La repostulación de Evo Morales se sigue discutiendo en Bolivia. Recientemente, asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) y dos asambleístas de Unidad Demócrata ––partido opositor al gobierno– ,  presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, en busca de compatibilizar la normativa boliviana con la internacional, específicamente con el Convenio Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). La acción presentada pretende la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 52 numeral III, 64 inciso d), 65 inciso b), 72 inciso b) de la Ley Electoral 026 y la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 numeral III y 288 de la Constitución Política del Estado porque estarían en contraposición a los derechos políticos que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El CIDH, en su artículo 23, establece que los Derechos Políticos de los ciudadanos son elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones; la limitación de estos derechos debe basarse exclusivamente en razones de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal” y, además, establece que se deben garantizar las elecciones periódicas que aseguren la libre expresión de la voluntad de los electores. Los asambleístas que presentaron la acción consideran que el artículo 23 del CIDH, al no especificar el número de mandatos como un límite al derecho de elegir o ser elegido, amplía los derechos políticos de elegir y ser elegido.

Así pues, en aplicación del artículo 256 numeral I de la Constitución Boliviana –que instruye que la normativa internacional debe ser preferente en caso de declarar derechos más favorables–, el CIDH debe primar ante la normativa boliviana, porque de esa forma se garantizará la libre expresión de la voluntad de los electores. De ser procedente la acción, presentada por los asambleístas, serán inaplicables los artículos de la Constitución que limitan el número de mandatos. También se declarará la inconstitucionalidad parcial de la Ley Electoral 026 y el derecho político de ser repostulado no sólo alcanzará al poder ejecutivo, sino también a los prefectos, asambleístas, alcaldes y concejales.

Sin embargo, la oposición no ha dado tregua desde la presentación de la acción. Considera que el fin de esta acción es meramente una estrategia que sólo favorecerá a Morales y que su único objetivo es su permanencia en el gobierno. Las críticas se fundamentan en la concepción de alternancia como sinónimo de democracia; además, acusan a la bancada del MAS de desconocer el resultado del referendo realizado en febrero de 2016, en el que el 51% de los votantes dijo No a la posibilidad de modificar el artículo 168 de la Constitución Política, para que los cargos de presidente y vicepresidente pudiesen ser repostulados dos veces de manera continua.

Pero la compatibilidad jurídica con el CIDH no es el único factor que avala la posibilidad de Morales y Linera de presentarse como fórmula del MAS para las próximas elecciones, sino también la consolidación –durante su gobierno– de cambios estructurales económicos y simbólicos que sugieren amplios avances democráticos en el país. Dichos cambios van más allá de la alternancia en el poder y son visibles en el empoderamiento de una serie de grupos poblacionales previamente excluidos, hoy en procesos de reconocimiento simbólico de subjetividades que nunca –antes del proceso boliviano– fueron visibilizadas. El resultado fue el cambio en la representación donde obreros, campesinos y, en especial, indígenas fueron ocupando espacios de poder, en los que progresivamente se comenzaron a entender como parte de un Estado Plurinacional, con amplias capacidades en los procesos de toma de decisiones y de movilidad social[1].

La ocupación institucional, simbólica y política de las bases sociales, que García Linera (2009) define como “indígenas y plebeyas”, supuso su tránsito a ser parte de dinámicas de movilidad social, que no solo fueron producto de un proceso político, sino también de un vuelco en la política económica. La democratización y nacionalización de las riquezas naturales cambió el tutelaje semicolonial que mantenía Estados Unidos hasta el 2005 –cuando el gas y el petróleo boliviano eran extraídos por las transnacionales obteniendo 80% de ganancias para las empresas y 20% para el Estado–. Con la nacionalización, el 80% se orientó a la construcción de un Estado de Bienestar, con el objetivo de justicia social, y el 20% restante quedó en manos de transnacionales. Este ejercicio se consolidó, además, con una plena reducción de la dependencia del dólar y un “saneamiento” de la economía de prácticas estructurales y arraigadas históricamente que hacían más dependiente al país, como señala Lujano (2017)[2]; “la política fiscal se dirigió a primar las relaciones en la moneda nacional, y desincentivar vía impuestos las transacciones en dólares estadounidenses”.

La puesta en marcha de la nacionalización de los recursos naturales –durante dos décadas transferidos a empresas transnacionales– y la implementación de una política redistributiva con atención a los sectores más vulnerables, resignificaron una adopción realista del enfoque del ‘buen vivir’. Incluso en períodos donde la desaceleración económica ha generado importantes fracturas al interior de los Estados, “Bolivia sale airoso sin procesos inflacionarios ni atisbos de escasez o dificultades de acceso a alimentos o productos básicos, vinculados al autoabastecimiento soberano de alimentos y de ordenamiento de las cadenas productivas”, según indican, Calderón y Ampuero [3].

Los avances indiscutibles en materia democrática, de movilidad social de los sectores más vulnerables y los procesos simbólicos de empoderamiento social de los movimientos indígenas, ciudadanos y obreros representan, sin lugar a dudas, los resultados de la revolución boliviana tras once años bajo el liderazgo de Evo Morales y el coliderazgo de Álvaro García Linera; quienes han sabido traducir la identidad cultural en capital político para construir un proyecto común y por ello constan de la suficiente legitimidad para tender puentes entre los sectores sindicales y los más indigenistas –a veces divergentes–  que, a pesar de las diferencias, han de prevalecer unidos frente a las castas blancas que los cuestionan desde la perspectiva colonial, reclamando la vuelta al pasado de dominación, política, cultural e institucional.

La legitimidad de su liderazgo al interior del país se refuerza en el exterior, especialmente, en un período en el que la derecha reconstruye su hegemonía regional usando diferentes instrumentos que van desde los golpes de Estado, hasta el transfuguismo de liderazgos que provenían del progresismo. Frente a estas nuevas formas de reposicionamiento surgen retos para los movimientos y gobiernos resistentes a la avanzada del neoliberalismo. En este sentido, Bolivia mantiene el discurso contra-hegemónico en defensa del progresismo orientado a desmontar las retóricas belicistas e intervencionistas en el territorio latinoamericano por parte de EEUU. Además, mantiene una política económica exitosa, contraria al modelo económico neoliberal que conlleva desigualdad social, pobreza, dependencia, demostrando así que se pueden implementar otras políticas de desarrollo al margen de estrategias de intervención de países extranjeros, particularmente a través de la cooperación internacional.

Los cambios sustanciales que ha implementado el gobierno del MAS en los últimos once años, bajo el liderazgo de Morales, hacen indiscutible la consolidación de un sistema democrático que va más allá de la noción de democracia representativa sostenida por el neoliberalismo, en donde lejos de impulsarse la participación popular –como claramente se ha logrado en Bolivia en cuanto a la integración de las bases sociales previamente excluidas– ésta se tiende a inhibir, dando por antidemocrático todo aquello que salga de la lógica formal de la democracia representativa liberal y se inscriba en otras dinámicas de participación popular[4] (como en este caso sucede con la repostulación del presidente y del vicepresidente en las elecciones de 2019). En definitiva, la apertura a la repostulación de la fórmula Morales – García Linera a través de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad invita a pensar sobre los alcances de los procesos políticos cuando estos son verdaderamente profundos y constituyen la configuración efectiva de un sistema basado en la democratización de las relaciones sociales, frente a la articulación de concepciones liberales democráticas que cohíben estos ejercicios, basándose en formalismos (no únicos e imperativos) para la configuración de un sistema democrático.

[1] Entrevista al Diputado  por el MAS Manuel Canelas. Canal Bolivisión. Programa Hora 23: http://www.redbolivision.tv.bo/actualidad/el-debate-por-la-reeleccion-continua–38125 . Entrevista al Senador por el MAS Milton Barón. Canal ATB. Programa Anoticiando (Sucre) https://www.youtube.com/watch?v=udEwEat4Ukg . Entrevista a la diputada por el MAS Gabriela Montaño. Cadena A. https://www.youtube.com/watch?v=61IySR6XOHo . Carlos Mesa Gisberth “Camino a la Usurpación de la Soberanía Popular. Blog Personal: https://carlosdmesa.com/2017/09/25/camino-a-la-usurpacion-de-la-soberania-popular/#more-6673

[2] Lujano, C. (2017). Mejor que dolarizar bolivianizar. Disponible en http://www.celag.org/mejor-que-dolarizar-bolivianizar/

[3] Calderón, J. y Ampuero, S. (2017). La estabilidad boliviana, resistencia frente a la tempestad política. Disponible en http://www.celag.org/la-estabilidad-boliviana-resistencia-frente-la-tempestad-geopolitica/

[4] Pereyra, C. (1990). Sobre la democracia. México: Cal y Arena.