Los puertorriqueños tienen el derecho a creer o no en cualquier religión y libertad de escoger su culto. El estado no puede tomar posturas, ni discriminar a nadie. Esta realidad impide que se promueva legislación que respalde a alguna religión y que ninguna reciba privilegios.

Por todo lo anterior, tampoco en nuestro ordenamiento jurídico, se puede discriminar contra otros sectores minoritarios como las personas ateas, la comunidad LGBTQI y los inmigrantes. Además, están prohibidas las ceremonias religiosas en todas las escuelas y universidades públicas del país.

Sin embargo, en Puerto Rico, todavía persiste una visión oscurantista de imponerle ideas de carácter religioso a través de del gobierno al pueblo. Esta tiene su origen histórico en la Edad Media y es fruto de la intolerancia, proveniente de los valores de la  antigua sociedad feudal. En aquellos tiempos la sociedad era controlada por la nobleza y el clero, en contra de los mejores intereses del pueblo, durante los siglos IX al XV.

Nada menos democrático que pretender convertir en ley, una filosofía de vida dogmática, que obligue a todas las personas, a actuar de la misma manera sobre su cuerpo físico. Esta es una expresión de tipo dictatorial, que se superó  con el desarrollo de una sociedad amparada en principios democráticos, desde principios del siglo XIX, en Estados Unidos.

De ahí que la humanidad trascendiera esa tendencia histórica nefasta, con leyes que protegen la libertad individual y colectiva, a través de la separación de iglesia y estado. Cada cual definirá individualmente sus propias creencias religiosas y espirituales, sin la intervención indebida de los gobiernos.

Sin embargo, esa visión anacrónica de un mundo intolerante, ha vuelto a renacer en algunos sectores religiosos, a nivel nacional e internacional, confundidos por interpretaciones de los llamados libros sagrados. Son grupos religiosos conservadores de derecha, que pretenden hacernos retroceder en la historia.

Este es el caso del Partido Dignidad en Puerto Rico, que intenta aprobar leyes de una visión religiosa particular, disfrazadas de principios comunes. De ahí, que impulsen medidas que pretenden prohibir derechos democráticos adquiridos. Todo en nombre de “Dios y el Señor de los Cielos”, según su criterio religioso y no fundamentado en la ciencia.

Por ejemplo, se impulsan limitaciones a que las mujeres puedan decidir sobre su propio  cuerpo y si pueden tener o no un aborto. Todo a base de las ideas religiosas particulares sobre la vida humana de estos sectores conservadores.  

Entonces se citan frases de las doctrinas de la Biblia, fuera de nuestro contexto histórico, que violan los derechos democráticos que garantiza esa separación de iglesia y estado. Esta disposición legal fue aprobada en Puerto Rico, desde la Constitución del Estado Libre Asociado, en el Artículo 2, Sección 3, el día 3 de marzo, de 1952.

Como estos grupos religiosos tienen gran poder económico y miles de seguidores fieles a sus creencias particulares que representan votos, algunos legisladores de los partidos que antes fueron mayoría, pretenden congraciarse ante su pérdida de credibilidad. Se crean entonces las condiciones para un junte provocado por el oportunismo politiquero, que atenta contra toda la sociedad puertorriqueña.

Sin embargo, el respaldo mayoritario al derecho al aborto y de decidir sobre nuestro propio cuerpo, tenemos que defenderlo en la legislatura y en la calle, para impedir que adelante esa agenda religiosa conservadora y anti-democrática. Que sean las propias mujeres quienes tomen la decisión de practicarse o no un aborto amparadas en la ciencia y su bienestar.