Siempre supimos que Lenín Moreno era un personaje que tendía más al centro y que estaba dispuesto a “dialogar” con actores diametralmente opuestos al proyecto progresista de la Revolución Ciudadana. Lo que jamás esperamos era que su gestión fuera a enfocarse en el desmantelamiento de los principios básicos de la democracia. Tras 15 meses de su gobierno, en Ecuador, ya no solo vivimos un ajuste neoliberal con un pobre maquillaje progresista, sino un desmantelamiento frontal del Estado de derecho. 

En la actualidad, no existe ninguna función del Estado cuyas autoridades no hayan sido cesadas o encargadas, mediante procesos que transgreden los marcos de legalidad establecidos. Las funciones electoral y judicial cuentan con autoridades “encargadas”, cuya designación no ha cumplido los mínimos previstos en la Constitución y la normativa vigente. Asimismo, la legitimidad de quienes hoy por hoy ocupan la Presidencia de la Asamblea Nacional y la Vicepresidencia de la República no está exenta de reparos. Mientras que la Función de Transparencia y Control Social ha sido supeditada a un órgano transitorio que se ha extralimitado en el ejercicio de las funciones que le fueron conferidas vía mandato popular. ¿Puede una democracia funcionar cuando todas sus instituciones están subordinadas a figuras cuya legalidad está en disputa?

El acto más claro de alteración del orden constitucional fue el llamado a consulta popular sin dictamen previo de la Corte Constitucional. Por decreto y enterrando cualquier ápice de legitimidad, Moreno violó el principio de supremacía constitucional y abrió la puerta a la desinstitucionalización del país. La consulta popular dio paso a la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t) con la potestad de evaluar y cesar en funciones a todas las autoridades nombradas por sus antecesores, así como de designar a sus remplazos a través de concursos de méritos y oposición. Siempre advertimos que esto podría tener consecuencias nefastas para la separación de poderes y que, de haber existido, no hubiera resistido el más mínimo control constitucional. A tan solo seis meses de haberse posicionado, nuestras advertencias se han vuelto realidad, los miembros del CPCCS-t se han extralimitado en sus funciones y han actuado con altos márgenes de discrecionalidad, atentando con la independencia de funciones. 

El ejemplo más claro de ello es la decisión de cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional y dejar dichos cargos vacantes. Sin duda, el CPCCS-t excedió los límites de su encargo al tomar esta resolución, pues la Constitución prevé expresamente otros canales para destituir a dichos magistrados, a fin de preservar la independencia absoluta de este órgano. No obstante, los transitorios han sostenido en repetidas ocasiones que su mandato tiene rango constitucional e incluso lo excede. Estas pretensiones generan un quiebre institucional que no solo podría acarrear demandas de nulidad a todos los fallos de la Corte, sino que paraliza al máximo órgano de control constitucional durante dos meses. Por otro lado, incluso en cuanto a la organismos que si les correspondía evaluar, existen varias sospechas sobre la falta de rigor técnico y la imparcialidad del CPCCS-t. Las múltiples inobservancias a la garantía del debido proceso podrían acarrear en denuncias contra el Estado ecuatoriano en instancias internacionales, que seguramente nos obligarán a pagar indemnizaciones millonarias.

Además, en lugar de atenerse a los procedimientos constitucionales y legales para la designación de las nuevas autoridades, el Consejo transitorio ha normalizado la figura del “encargo” vía resolución, lo cual atenta contra el sistema jerárquico de normas jurídicas y tiñe la institucionalidad de un carácter temporal. En la actualidad existen 12 autoridades que cumplen su mandato tan solo con la venia del órgano transitorio, sin haber pasado por los concursos de méritos y oposición pertinentes. Tal es el caso del Fiscal General, los miembros del Consejo de la Judicatura y los vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otros. La discrecionalidad y la falta del cumplimiento de los procedimientos establecidos no solo comprometen el desempeño de la máximas autoridades de los órganos mencionados, sino que corro en todos los niveles de la institucionalidad.

En el caso de la Función Judicial es incuestionable que los procesos que nacen de un aparataje tan condicionado no pueden cumplir con los mínimos requisitos de imparcialidad. Las vías judiciales se vuelven entonces canales idóneos para la persecución política. Paradójicamente, los órganos que no están sujetos a elección popular –y que en este caso dependen del beneplácito de autoridades transitorias– son los que acaban proscribiendo las vías democráticas de la oposición. Asimismo, la arbitrariedad en la conformación del Consejo Nacional Electoral encargado pone en riesgo los comicios del próximo año, donde se eligen 5.670 autoridades. En definitiva, la judicialización de la política y el secuestro de las instituciones clausuran la vía democrática en el Ecuador de Moreno.

El régimen que ofreció “pacificar” al país y suprimir “populismos” ha allanado el camino para aniquilar la institucionalidad democrática liberal. Es así que, en una nota macondiana, hoy contamos con un Contralor subrongante -que fue grabado cuando entraba en cólera y hacía añicos la carta formal donde se le notificaba que había sido destituido-, para días después ser ratificado por la simple declaración de una ministra, cuya Cartera de Estado ya ni siquiera existe. A esto se suma que tanto la Vicepresidencia de la República como la Presidencia de la Asamblea Nacional han sido adjudicadas sin mayor respeto a la norma. En el primer caso se abusó de un proceso penal carente de garantías para aplicar medidas cautelares desproporcionadas y alegar abandono del cargo; mientras en el segundo, se procedió sin causal de destitución y se evadieron los mecanismos para la designación del reemplazo. Estos ejemplos corresponden a las más de 40 autoridades que han sido cesadas en Ecuador, en lo que va de este periodo.  

Las inconsistencias en los procesos de salida y designación de tantas  autoridades pervierten la institucionalidad democrática. No solo se vulneran los derechos de quienes en su momento ostentaron los cargos, sino que se condiciona el ejercicio del poder público a repartos políticos, en lugar de al Estado de derecho. Cuando la seguridad jurídica se diluye nadie está a salvo. Nos costó 10 años reconstruir el Estado y generar canales institucionales adecuados para garantizar derechos. Frente a ello, resulta casi inverosímil que sea el gobierno del “diálogo” el que clausure transitoriamente las vías democráticas.