La lucha contra la corrupción en Ecuador es una estrategia política promovida por las elites económicas para ignorar los factores estructurales que permiten el flujo ilícito de capitales, verdadero problema del país y la región.

La corrupción no es el mayor problema del Ecuador. Sin embargo, en los primeros 100 días de gobierno, el presidente Lenín Moreno se ha dedicado a combatirla. Su lucha hace eco a empresarios, turbas enardecidas, medios de comunicación y oposición partidista, que consideran a la corrupción como causante de todos los males. Mientras tanto se ignoran afectaciones financieras mucho más cuantiosas para el país.
 
El ‘detonante’ fue el escándalo político del caso Odebrecht y Petroecuador, con relación al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y exfuncionarios del gobierno correista. Moreno llegó a culparlo todo a la administración de su antecesor, acusándolos de “mafiosos”. Su respuesta fue instalar un Frente Anticorrupción y desatar una cruzada por toda la función pública. Pero, ¿esta lucha es justificable o es solo demagogia?
 
Según el Procurador General del Ecuador, Diego García, se estima que más de 50 millones de dólares se entregaron en coimas en el Caso Odebrecht -la empresa brasileña acepta que fueron 33.5 millones-. El alto monto ha desatado publicaciones, marchas y es el estandarte que justifica la agenda anticorrupción.
 
Sin embargo, la cifra es ínfima comparada con los 400 millones de dólares que pierde aproximadamente el Ecuador por evasión de impuestos cada año. “Desde el 2000 hasta marzo de 2016 cerca de 4.500 millones ha dejado de percibir el Estado”, afirmó el titular del Colegio de Economistas de Pichincha. Es así que mientras los millones de Odebrecht duelen e indignan a los ecuatorianos, los miles de millones en ilícitos tributarios son ignorados.
 
Entre 2012 y 2016, los 200 grupos económicos más grandes del Ecuador sacaron al exterior aproximadamente 49 mil millones e introdujeron 35 mil millones. Una diferencia de 14 mil millones, equivalente al 14% del Producto Interno Bruto (PBI) o aproximadamente el 50% del presupuesto general del Estado ecuatoriano para 2018. Dinero que se quedó en guaridas fiscales, afectando a la recaudación tributaria y el desarrollo del país.
 
Esto quiere decir que existen problemas mucho más grandes que afectan a los bolsillos de los ecuatorianos. Y aunque debe existir cero-tolerancia contra la corrupción a todos los niveles del Estado y sin importar la cifra, esta no es el problema. Simplemente es un subproducto de falencias estructurales causadas por el capitalismo y la liberalización del mercado financiero internacional.
 
Lo irónico es que, como dice el economista Juan Valerdi, “los que luchan contra la corrupción son amigos de los que hacen las operaciones”.  En una economía neoliberal al  desregularizar el mercado y reduce el tamaño del Estado, la misma fiscalización y control para ‘luchar’ contra la corrupción serían imposibles. Para entender esto es importante recordar la crisis del 2008 y cómo el lobbying (corrupción legalizada) causó el debacle financiero.
 
Además como explica Anja Rohwer, del Instituto para Investigación Económica de la Universidad de Munich, la corrupción es “una variable que no puede ser medida directamente” y esto, según economistas de Harvard y el Massachusets Institute of Technology (MIT), representa un problema empírico ya que cómo cuantificar el problema de algo que por definición está oculto y no se puede ‘medir’. Esto no significa que se debe justificar o ignorar la corrupción pero si buscar la fuente del problema.
 
Inclusive en términos globales la corrupción no representa la mayor afectación. Según un reporte de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, el 63% del total de flujos ilícitos globales son generados por grandes bancos, transnacionales y elites económicas, el 37% por todo tipo de criminalidad, y solo el 3% corresponde a la corrupción gubernamental. Estos flujos financieros ilícitos (FFI) se entienden como movimientos de dinero entre países que han sido ganados, transferidos o utilizados de manera ilegal.
 
Para el economista Dev Kar, los FFI son las razones que verdaderamente afectan a los países en desarrollo. En un reporte de Global Financial Integrity se estima que Ecuador entre 2004 y 2013 ha perdido aproximadamente 25 mil millones de dólares en facturación fraudulenta.  Es decir que el 98% de los FFI responden a la sub y sobrefacturación en aduanas. Y en 2017 para la región estos representan aproximadamente un 87%.
 
Algo que el mismo Moreno entiende ya que en la primera reunión del Plenario del G77+China afirmó que "la evasión tributaria internacional es un problema que afecta mucho más a los países en desarrollo. Cada dólar que se pierde por la evasión fiscal representa menos recursos para financiar el desarrollo”. Entonces, ¿dónde están los ‘frentes’ anti evasión de impuestos o anti salida ilegal de capitales?
 
El silencio de los medios de comunicación y políticos de ‘oposición’ es la respuesta. El discurso anticorrupción entonces no es una verdadera lucha para detener la corrupción, sino un arma política. A través de esta se ignora el rol del empresariado y las estructuras legales e ilegales que permiten el flujo ilícito de capital, manipulando así a la población.
 
Tan absurda es la situación que los voceros ‘anticorrupción’ son empresarios/políticos como Guillermo Lasso, excandidato a la presidencia del Ecuador, o las Cámaras empresariales y gremios del sector privado, que regularmente realizan fugas de capitales y al momento adeudan al Servicio de Rentas Internas casi 2.200 millones de dólares.
 
Es así que el discurso ‘anticorrupción’ se convierte en el ‘chivo expiatorio’ perfecto para desviar la atención a  las falencias del sistema del que ellos se benefician. Una idea que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, resume al advertir que la corrupción es la razón por la que “en muchos países la gente se va a dormir con hambre”. La fuga de capitales, impunidad al empresariado, inequidad estructural y explotación no tienen nada que ver. Los culpables son el Estado y la función pública.
 
Como lo explica Dan Hough, Director del Centro para el Estudio de la Corrupción en la Universidad de Sussex, esto genera un problema ya que la percepción común relaciona a la corrupción solo con el sector público.
 
En la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) define un acto de corrupción como aquel relacionado con la función pública. Una lógica influenciada por el neoliberalismo. Al colocar toda la culpa de la corrupción en el sector público se ignora activamente el rol que cumple el sector privado. El resultado es satanizar al Estado, con el fin de reducirlo.
 
A su vez las empresas privadas y los empresarios como voceros de la ‘anticorrupción’ brindan una imagen contrapuesta de transparencia. Esto se maneja discursivamente a que la conclusión ‘lógica’ sea privatizar al Estado y que este sea manejado por los empresarios. Cumpliendo así con cabalidad uno de los diez postulados del Consenso de Washington y su revisión posterior, receta del neoliberalismo para el ‘tercer’ mundo.
 
Este trato diferenciado puede observarse en el caso Odebrecht en Ecuador. Mientras que el vicepresidente Jorge Glas, cumple prisión preventiva por supuesta asociación ilícita; a Juan Pablo Eljuri, empresario de los grupos económicos más grandes de Ecuador, investigado por supuesta captación ilegal de dinero en el mismo caso, se le retiró la orden de prisión y soltó con libertad condicional.
 
En Brasil algo similar sucedió en el caso Lava Jato. El ex presidente de la empresa pública Eletronuclear recibió 43 años de prisión. Mientras que los empresarios involucrados tendrán que cumplir penas de entre seis a 20 años. A su vez esto lleva a la posterior politización de la justicia.
 
En Ecuador, la denuncia del involucramiento de Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en el caso Odebrecht se trató de manera superficial en el ámbito judicial y mediático. A pesar de que según Diario O’Globo de Brasil la multinacional “habría pagado a algunas autoridades” para ganar la licitación de la construcción del Metro de Quito, habría un sobreprecio en la obra y viajes no justificados del burgomaestre; nadie dijo nada. Para los involucrados su ventaja fue no pertenecer al partido oficialista de Alianza País.
 
Estas acciones demuestran los fines de la lucha anticorrupción, que termina siendo una estrategia política para deslegitimar gobiernos, realizar golpes de Estado ‘legales’ (Brasil), y promover el neoliberalismo en la región. Su último objetivo: privatizar lo público y corporativizar al Estado. Mientras tanto, la fuga ilegal de capitales termina en alguna de las 87 guaridas fiscales evadiendo el pago justo de su carga impositiva y obviada de la discusión en la esfera pública.
 
Si la lucha es honesta, debe empezar por ahí, en aquellas estructuras que permiten y promueven la corrupción. En otras palabras, al ‘tomar al toro por los cuernos’ se evitarían figuras ambiguas como frentes anticorrupción y más demagogia. Una lucha real implicaría una fuerte reforma aduanera, políticas de cero-tolerancia a la evasión fiscal y la salida ilegal de capitales y fiscalización constante de los grupos económicos que más deberían reportar.