Mientras se conocen escuchas que confirman que, lejos de atender un reclamo ciudadano de combate a la corrupción, la apertura del proceso de remoción contra la presidenta Dilma Rousseff constituyó una maniobra para garantizar impunidad a sus impulsores y frenar las investigaciones, el gobierno interino de Temer reafirma su función instrumental respecto de los intereses de las corporaciones económicas nacionales y extranjeras.

Antes de cumplir dos semanas de su interinato, Temer anunció su decisión de disolver el fondo petrolero soberano de Brasil, y apoyar una ley de mayor apertura de la exploración de los yacimientos petroleros marítimos de Brasil, conocidos como pre-sal.

Los yacimientos, descubiertos durante la presidencia de Lula a partir de los esfuerzos de exploración de la estatal Petrobras, contienen reservas estimadas en hasta 80.000 millones de barriles, con potencial para convertir a Brasil en un actor relevante del mercado petrolero global.

Desde su descubrimiento, la disputa por la apropiación de esta nueva riqueza tomó un rol protagónico en la discusión política brasileña y, en 2009, articulada por Lula da Silva, se sancionó una ley estableciendo la participación obligatoria de Petrobras en cualquier acción de exploración y explotación de la riqueza petrolera del pré sal brasileño.

Asimismo, se estableció que los royalties que fuera a recibir el estado brasileño de la explotación del petróleo, serían destinados a salud y educación, al tiempo que se constituía un fondo soberano.

Este régimen fue, desde un principio, cuestionado por la oposición de derecha brasileña y por las grandes empresas petroleras trasnacionales, mayormente norteamericanas. Como revelan los cables filtrados por Wikileaks, uno de los principales intereses de la embajada estadounidense era el acceso para sus empresas a la riqueza nacional del país. Del otro lado, el actual canciller, José Serra, expresó en los mismos cables filtrados su interés en articular con las petroleras norteamericanas.

El anuncio de Temer, en momentos en que sólo se encarga del gobierno en forma interina, a la espera del resultado del proceso parlamentario contra Dilma, contraría expresamente la plataforma en la que fue elegida la fórmula que él mismo integró, y asume expresamente los planes de la oposición derrotada, reafirmando el carácter antidemocrático del procedimiento.

Como todas las derechas continentales, el gobierno de facto de Temer busca revertir el rasgo común que unificó a todos los procesos progresistas latinoamericanos en la última década; la apropiación estatal de excedentes generados por la explotación de recursos naturales con fines de redistribución social.

La propuesta de modificar la legislación, para acabar con los privilegios de Petrobras, se da en momentos en que la compañía es asediada por la presión judicial y mediática, afectando su valor bursátil y, por lo tanto, su capacidad de obtener créditos y hacer nuevas inversiones, al tiempo que daña su patrimonio, por lo que abre las puertas a justificar un eventual proceso de privatización.

Por otra parte, al tratarse de yacimientos de aguas profundas, cuya extracción requiere un proceso más caro y complejo que los yacimientos tradicionales, la concesión de los recursos en una coyuntura de precios de petróleo inusitadamente bajos implica la posibilidad de que la riqueza de los brasileños sea entregada durante décadas a cambio de precios de remate.

La apertura de la explotación petrolera, en conjunto con otras medidas, como la restricción de las pautas presupuestarias de salud y educación, muestran las razones de los mercados para sostener el que es, sin dudas, un golpe institucional.

Un presidente interino, sin legitimidad, popularidad, ni posibilidad de reelección sólo puede contar, para sostenerse, con el apoyo de los poderes fácticos.

El remate de los recursos naturales de Brasil, que difícilmente podría ser impulsado por un presidente que aspire a obtener la mayoría de los votos, se vuelve imprescindible para quien busca sostenerse por el apoyo de las empresas multinacionales y el gobierno norteamericano.