Después de la larga y triste noche neoliberal de los 90 –que quebró naciones enteras como Ecuador–, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la Presidencia de la República de Venezuela, los Gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América Gobiernos populares y adscritos al Socialismo del Buen Vivir.

En su apogeo, en el 2009, de diez países latinos de América del Sur, ocho tenían Gobiernos de izquierda. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colom en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras, y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala, con Álvaro Colom, o Paraguay, con Fernando Lugo; era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder, en el último caso rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo.

En mayo del 2008 nace Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y en febrero del 2010 se crea la Celac, con 33 miembros. De los 20 países latinos de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), 14 tenían Gobiernos de izquierda, es decir, el 70 %.
La primera parte del siglo XXI sin duda han sido años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, todo esto en un ambiente de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero.

América Latina vivió no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que también modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías, y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional.

La restauración conservadora

Aunque ya en el 2002 el Gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado, es realmente desde el 2008 que se intensifican intentos no democráticos de acabar con los Gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010, y Paraguay 2012. Cuatro intentos de desestabilización, dos de ellos exitosos –Honduras y Paraguay–, y todos contra Gobiernos de izquierda.

A partir del 2014 y aprovechando el cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidan y conforman una verdadera «restauración conservadora», con coaliciones de derecha nunca vistas, apoyo internacional, ilimitados recursos, financiamiento externo, etcétera. La reacción se ha profundizado y ha perdido límites y escrúpulos. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil, y la judicialización de la política –«lawfare»–, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina en Argentina, y el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador. Los intentos para destruir Unasur y neutralizar la Celac, también son evidentes y, no pocas veces, descarados. Ni hablar de lo que está sucediendo en Mercosur. El fracaso del ALCA a principios de siglo trata de ser superado con la Alianza del Pacífico.

En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan tres Gobiernos de corte progresista: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica, y que la sumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas.

Los ejes de la estrategia de la restauración conservadora

La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente y se fundamenta básicamente en dos ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de izquierda, y la pretendida falta de fuerza moral de los Gobiernos progresistas.

Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014, debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los dos últimos años.

Los resultados son dispares entre países y subregiones, reflejo de la diferente estructura económica y políticas económicas aplicadas, pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil son tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, cuando Uruguay, con un Gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del Río Bravo, o cuando Bolivia tiene los mejores indicadores macroeconómicos del planeta.

El segundo eje de la nueva estrategia contra los Gobiernos progresistas es el moral. El tema de la corrupción se ha convertido en la eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional-populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban.

Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción.

¿La izquierda, víctima de su propio éxito?

Probablemente la izquierda es también víctima de su propio éxito. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media regional durante la última década, en su inmensa mayoría fruto de las políticas de los Gobiernos de izquierda.
En Brasil, 37,5 millones de personas dejaron de ser pobres entre el 2003 y el 2013, y ahora son de clase media, pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un Parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff.

Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora –por lo que se llama muchas veces prosperidad objetiva y pobreza subjetiva– pese a que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso, piden mucho más, y se sienten pobres no en referencia a lo que tienen, peor aún a lo que tenían, sino a lo que aspiran.

La izquierda siempre ha luchado contra corriente, al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la naturaleza humana?

El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación, en el sentido gramsciano, esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites.

Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales; se han convertido en los principales partidos de oposición de los Gobiernos progresistas; y son los verdaderos representantes del poder político empresarial y conservador.

No importa lo que convenga a las grandes mayorías, lo que se haya propuesto en la campaña electoral, y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de opinión.

¿Existe «desafío estratégico»?

La izquierda regional enfrenta los problemas de ejercer –o haber ejercido– el poder, frecuentemente de forma exitosa pero desgastante.

Es imposible gobernar contentando a todo el mundo, más aun cuando se requiere tanta justicia social.

Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos.

Los Gobiernos progresistas están bajo constante ataque, las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error, buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Por ello, tal vez el mayor «desafío estratégico» de la izquierda latinoamericana, es entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores.

Artículo publicado en Granma