El 20 de mayo de 2018 es la fecha utilizada como punto de apoyo en la construcción narrativa del intento actual golpe de Estado. Ese día tuvo lugar la victoria electoral de Nicolás Maduro, que una parte importante de la derecha anunció que no reconocería desde meses antes, y así lo hizo. El día 22 de ese mayo, la Asamblea Nacional (AN), en desacato por dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, declaró como “inexistente la farsa realizada el 20 de mayo”. Pasado casi ocho meses de aquel día apareció la traducción política del desconocimiento: la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. 

La reelección de Maduro se aleja sin embargo de la construcción presentada por la derecha. Ese día participaron cuatro candidatos, Nicolás Maduro ganó con 6.190.612 votos, seguido por Henri Falcón con 1.917.036, y Javier Bertucci con 988.761 votos, con una participación del 46,02% del registro electoral. Estuvieron presentes observadores internacionales de varios continentes, y Rodríguez Zapatero, parte central de la mediación, afirmó que existían las mismas condiciones que en diciembre del 2015, cuando la oposición ganó la AN. 

“Antes de que se produzca la elección se dice que no hay condiciones, no se ha visto nunca (…) es muy serio desde un punto de vista democrático desautorizar unas elecciones antes de que se celebren fruto de cuatro titulares de cuatro líderes políticos”, afirmó el expresidente de España antes de los comicios. La derecha lo acusó de chavista y cómplice por haber sostenido lo que había anticipado en República Dominicana ante la retirada de la oposición de la mesa de diálogos en enero de ese mismo año: que existía una decisión de buscar la salida de Maduro por caminos no electorales.

La argumentación para intentar conformar un gobierno paralelo se centró sobre esa fecha. Al no reconocer la elección del 20, tampoco lo hicieron con el comienzo del nuevo mandato de Maduro del 10 de enero del 2019, lo que se tradujo en una adaptación para sus fines de artículos de la Constitución para justificar la aparición de Guaidó bendecido por el tuit de Donald Trump que lo ungió como presidente interino de Venezuela.

Si la narrativa de la derecha toma ese punto de apoyo, el análisis del chavismo sitúa el inicio de la actual estrategia de asalto al poder en la decisión de levantarse de los diálogos de República Dominicana en enero del 2018. Es allí donde Estados Unidos (EEUU), con una parte de la derecha venezolana como operadora -centralmente los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia-, tomó nuevamente la decisión de intentar un derrocamiento por la fuerza, como en el 2017, 2014, y en el ciclo inicial del chavismo en el gobierno 2001-2004. Lo que siguió fue el encadenamiento de los pasos hasta intentar el desenlace que debía ser veloz según los cálculos. 

Un año después de la elección, y a pocos días de cumplirse cuatro meses de la autoproclamación de Guaidó, la situación está en un punto de empate en el plano internacional, y de mayor correlación de fuerza del chavismo en lo nacional. La oposición se encuentra en una tendencia sostenida de retroceso en su capacidad de movilizar y de mantener la expectativa prometida ante las cámaras del mundo en el mes de enero. Los titulares que presentaban a un poderoso fenómeno Guaidó han sido reemplazados por lo que es: la cara visible de una estrategia que hace aguas debido, nuevamente, a un error de cálculo.

El chavismo por su parte está ante dos frentes centrales. Por un lado, resistir a los asaltos como los del 23 de febrero y el 30 de abril, lo que significa en simultáneo buscar el diálogo, como el iniciado en Noruega la semana pasada, del cual aún no existen resultados públicos. Por otro lado, gobernar, y en particular, construir respuestas ante un cuadro económico complejo, violentamente golpeado por lo que ya es un bloqueo declarado por parte de EEUU. 

La política de agresión económica, como parte de la estrategia de desgaste sobre el chavismo, ha crecido desde el 2014 hasta la fecha, sobre la base de una ley y siete decretos ejecutivos en EEUU, que han dado el marco para configurar una política unilateral de asfixia de la economía. Esto se ha traducido en la confiscación de activos financieros, la prohibición de renegociación de la deuda externa y la de Pdvsa, el aumento de riesgo país, sanciones a comercio de petróleo, al Banco Central de Venezuela, el bloqueo de 5.470 millones de dólares en bancos internacionales, entre otros puntos. 

Ni el frente económico ni la política presentan respuestas claras por el momento. El primero debido a que los ataques desde EEUU mantienen una línea de escalada permanente con repercusiones múltiples, y por las dificultades internas, como el peso del modelo de dependencia petrolera, la dificultad para aumentar niveles de productividad interna, entre otros puntos. En cuanto a la dimensión política, el escenario electoral pasaría por adelantar las elecciones legislativas. Así lo afirmó Nicolás Maduro al frente del acto para celebrar el año de su victoria electoral: 

“Vamos a hacer elecciones para legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años, vamos a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene los votos, quien gana (…) vamos a una salida democrática, electoral”, dijo ante la movilización chavista, donde además fue anunciada la decisión de la Asamblea Nacional de Constituyente de mantenerse en funciones hasta diciembre del 2020.

La derecha mantiene por su parte que toda resolución pasa por la salida de Nicolás Maduro, sintetizado en la consigna del cese de la usurpación. Ayer informó haberse reunido en EEUU con el Departamento de Estado y miembros de la Secretaría de Defensa del Pentágono, donde discutieron acerca de “todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela”. ¿En qué se traducirá la reunión? Es en esos espacios del Estado norteamericano donde se toman las decisiones centrales sobre la estrategia que tiene por fachada a Juan Guaidó.