Con la Asamblea Nacional Constituyente está en debate el modelo de sociedad. Dentro de él, la economía ocupa un lugar medular: el pan de cada día es necesario para lo demás, salvo en momento de excepcionalidad política, que, se sabe, no son eternos. Ese pan puede ser garantizado por un privado, por el Estado, por una comunidad organizada, o por una alianza entre partes. Parece ser un consenso dentro del chavismo para este momento y los años próximos que vendrán.

Dentro de ese posible consenso existen debates. Uno de ellos tiene que ver con lo estatal. El punto de acuerdo es que su intervención es necesaria, y ciertas ramas de la economía deben estar bajo su control. Sería necesario determinar cuáles, según los objetivos para la etapa que atravesamos y en la perspectiva de transición al socialismo. Sin embargo, la discusión suele presentarse con dificultad para hacer balances de los dieciocho años de intentos, ensayos, planes ya ejecutados. ¿Qué se pudo y qué no? ¿Por qué?

El asunto parece pendiente. La derecha lo salda de la manera que necesita para construir su sentido común neoliberal: el Estado es ineficiente, el privado en cambio sí sabe gestionar. La argumentación para revertir esa matriz se centra sobre todo en desmontar el mito del gran empresariado eficiente y popular, demostrar las mafias y el parasitismo que ha mantenido con las divisas estatales. Pero en cuanto al Estado como tal: ¿qué sucede con la producción bajo su control, con las empresas que se expropiaron, compraron, fundaron, con los planes de desarrollo agrícolas, los objetivos trazados? Ahí parece estar la zona compleja, que, al abordarse poco, dificulta el debate sobre el modelo, posibles medidas centrales a tomar en este país bajo guerra, donde el Estado debe tener un papel vertebral.

Particularizar la discusión puede reducir su alcance, llevarlo a detalles que no son el punto que acá se busca. Hacerlo en abstracto puede quitarle fuerza a la argumentación. A modo de equilibrio imposible voy a poner una experiencia reciente: el debate con obreros del Central Azucarero Ezequiel Zamora, y con productores agrícolas en el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino, ambos en Barinas, de propiedad estatal. La conclusión a la que se llega es que los proyectos estuvieron bien planteados según las capacidades del territorio, los mercados de compra y venta, y sin embargo no lograron desarrollarse. Funcionan en un porcentaje de producción inferior de lo que podrían según su capacidad instalada, que no es tampoco la que debía ser definitiva, ya que tenían, según el plan, que ampliarse.

¿Qué sucedió entonces? ¿Qué razones impidieron el desenvolvimiento de esas empresas? No se trata en estos casos, como sí sucedió en otros, de compras de empresas que estaban por ser quebradas por sus dueños, con maquinaria obsoleta y mercados cerrados. Las respuestas entonces son varias, pero se concentran en un punto: la corrupción, es decir el mal manejo de los fondos, la utilización de lo público para beneficio personal/familiar, como, por ejemplo, dinero que llegó y no fue invertido, ganado y maquinarias vendidas ilegalmente ‒el universo de la corrupción es mucho más amplio‒: evasión de impuestos, cuentas en paraísos fiscales, sobrefacturaciones y un etcétera en el cual los grandes empresarios son expertos.

Se trata de un tema de difícil abordaje, porque, en parte, es un arma con la cual la derecha ‒inmersa hasta el cuello en la corrupción‒ ataca a todos los procesos progresistas y revolucionarios. El problema es que las explicaciones que no proporcionamos son dadas por esos mismos otros. Quien, desde filas propias, aborda este asunto es, por ejemplo, Álvaro García Linera; en una entrevista reciente acuna conceptos como el de la “democratización de la micro-corrupción” y plantea la pregunta central: ¿qué hacer ante ese problema?

“Es un hecho que te corroe la moral, y la única fuerza que uno tiene cuando se viene de abajo es su fuerza moral (…) Si te vuelves tolerante pierdes tu fuerza moral (…) Si pierdes moralmente pierdes generacionalmente, la peor derrota de un revolucionario es la derrota moral, puedes perder en elecciones, perder militarmente, perder la vida, pero sigue en pie tu principio, tu credibilidad, cuando pierdes la moral ya no te levantas”. Explica, con el énfasis puesto en la dimensión moral, y la necesidad de identificar a los responsables, juzgar, golpearse a sí mismo.

Ese impacto moral es evidente. En particular por la impunidad que generalmente ha existido ante estas situaciones. Podrían pensarse varias hipótesis para explicar que se haya aplicado centralmente la lógica de sancionar con apartar del cargo ‒a veces para ir a un puesto de igual importancia‒ y no la de enjuiciar: la cultura política, la correlación de fuerzas, la falta de seguimiento que permitan conducir los casos a la justicia. Seguramente existan más explicaciones. La falta de castigo a los responsables afecta a obreros, productores agrícolas, habitantes de la zona, del país, a la batalla de ideas de la revolución, su construcción de sentido común.

Existe otra dimensión además de la moral: la económica. Pongamos un caso que aparece sistemáticamente en cada comuna, territorio agrícola: Agropatria, la empresa estatal que debe suministrar insumos para la producción. Todas las descripciones señalan que la empresa no suele tener los insumos necesarios, y esos mismos insumos son revendidos por redes de bachaqueros. Las investigaciones conducen a la complicidad entre personas de la empresa y revendedores. La ganancia para los corruptos y las mafias es grande, el peso para los productores también: sus costos de producción se elevan, sus ganancias disminuyen, los precios ‒con beneficios extraordinarios para los intermediarios‒ aumentan, la capacidad adquisitiva se ve golpeada, la guerra se agudiza para los sectores populares.

Debatir las causas de la situación de la economía estatal es clave para abordar el modelo y las medidas necesarias, inmediatas y estratégicas. La hipótesis es que el problema no es el modelo ‒como señala la derecha‒ sino que no se logró desarrollar como previsto en la estrategia. Eso se debe, en parte, por la corrupción que ha frenado, a veces quebrado, iniciativas claves. Lo señaló Nicolás Maduro en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente: “Lo nuevo no termina de nacer, y a veces se echa a morir por culpa de la burocracia y la corrupción. Y lo viejo no termina de morir, y a veces se viene con un puñal a matar lo nuevo”. La corrupción en la esfera estatal no es obra del chavismo sino parte endémica de la formación económica, política y estatal petrolera, un lubricante constitutivo del capitalismo. No es un problema nuevo, ni se resuelve con una estocada mágica.

Han existido varios arrestos en las últimas semanas: en el Ministerio Público, en Pdvsa, en el Hospital de Valencia, y Maduro ha pedido retomar la investigación de Cadivi. Si se le suma también el caso, por ejemplo, de Pequiven, a principios de año, el resultado es que el problema afecta áreas claves del Estado para el desarrollo económico, y que existen responsabilidades en altas esferas. Las capacidades para enfrentar los ataques de guerra serían de otra magnitud con una estatalidad con capacidad productiva consolidada, una justicia en las zonas donde la corrupción se ha instalado y coincide con los planes de quienes conducen la estrategia contra Venezuela. Una coincidencia que puede explicarse por la acción de los factores de guerra para generar corrupción en áreas y territorios geográficos estratégicos.

Esto último ubica la corrupción dentro del problema mayor actual: el plan de recuperación del poder económico por parte del bloque golpista, dirigido desde Estados Unidos. Las desviaciones de fondos/complicidades de frontera/falta de seguimiento/saboteo, tienen por objetivo ‒para quienes dirigen la guerra‒ engranarse en la paralización de la economía para asfixiar a la población. Pero cumplen también otro objetivo, el de descomponer el tejido social, romper las solidaridades populares. Se ha visto en los últimos tiempos cómo la corrupción ha ido en ascenso en el espacio público cotidiano, en lo pequeño, una “democratización de la microcorrupción” ‒analizada por García Linera‒ pero ya no solamente en el Estado sino también en la sociedad.

Es central ejercer la justicia, aplicar el peso del Estado sobre el mismo Estado, sobre los grandes privados, empezar de arriba, desde dentro, para llegar aguas abajo ‒lo popular no es sinónimo automático de inocencia‒. Es necesario hacerlo para aplicar las medidas tomadas, impulsar la fuerza económica propia que puede desarrollar el Estado ‒que se da de manera exitosa en algunas experiencias‒, acompañar el desarrollo social/comunal, establecer acuerdos con el sector privado que se cumplan y no terminen siendo una fuente de enriquecimiento ilegal.

Necesitamos debatir el Estado, su potencia y sus fallas, balancear lo hecho, corregirlo en nuestra estrategia, ponerles nombre a los responsables de los robos y enjuiciarlos, y no volver a crear las mismas estructuras que no se sostienen por sus lógicas de funcionamiento, faltas de seguimiento y castigo. De lo contrario se puede correr el riesgo de repetir errores, no lograr construir soluciones necesarias en este cuadro de guerra, y mantener una cultura de impunidad que, se sabe, genera más impunidad.