La “justicia” controlada por el régimen de Emmanuel Macron sentenció a Jean-Luc Mélenchon a tres meses de prisión con suspensión de pena y a una multa de ocho mil euros bajo el cargo de rebelión. Lo que hace del tribuno francés un “rebelde oficial”, reconocido como tal por el mismo régimen en deriva autoritaria que pretendía acallarlo.

Se trata de un caso flagrante de Lawfare-de uso de la Justicia con fines políticos-, como ya el diputado por Marsella y presidente del Grupo Parlamentario de La Francia Insumisa (LFI), lo había demostrado durante los alegatos de su defensa en la audiencia preliminar.

En resumen, se ha confirmado el caso de un juicio político iniciado por una Fiscalía (Procureurs du Parquet) que recibió órdenes directas de la Sra. Nicole Belloubet, ministra de la Justicia del presidente Macron, y que los jueces del Magisterio independiente (Juges du Siège) no se atrevieron a contrariar, pronunciando una sentencia por el delito de rebelión.

Mélenchon fue condenado porque durante el allanamiento practicado un año antes al local de La Francia Insumisa, les gritó a los policías que le impedían entrar al recinto, que él era intocable al ser representante de la República y que su derecho más elemental como máximo dirigente de la LFI era estar presente durante el allanamiento de su propia sede del movimiento político de oposición.

La pena pronunciada no contempla una pena de inelegibilidad, que, en toda lógica debiera acompañar el castigo de un delito grave como el de rebelión contra la autoridad constituida. Esto muestra que ni los mismos acusadores, ni los jueces, creen que el comportamiento del diputado pueda ser interpretado como una verdadera rebelión, pues en tal caso el diputado no sería digno de ser reelecto.

Pero había que condenarlo, junto a otros compañeros de la LFI que protestaron abiertamente por la prepotencia policial, incluyendo a una asistente cuya acusadora principal (una funcionaria policial), ante la prueba filmada, se vio obligada a reconocer en la audiencia que no había sido molestada físicamente como lo pretendía. Había que condenarlos porque el régimen no puede darse el lujo de admitir una derrota judicial, y para ello, recurrieron incluso a la amenaza hacia los jueces por parte de algunos policías no identificados.

Los condenados no van a apelar, precisamente para no dar lugar a que el show político-mediático continúe y les consuma energías que prefieren destinar a acompañar el formidable movimiento social de convergencia de luchas contra el macronismo que el pueblo francés está desplegando en estos momentos con una generalización de huelgas y bloqueos en todo el país. El terreno donde se da la lucha lo escogen los luchadores, no los expertos en desestabilización política y en destrucción de reputaciones de líderes opositores que pululan en los ministerios y en el mismo palacio presidencial.

El efecto global de toda esta maquinación judicial contra Jean-LucMélenchon se ha vuelto hoy contra los detentores del poder, pues la gran mayoría rebelde que está hoy en las calles solidarizan abiertamente con la actitud rebeldemente asumida del tribuno francés, porque las gentes ya saben por experiencia propia lo que se puede esperar de una policía que los ataca cotidianamente con gases lacrimógenos, carros lanza-agua, tiros de escopeta que provocan pérdidas de ojos y manos, y de una justicia que los encarcela por miles.