Luego de un período recesivo ocasionado por la caída de los precios del petróleo (la principal exportación ecuatoriana) y la apreciación del dólar (moneda nacional desde el 2000), contando, además, con el agravante de eventos como el terremoto de abril de 2016, la economía ecuatoriana ha empezado a recuperarse: el Producto Interno Bruto (PIB) creció en el segundo trimestre de 2017 en un 1,9 % respecto al trimestre anterior (y en un 3,3 % respecto al mismo período en el año anterior), alcanzando ya niveles similares a los existentes a inicios de 2015, antes de la contracción económica, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). El desempleo, por su parte, que había llegado al 5,7 % en el primer trimestre de 2016, ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar al 4,1 % en el tercer trimestre del presente año, según la información provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De ese modo, los resultados de la economía ecuatoriana parecieran aproximarse nuevamente a la senda positiva de los últimos años, aunque las recientes decisiones del Ejecutivo en materia económica anuncian distanciamientos cada vez más notorios respecto al gobierno predecesor que pueden ocasionar efectos contrarios en el futuro. Es necesario destacar que durante la última década el país duplicó su PIB, la pobreza (medida por consumo) se redujo en más de diez puntos porcentuales, la desigualdad disminuyó notoriamente, la restricción de consumo de la canasta básica (es decir, la brecha entre el ingreso de una familia promedio y el costo de la canasta básica) cayó de más del 30 % a cifras cercanas a 0 %, los ingresos fiscales fueron puestos al servicio del gasto social y la institucionalidad del estado se fortaleció enormemente.

Ahora, una vez que el país empieza a salir de la recesión, varias enseñanzas quedan claras en cuanto a los principales problemas a resolver y a los desafíos económicos que Ecuador debe encarar:

Cambiar la matriz productiva

Para empezar, los problemas experimentados en la balanza de pagos (que representa las transacciones entre el país y el resto del mundo) ante la caída del precio del petróleo devela uno de los problemas estructurales más graves del Ecuador: su dependencia primario-exportadora y su escasa industrialización. Esto se agrava si consideramos que el país no posee moneda propia y no puede hacer frente a situaciones como las vividas hace poco, cuando el dólar ganó fuerza frente a otras monedas, volviendo las exportaciones ecuatorianas (que son eminentemente primarias: banano, camarón, cacao, etc.) menos atractivas que las de países como Colombia o Perú (naciones que, además, permitieron la depreciación de su moneda) y motivando a los agentes nacionales a importar mucho más. La inherente salida de divisas motivó una serie de medidas de política económica, como la aplicación de salvaguardias, para evitar un eventual escenario de iliquidez. Pero, de haber persistido la situación ¿por cuánto tiempo se habría podido soportar?

No obstante, la alta vulnerabilidad a shocks externos no es el único inconveniente que se deriva de la escasa industrialización nacional; graves problemas como el subempleo o la baja productividad también están relacionados a ella. De hecho, desde su llegada al poder, el gobierno de Rafael Correa tenía muy claro este problema; de ahí que el “cambio de la matriz productiva” haya sido uno de sus principales ejes de acción. Pese a ello, las acciones tomadas al respecto fueron insuficientes, algo que el propio gobierno admitió.

Hay que considerar, sin embargo, que la transformación productiva de un país no es algo que pueda hacerse en el corto o mediano plazo, y que no es un objetivo fácilmente alcanzable, debido, en buena parte, a que no es compatible con los intereses de los grupos de poder en las naciones desarrolladas ni de los grupos de poder vinculados al sector importador en el Ecuador. Pese a ello, transformar la matriz productiva es un reto fundamental para superar la dependencia y contribuir al incremento de la productividad nacional.

Equilibrar las cuentas fiscales sin afectar la recuperación

Cuando hablamos del sector fiscal, nos referimos a los ingresos y a los gastos del estado, lo que determina la capacidad que tiene éste de pagar a maestros, médicos, funcionarios, invertir en obra pública, etc. El desfavorable panorama económico obligó al gobierno anterior, en sus meses finales, a hacer recortes al gasto —algo que se ha profundizado en la actualidad—, incrementar la recaudación y adquirir más deuda. Sin embargo, las soluciones en este ámbito no deben ser pensadas solamente para hacer frente a la coyuntura, sino que debe ponerse sobre la mesa el debate referente a cómo equilibrar en el largo plazo las cuentas fiscales, con el objetivo de, por un lado, no ahondar en el endeudamiento externo (si bien este aún se encuentra en niveles manejables) y por otro, no provocar una espiral negativa de ajuste y desaceleración económica.

Es destacable que las medidas que tomó el gobierno de Correa para hacer frente a la crisis, contrario a lo que sucedía en el pasado, hayan afectado más al ingreso del 30 % más rico de la población que a los más pobres, según cifras del BCE, lo que en términos de la demanda agregada (lo que demandamos en el país, visto en su conjunto) es mucho mejor que lo producido por los tradicionales “paquetazos” que subían el precio de los bienes más básicos, afectando, por tanto, a la gran mayoría de la población.

La presión tributaria[1] en Ecuador (en promedio de las menores de la región) puede incrementarse como una forma de apuntalar los ingresos que recibe el estado, con la obvia consideración de priorizar los tributos progresivos (quien más percibe, más contribuye). La lucha en contra de la evasión tributaria es también fundamental para tal propósito (hace unos días se desmanteló una red de defraudación tributaria, por ejemplo, cuya actividad perjudicó al estado con más de $200 millones solo en impuestos).

Dinamizar la economía

Algo notorio en la última década fue que el estado pudo reivindicarse como un actor fundamental para el desempeño económico del país, alejándose del fundamentalismo neoliberal de fines de los ochenta y prácticamente de todos los noventa, cuyos resultados fueron notablemente mediocres.

Reconociendo entonces el rol que puede jugar el estado, es importante mantener una porción adecuada del presupuesto nacional destinada a educación, investigación e innovación, con el fin de generar sinergias con el sector privado, de contribuir en el incremento de la productividad y de superar, poco a poco, la dependencia tecnológica y cognitiva. La inversión pública en infraestructura debe orientarse ahora, una vez que se han erigido hidroeléctricas, carreteras, etc., a obras que dinamicen al débil sector agrícola nacional y contribuyan con la pequeña y mediana empresa, considerables generadoras de empleo.

Adicionalmente, el apoyo al emprendimiento y a la economía popular y solidaria debe ser prioritario, estableciendo normativas que permitan a estos sectores acceder a créditos más baratos, cosa que la banca privada hoy en día no facilita; profundizando la articulación entre la academia, el estado y las organizaciones e incrementando el rol de acompañamiento y apoyo del estado a este sector.

Para finalizar, es importante resaltar la necesidad de que el nuevo gobierno no retroceda en las medidas adoptadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana para fortalecer la institucionalidad del estado, que profundice la lucha contra la corrupción y que no ceda a las presiones internas y externas para que su agenda responda a intereses privados y no a los intereses colectivos. Esto, evidentemente, trasciende al ámbito exclusivo de la economía y otorga un papel preponderante a la configuración de las relaciones de poder y al compromiso real del gobierno con el desarrollo nacional.

De hecho, durante el reciente debate nacional en cuanto a la Ley de Reactivación Económica propuesta por el Ejecutivo, estas tensiones quedaron en evidencia: por un lado, varios grupos políticos y cierta parte del sector productivo presionando por eliminar “los rezagos ideológicos del régimen anterior”, en palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Quito; mientras que colectivos sociales y un grupo de Asambleístas, en su mayoría afines al expresidente Correa, enfatizaron que dicho cuerpo legal hacía demasiadas e innecesarias concesiones a grupos particulares como el de la banca privada.

La Asamblea Nacional aprobó inicialmente la mencionada Ley con un 65 % de cambios respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo, a lo que este último respondió vetándola de manera parcial. La Asamblea, finalmente, y de forma bastante predecible, se allanó a casi la totalidad del veto presidencial. Quizá los puntos más controversiales en los que la Asamblea cedió fueron los referentes a la posibilidad de concesionar el servicio de información crediticia desde la Superintendencia de Bancos a un tercero (posibilidad exigida por la Embajada de los Estados Unidos en una carta, días atrás) y el traspaso del control sobre el dinero electrónico (medio de pago electrónico alternativo) del Banco Central a la banca privada, que en efectos prácticos en realidad elimina al “efectivo desde mi celular”, como se denominó al proyecto hasta ahora, y concede nuevamente a la banca privada la exclusividad sobre las transacciones en medios electrónicos de pago.

Tales eventos parecen ir retirando poco a poco el velo de incertidumbre que existe en cuanto a la ruta trazada por el actual gobierno para el manejo de la economía nacional en los poco más de tres años que le restan, pues si bien la línea seguida por su equipo económico -hasta ahora- no había diferido sustancialmente a la del gobierno pasado, la postura adoptada por el presidente Moreno en cuanto a mencionada ley deja muy en claro que se ha marcado ya un punto de inflexión.

[1] Porcentaje del PIB que representa la recaudación de impuestos