeros nueve meses del gobierno de Cambiemos observa un aumento de la pobreza[7][8].
Gran parte del mensaje de alianza Cambiemos se concentró en una crítica al gobierno anterior por el despilfarro y exceso de políticas públicas destinadas a construir una legitimidad de gestión, paradojalmente este discurso fue adoptado en gran medida por los beneficiarios de dichas políticas. Por su parte, los discursos inflamaban la defensa de las libertades individuales y la división de poderes contraponiéndolas con denuncias de corrupción y autoritarismo replicadas hasta el hartazgo por los grandes multimedios.
Este discurso respetuoso de las instituciones consiguió nuclear tanto a liberales como a conservadores provenientes de otros partidos y usinas de políticas públicas, reactualizando un discurso de los años ’90, donde la política no era la solución sino el problema[9]. En este sentido cabe destacar que en Argentina a fines del 2015 –víspera electoral- la presencia de televisión en los hogares era de un 98%, seguido por un uso de
computadora e internet con un nivel de penetración superior al 60%[10]. Lejos de actos masivos, los soportes audiovisuales desde la lógica del debate en co-presencia han reemplazado los grafitis y las pintadas tradicionales. Si bien el marketing electoral puede rastrearse en la arena política desde 1973, lo cierto es que cada vez más los actores políticos –aun los que ostentan una mayor inserción territorial– implementan indicadores para orientarse en la coyuntura política y definir sus estrategias[11]. Por lo que podemos hablar de la emergencia de un nuevo tipo de territorialidad virtual con un alto grado de incidencia en los hogares del país.
Brasil
Brasil podría considerarse un caso particular respecto de la intervención de la derecha en territorio para capturar votos y apoyos. En líneas generales, la derecha política no opera territorialmente mediante lógicas de militancia, locales partidarios diseminados en los distintos barrios, etc. Su captación de votos, especialmente en zonas populares, se da mediante los vínculos que despliega con agentes afines políticamente que sí tienen anclaje territorial, excepto durante las semanas previas a las elecciones, cuando abren temporalmente locales y caminan los barrios. También es importante destacar que buena parte de su creciente influencia en las zonas populares, como en las demás, obedece a las estrategias para incidir en “territorio virtual”, que tiene otros canales de penetración y otras formas de “militancia”.
Un claro ejemplo de ello es el de la ciudad de San Pablo, en la que, en una elección inédita, un empresario con escasa experiencia política y que obtuvo fuerte rechazo de parte de su partido en la interna (PSDB), consiguiera arrebatarle la prefectura al candidato progresista, que buscaba su reelección. En la región central de la ciudad, la zona donde habitan personas de alto y medio alto poder adquisitivo, el voto históricamente ha sido para el PSDB; sin embargo, las zonas periféricas siempre apoyaron mayoritariamente a los candidatos del PT, tanto en las elecciones locales como presidenciales. Esta tendencia comenzó a revertirse en las elecciones presidenciales de 2014: el candidato Aécio Neves (PSDB) superó a Rousseff (PT) en 48 de las 58 zonas electorales de la ciudad. En las locales del pasado octubre, el empresario Joao Doria, ganó en primera vuelta con el 53,29% de los votos (Haddad, del PT, obtuvo 16, 70%); venció en 56 de las 58 zonas electorales. De todos modos, en dicha contienda el electorado también manifestó con contundencia su rechazo a la clase política en general: las abstenciones sumaron 21,84%, los nulos 11,35% y los votos en blanco ascendieron a 5,29%.
La derecha conservadora ha ido ganando terreno, no sólo electoral. En la ciudad de San Pablo buena parte de la política social –cuyos destinatarios son ciudadanos de baja renta–está tercerizada. La prefectura realiza contratos con diversas entidades sociales y religiosas en materia educativa, sanitaria, ayudas sociales, etc. para la implementación de programas federales, estatales o locales[12]. Muchas de estas organizaciones, especialmente las ONG y las iglesias, realizan un trabajo “moralizante”, de claro corte conservador. Y su alcance no es menor. En San Pablo, para 2014, existían alrededor de mil ONGs subcontratadas por el municipio para los servicios de asistencia; los templos religiosos de diferentes iglesias –particularmente las evangélicas– se cuentan por miles. Y muchas de ellas realizan su propio trabajo social. No es casual, por tanto, que en la misma votación los vereadores (concejales) evangélicos casi se duplicaron en número (pasaron de 7 a 13 en una Cámara Municipal que tiene 55 puestos)[13]: la presencia del Estado no es tan evidente para buena parte de la población.
Pero, además, la mayor parte de estas iglesias evangélicas destacan un discurso que combina moralismo conservador con liberalismo económico. Abogan ante millones de fieles por un individuo emprendedor, un Estado mínimo y el “hazlo por ti mismo que Dios te ayudará”[14]. Admiten la injusticia de la estructura social, pero le cabe a cada individuo creer y esforzarse para lograr progresar en la vida. Y no hacen énfasis en el trabajo, como el protestantismo clásico; se trata de volverse patrón[15]. Este último aspecto no abarca sólo a la población evangélica, en veloz crecimiento por todo Brasil: la confianza en el Estado como agente promotor del bienestar se ha diluido frente a la idea de su ineficacia. Los escándalos de corrupción vinculados a políticos y a empresas públicas, así como el deterioro de los principales indicadores socioeconómicos durante los últimos años redundaron en un extendido sentimiento “antipetista”, pero también en la diseminación del “corpus” liberal que reproducen los evangélicos. Doria aprovechó ambos: “yo no soy político, soy un gestor, un empresario", repitió a lo largo de toda la campaña.
En San Pablo la derecha, en varias de sus expresiones institucionales –políticas y no políticas– está ganando terreno, de manera llamativa en la periferia. Las iglesias pentecostales suman adeptos aceleradamente, ONGs financiadas por grandes fortunas y partidos van captando nichos de asistencia social en las barriadas, la izquierda pierde presencia territorial y electoral, y su concepción de mundo es amplificada sin descanso, a millones de personas, por sus medios de comunicación, que son casi los únicos.
[2] https://www.noticias24carabobo.com/capriles-radonski-70-consejos-comunales-miranda/
[4] http://www.revistaanfibia.com/cronica/la-cara-bonita-de-la-nueva-derecha/#sthash.E9MOBO30.dpuf
[5] http://www.revistaanfibia.com/ensayo/con-las-mejores-intenciones/#sthash.zz8690kt.dpuf
[6] http://www.revistaanfibia.com/cronica/de-evita-a-mauricio-el-pro-villero/
[7] http://www.infonews.com/nota/302228/margarita-barrientos-hay-mas-pobres-que
[8] No todos los comedores reciben el mismo trato preferencial, en la madrugada del 30 de marzo la Policía Local de Lanús irrumpió violentamente en un merendero del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza. Allí los efectivos policiales reprimieron a niños y adolescentes. Desde el MTE señalaron como responsables de la violencia al intendente, Néstor Grindetti, a la gobernadora Eugenia Vidal, al secretario de Seguridad de Provincia, Cristian Ritondo, y al secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, quien desde hace tiempo hostiga la organización.
https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/03/30/brutal-allanamiento-policial-comedor-popular-lanus/
[9] https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Cantamutto/publication/310425026
[10] Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) elaborado por el INDEC: http://www.telam.com.ar/notas/201510/122479-internet-tecnologia-hogares-indec.html
[11] http://www.revistaanfibia.com/cronica/globos-y-buena-onda/#sthash.mTIBCKjR.dpuf
[12] http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792014000300005#back25
[14] En Brasil las iglesias evangélicas también hacen proselitismo político, aunque la ley lo prohíba. Además de tener candidatos propios, los pastores indican a sus fieles quien es el candidato más adecuado. No apoyaron a Haddad por estar ligado a la causa LGBT, pero Doria fue apoyado por el obispo Robson Rodovalho, de la iglesia Sara Nossa Terra, del pastor Silas Malafaia, y de Jose Wellington, que preside el Ministerio de Belen –sólo éste tiene 1 millón de fieles–. Ya como prefecto, Doria visitó dos templos de la Asamblea de Dios, ocasiones que aprovechó para agradecer los votos. Como devolución de favores, planea crear una asesoría religiosa en materia social y establecer convenios con iglesias para que, a cambio de presupuesto público, usen su estructura de templos y escuelas para cuidar niños mientras sus padres trabajan.