Para la instancia de cuartos de final, el ministro de justicia Sergio Moro - quien se encuentra bajo investigación por los textos y audios filtrados que revelan una complicidad inconstitucional entre el ministro (exjuez) y el fiscal principal del caso Lava Jato con el fin de encarcelar a Lula Da Silva- ya contaba con la aprobación de sus futuras vacaciones, ya que el pasado seis de julio desde la oficina presidencial le fue aprobada una licencia que lo remueve de su cargo por cinco días, para "tratar asuntos particulares" a tan solo seis meses de estar encargado del sistema judicial de Brasil.

La jornada deportiva que durante 24 días atrajo a fanáticos pudientes del fútbol latinoamericano a las calles de seis ciudades del país, matizó las últimas protestas del sector educativo en contra de las tajantes reformas que ha sufrido esta sección.

El 14 de junio, día que iniciaba el primer pitazo para que Brasil y Bolivia rodaran el balón ante el estadio de Morumbi, el presidente Bolsonaro enfrentó su primera huelga masiva, que reunió a miles, entre estudiantes, trabajadores del sector educativo, madres, padres, sindicalistas y líderes políticos cumplieron la agenda tras dos manifestaciones que se vivieron en el mes de mayo, dónde fijaron fecha para llenar las calles de los 27 estados.

La fiesta del balompié, pareció no ser lo suficientemente alegre como para evitar la represión que se vivió ese segundo viernes de junio en Sao Paulo, donde 15 estudiantes terminaron detenidos y dos trabajadores heridos, por resistirse a guardar silencio ante lo que para ellos representa un luto para la educación. El recorte de un 30% del presupuesto educativo que afecta directamente a las instituciones públicas y federales, la suspensión del sistema universitario de becas y una ferviente motivación del mandatario del país por reducir la inversión en facultades de filosofía y sociología, evidencian las políticas neoliberales del ultraderechista, quien busca aumentar los beneficios para los contribuyentes del sector privado a cambio de disminuir la calidad de vida de los sectores populares.

A la huelga general, se le sumó el contundente rechazo al proyecto de ley que modifica el tiempo de jubilación de los trabajadores, aumentando el mínimo de edad para el retiro de las labores tanto para mujeres como para hombres, las primeras pasarían de 55 años a 62 y los segundos de 60 a 65 años. Con este proyecto promovido desde el gobierno de facto de Michelle Temer y continuado por la gestión de Jair Bolsonaro, los trabajadores deberán tener como mínimo 20 años de labores para alcanzar al menos el 60% de lo recaudado durante sus años de productividad, mientras que para alcanzar el 100% deberán tener 40 años de contribución.

Una reforma que esconde los ataques directos a los derechos sociales y previsionales garantizados en la Constitución Federal para resguardar al sector obrero, y que ya ha pasado su primera fase de reconocimiento ante el congreso, con lo que podría ser la compra más escandalosa del actual gobierno, tras darse a conocer la liberación de 300 millones de dólares en enmiendas para diputados, de los cuales 116 millones fueron entregados sin autorización legislativa, lo que incurre en un delito de responsabilidad. Todo esto con el objetivo de garantizar los votos para que fuese aprobada la reforma de seguridad social; acciones que llevaron al diputado federal Iván Valente, líder del PSOL, a anunciar ante la cámara de representantes que se tomarán acciones legales contra el presidente Bolsonaro.

Con 379 votos a favor y 131 en contra, se aprobó en el parlamento una reforma esclavizante que luego de una segunda jornada de votación en la cámara de representantes deberá ir al senado para supuesto último análisis. Con un total de nueve goles de la verde amarela y una denuncia por la inocultable corrupción cerró la copa América 2019.

Nuevamente en Brasil, ganan las élites, pierde el pueblo.