No se necesita ser demasiado intuitivo para diagnosticar que los próximos gobiernos no podrán echar a andar ningún proyecto económico de gran calado, toda vez que el presupuesto gubernamental está acotado por los compromisos contraídos, entre pagos de la deuda y pensiones atrasadas, adeudos a proveedores, intereses y obligaciones de los pasivos internos.

El intersticio que queda, en medio de este panorama, ante la imposibilidad de acudir a los créditos externos porque las carteras están agotadas ante prestamistas y grupos financieros internacionales, deberá aprovecharse al máximo el dinero para ejecutar inversiones bien pensadas en programas de gasto social.

Hasta ahí, bien; el problema es pensar que los recursos son infinitos y no prever escenarios de recuperación mínima, ejecutar acciones que tengan un impacto alto en la posibilidad de colaborar en la generación de recursos frescos, pensar en términos de un futuro alcanzable.

Revertir hacia los necesitados los flujos necesarios para ofertarles servicios educativos de conocimiento, de capacitación laboral efectiva, de salud pública, de alimentación adecuada y suficiente, de seguridad pública y social, de asistencia, cultura, recreación, deporte y cuidado del medio ambiente.

Esa deberá ser la agenda de gobiernos responsables, austeros, pero fundamentalmente transparentes. El gasto social sin comprobación efectiva, sin padrones confiables, sin evaluación física, sin impacto hacia todas las ramas del empleo, es superfluo finalmente.

Instituir, con los pocos recursos excedentes del gasto etiquetado, compromisos efectivos de desarrollo nacional. Para cumplir las necesidades más apremiantes del crecimiento, el Estado debe abogar por el bienestar de la población en situación de alta vulnerabilidad. No para asimilarlos a un credo político, sino para integrarlos al mercado de trabajo y a la productividad, logrando simultáneamente fortalecer el mercado interno, tan necesitado de atención, después de casi un año y lo que falta de parálisis y catatonias.

Modelos parecidos a los que adoptaron en tiempos de crisis los países del norte de Europa, inspirados en nuestro modelo de economía mixta, gracias a los cuales desarrollaron un sentido de competitividad ejemplar en el mundo moderno. Muchos de ellos ya los abandonaron por las exigencias y las limitaciones de una población envejecida que ya no aporta a las arcas fiscales, y al contrario, demanda sus pensiones y sus mínimos de bienestar acostumbrados.

Nuestro país está en el momento justo para no dejar pasar la oportunidad de aplicarlos en ese tenor; de abandonar por improductivas las fantasías de obras faraónicas que han quedado en el ludibrio social por problemas de mala planeación o por los sueños guajiros de reformas estructurales que nunca llegaron.

La política social organizada bajo esos parámetros deberá ser el corazón de las responsabilidades del Estado. Es justo regresar a aquellos momentos en que era reconocido por los foros internacionales en la materia, desde la Unesco, la OCDE y las organizaciones ultramarinas que pugnan por el establecimiento inconcluso del bienestar general.

Lo dicho: los males de la política social tendrán que curarse con más y mejor política social, con orden y democracia.