Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de las clases medias. 

En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura”.

Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal.

Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la inversión extranjera”. No puede una administración hablar de beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán grandes daños medioambientales.

El debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2.108. Los rumores de la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender las actividades de la agencia petrolera. 

A pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo permiten- explotar el petróleo y gas mediante el fracking. 

A esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el departamento de Boyacá. Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de “conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.     

El conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene haciendo exploración de petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca.

A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia las consecuencias serían catastróficas para una población que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios sísmicos y la deforestación. 

En contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las denuncias de los habitantes de la región.  

En primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso. La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública. La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas, pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.

Como lo ha manifestado la organización No al fracking en Colombia, esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, lo cual se ha evidenciado en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita una adecuada distribución del agua en el país. Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa en beneficio de los negocios privados cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza. Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más emblemáticos es la puja que se da entre la comunidad indígena U’wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este resguardo ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas. Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que progresivamente han recibido atención por parte de los medios de comunicación.

El reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político. La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia.