**Informe CELAG

1. El Proceso transcurrido en 8 años

Ecuador ha experimentado 8 años de cambios profundos en su sistema social y económico. Se trata de un proceso duradero que ha cerrado brechas sociales sustanciales, acompañado de un desempeño macroeconómico notable respecto a la región y el mundo. En 8 años se observa un crecimiento promedio del 4.9% en su Producto Interno Bruto1; reducción de la pobreza en 15 puntos porcentuales (lo que significa que más de un millón de personas salieron de la pobreza); disminución sustancial de la desigualdad del ingreso expresada a través del decrecimiento del índice del Gini, que pasó de 0,54 en el año 2006 a un valor de 0,47 en 2014; en el año 2006 el 10% más pobre recibía el 1,1% del ingreso, mientras que al 2013 posee el 1,6%; la inversión pública pasó del orden del 4,2% del PIB en 2006 a 14,7% en 2013; el desempleo registrado al año 2014 (3,8%) es el más bajo de las últimas década; la cobertura de la canasta básica paso de 11,6% en 2006 a 100% en 2014; y la estabilidad política ha superado record histórico: Rafael Correa es el presidente con más años consecutivos en la historia de la República acompañado de las cifras de aceptación social más altas de la región y del mundo (79% de aceptación luego de 8 años de ejercicio). Todo esto sin duda en un contexto económico regional favorable en el cual América Latina se benefició de la estabilidad de los precios de los productos internacionales pero también acompañado de una profunda crisis mundial desde el año 2008.

Estos logros, reconocidos en el Ecuador y de inquietante expectativa en la comunidad internacional (revisar Willam Black por ejemplo), han promovido una nueva sociedad. La salud, la educación, las obras de infraestructura vial y de comunicaciones, nuevas políticas laborales, incrementos sustanciales de los salarios reales, reformas tributarias de hondo calado y un gasto público pujante han logrado cambiar el balance de fuerzas sociales: los pobres participan en las decisiones y pueden vivir de una manera más digna. Este fenómeno puede ser catalogado como lo que Pierre Bourdieu, y recientemente Errejón y Serrano, han denominado el “reenclasamiento positivo” de los estratos bajos de la población. Este fenómeno político-económico significa que las grandes mayorías antes empobrecidas, ahora, viven, sienten y entienden a sus derechos cívicos, económicos y políticos de una forma distinta. Es decir, exigen y demandan mejores políticas públicas. Han entendido que hoy pueden ser partícipes de los frutos del progreso y el Estado puede y debe proveerle mejorar servicios. Este nuevo fenómeno socio-político ha sido posible gracias a la recuperación del Estado mediante una política económica consistente: recuperación de las rentas petroleras y tributarias a favor del Estado y a su vez, la democratización y aumento sustancial del gasto público hacia la población. Esta doble vertiente fiscal, transformó, en casi una década, la realidad social de Ecuador. Por primera vez un proyecto de las mayorías ha logrado superar al poder de las élites y sus recaderos: medios de comunicación y analistas económicos y políticos. La gente recuperó la esperanza en la clase política y por el contrario la derecha ha sido vencida en las urnas y en el discurso de forma contundente, no por Sabatinas o el gasto en publicidad que acusan, sino que el mantra neoliberal ha sido vencido en la praxis de la política: obras, infraestructura, educación salud, políticas soberanas y derechos sociales para las mayorías. No obstante, el proyecto no ha estado exento de tensiones internas y externas que han buscado la desestabilización sistémica.

Estas tensiones marcan un punto de inflexión en el año 2013. Antes de 2013 la derecha se encontraba desarticulada, sin un relato claro sobre su posición en la pugna política, sin un líder que catalice el cambio y con un relato anticuado respecto al nuevo momento que vivía el país. La estrategia de desprestigio seguida por los conservadores tuvo al menos tres ejes hasta el año 2013: (i) El gasto público, (ii) el Estado controlador y (iii) la libertad de prensa. El ataque al gasto público, clásica vertiente neoliberal, no hizo eco en la sociedad como ocurrió en el pasado. Las obras están a la vista, el país cambio radicalmente mediante la dotación de infraestructura y servicio a la población. Esto sepultó cualquier intento de desprestigiar el gasto público. Si a esto sumamos que el Estado es mucho más eficiente que en el pasado, y que tanto Rafael Correa como su grupo de ministros gozan de una imagen inédita de trasparencia y ética, el gasto público se ha legitimado como el gran motor de la economía y de la mejora de la calidad de vida de la población. Con esto el segundo eje de ataque (Estado controlador) fue sepultado con la misma fuerza. La nueva institucionalidad del Estado permitió garantizar derechos que antes habían sido una quimera. Después de décadas se recuperó la planificación como eje del nuevo Estado y se dio mayor prolijidad a su estructura orgánica permitiendo evitar duplicidad de funciones, clientelismo y corrupción. La sociedad se convenció que el Estado no restringe libertades ni es ineficiente, como quieren hacernos creer, sino que por el contrario brinda oportunidades a las mayorías. Finalmente el tercer eje de ataque, la libertad de prensa, ha sido el gran relato nacional e internacional contra el proyecto. En este frente han perdido varias batallas: una política de comunicación exitosa permitió democratizar las opiniones que antes pertenecían a los grandes medios y representaban sus intereses, permitiendo que hoy la ciudadanía conozca que existe una verdad diferente de la que los grandes medios de comunicación intentan dibujar con su relato. Sin embargo en este eje la disputa está aún por concretarse y es una de las razones de por qué existe una restauración conservadora importante. Desde el año 2013, la derecha logró posicionar un discurso falaz pero con la suficiente fuerza mediática para debilitar y crear desconfianza. El mensaje se posicionó sobre los impuestos, uno de los elementos más críticos a la hora de construir un pacto social y fiscal. Hacer conciencia ciudadana sobre la importancia de los impuestos y su relación directa con la equidad, la justicia y el gasto público, demanda de un gran esfuerzo didáctico y de resonancia mediática para que cale en la sociedad de una forma positiva. Esto no ha sido del todo un pilar de la comunicación del proyecto desde el año 2007 y por lo tanto, la derecha, al igual que en muchas partes de mundo, emprendió desde 2013 un ataque sistemático y punzante sobre el tema.

2. La desinformación sobre las salvaguardias: una extensión del ataque a los impuestos.

Las salvaguardias desempeñan un papel fundamental en una economía dolarizada. Durante los últimos 16 años la fuente principal de divisas ha sido las exportaciones de petróleo y las remesas de ecuatorianos en el exterior. En la actualidad, ambas han dejado de contribuir a la masa monetaria por el contexto internacional de la economía (crisis de los países europeos y el precio del petróleo).

Ecuador, como nación sin moneda, enfrenta el difícil desafío de sostener su competitividad externa sin contar con la herramienta de la devaluación. La apreciación del dólar acumula desde mediados del año pasado un incremento del 29% respecto al euro, del 19% y 10% respecto al yen japonés y al won surcoreano, y una apreciación del 41% respecto al peso colombiano y del 12% respecto al nuevo sol peruano. Estas cifras implican que los productos de empresas ecuatorianas se han encarecido en estos porcentajes respecto a los competidores importadores. Han perdido competitividad como consecuencia del efecto artificial de la apreciación del dólar. En este entorno y sin moneda que devaluar, es absolutamente indispensable proteger nuestras empresas y existe un vasto consenso de que es muy inconveniente que una situación transitoria, como la apreciación del dólar, desencadene un daño permanente como lo es la destrucción del aparato productivo nacional. Ni el más neoclásico de los economistas estaría dispuesto a tan grande sacrificio a cambio de nada. En estos casos, con la única excepción de los oportunistas de turno, prácticamente todos estamos de acuerdo en la necesidad de intervención sobre el mercado, sobre todo cuando la fuente del problema es el tipo de cambio, una variable que está muy sujeta a oscilaciones abruptas que reflejan choques especulativos, políticos o conductas en manada típicas de los mercados financieros.

Algunos de los autores que protestan contra estas medidas arancelarias, lo hacen con cierta hipocresía ya que conocen que son inevitables y necesarias, pero de todos modos protestan por amor al arte de protestar aspirando a réditos de pantalla. Otros protestan sin tanto conocimiento y en ese caso el deber de los informadores es plantearles la disyuntiva a la que se enfrenta la sociedad ecuatoriana para que puedan optar. Existen dos opciones bien nítidas: a) aplicar cláusulas de salvaguardia o, b) cierre de empresas y el desempleo. ¡Qué elije Ud.! El acaparamiento y la escasez son armas económicas contra nuestras democracias

El acaparamiento y la escasez son armas económicas contra nuestras democracias

Con el mismo tenor rezongón, se ha señalado que las salvaguardias ocasionarán escasez y acaparamiento. Esta afirmación puede calificarse de malintencionada o de tontería. El acaparamiento se produce especialmente cuando los comerciantes esperan que aumente el precio regulado de un producto, por ejemplo, los precios fijados por reglamentación al gas envasado. También pueden llegar a acaparar si prevén un aumento del tipo de cambio, porque es más rentable esperar la devaluación y mantener el producto en stock, pero este motivo para acaparar no existe en Ecuador porque nuestra moneda es el dólar estadounidense. En cambio, si lo que se espera es un aumento del arancel importador, es poco probable que haya retención de ventas, ya que seguramente el comerciante anticipará el cambio en el arancel hasta verlo reflejado en los precios finales. De hecho, no se observó acaparamiento en Ecuador antes de la medida de salvaguardias, por lo que es infinitamente menos probable que el acaparamiento se produzca después. Esto siempre y cuando tengamos un sector empresarial bien intencionado, porque cuando sus intenciones son políticas, el acaparamiento y la escasez son armas económicas contra nuestras democracias como lo ha demostrado, por citar solo un ejemplo, el golpe de estado a Salvador Allende. Tendremos que esperar y ver cómo reacciona la economía rentista.

Otros de los argumentos en contra de esta medida en defensa del productor nacional, es que resulta inflacionaria. Otro error polifacético que dilucidaremos.

En primer lugar, porque se produce inflación cuando se produce un aumento “generalizado y persistente” del nivel de precios. Al respecto, debe notarse que las salvaguardias afectan un tercio del volumen de importaciones actuales y poco más de un 10% del PIB. Son amplias pero no “generalizadas” a toda la economía. Pero sobre todo, las salvaguardias son “transitorias” por definición y quiere decir esto, que ante el caso de que las salvaguardias produzcan una aumento de precios, en el futuro será neutralizado con un descenso cuando estas sean retiradas. En consecuencia, las salvaguardias no son inflacionarias porque si existe un impulso inflacionario, será revertido en igual magnitud cuando se retiren las salvaguardias, es decir, no generarían un aumento persistente de los precios.

Pero cabe preguntarnos en qué medida la salvaguardia se traducirá en un aumento de precios transitorio. El efecto final sobre el precio dependerá de la interacción de dos elementos, a) el efecto alcista del aumento arancelario, y b) el efecto a la baja provocado por la apreciación del dólar. Si un automóvil proviene de la eurozona, la caída del euro significa que el importador podría vender el vehículo en el mercado ecuatoriano dolarizado a un precio cercano a un 30% más bajo sin sufrir ningún perjuicio. La apreciación generalizada del dólar ha producido este efecto deflacionario, y hemos de notar, que si no hemos observado este descenso en los precios de los productos provenientes de esta zona no dolarizada del mundo, se debe al poder de monopolio de las empresas que les permite sostener un beneficio extraordinario.

En definitiva, una lectura más sesuda de la situación debería hacernos comprender que dado el corsé a la libertad de política económica que significa la falta de soberanía monetaria, las salvaguardias son una medida indispensable para defender la producción y el empleo. Que estas medidas son aplicadas por los países serios que prefieren regular el mercado evitando que situaciones transitorias del tipo de cambio generen perjuicios permanentes sobre su entramado productivo. Que la amenaza de desabastecimiento es muy poco seria, disparatada o políticamente malintencionada. Que no hay efecto inflacionario a largo plazo ya que el impulso alcista de la imposición de las salvaguardias se anula con el efecto deflacionario del retiro de las mismas. Y por último, que también es dudoso que exista un efecto inflacionario en el corto plazo, ya que la caída del euro y otras monedas respecto al dólar ha generado un efecto deflacionario que dependiendo de la situación, puede neutralizar el efecto de las salvaguardias. Si definitivamente se llega a producir un aumento de precios transitorio, se deberá más al resultado de una estructura de comercialización monopólica, que emplearán las salvaguardias como una excusa de consciencia, para poder imponerle al consumidor sus condiciones. Como es natural, en un contexto dominado por un rentismo importador y una matriz productiva sustentada en la importación de productos de consumo final, las fuerzas desestabilizadoras ahora más que nunca pretenden deslegitimar la medida mediante la especulación y el desabastecimiento de productos. Hacer frente a la especulación implica no solo un control de precios por parte del Estado, la ciudadanía juega un papel fundamental en al menos dos estrategias:

Estos dos puntos se desarrollan a continuación.

2.1 La especulación: el impuesto de las élites

Un impuesto tiene dos grandes características para llamarse como tal: (1) es establecido por un poder único y autoritario y (2), es de obligado cumplimiento por parte de los ciudadanos. Hoy los impuestos son establecidos por el Estado representativo del poder popular. Pero no hace mucho era el Rey, el Señor Feudal, la Iglesia o el Encomendero quien establecía los impuestos de forma discrecional, injusta y violenta; tal vez por eso es que aún los impuestos tienen mala prensa. Pero esta práctica no es tan remota, aún podemos ver que la mafia, el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo establecen pagas obligatorias a cambio de seguridad y paz. Es así que estás estructuras de poder, que no son el Estado convencional y se establecen como Estados paralelos, tienen la facultad de establecer impuestos, tasas o cuotas bajos sus leyes. Basta revisar por ejemplo la historia reciente de Colombia con su conflicto armado o la situación de los carteles de la droga en México para aceptar que el gobierno no es el único que establece impuestos.

Las élites económicas de este país establecen impuestos que aumentan su desenfrenada acumulación de riqueza

Si el lector está de acuerdo que los impuestos son, en fin de cuentas, cualquier paga de obligado cumplimiento para beneficio de un agente que tiene el poder único de actuación y, por tanto, pueden ser establecidos por personas o grupos diferentes al Estado convencional, entonces, imaginemos que ese agente ya no es el Estado, la mafia o los paramilitares, sino que es simplemente el mercado monopólico, esa entelequia qué a fin de cuentas está dominado por los poderosos quienes imponen sus reglas, límites y sanciones. Por lo tanto coincidirá el lector que el mercado también fija impuestos para su propio beneficio. Si los consumidores de ese mercado no pueden hacer nada para evitar que impongan los precios que los poderos quieren fijar; si los pequeños productores no pueden hacer nada para competir porque las élites han cooptado a proveedores y definen el precio que les quieren pagar; si los ciudadanos no somos capaces de protestar o quejarnos porque esconden los productos para subir los precios como una ética propia de especuladores y rentistas; si no somos conscientes que estamos sitiados por el mercado omnipresente y sentimos los abusos como algo normal; entonces por qué no llamamos las cosas por su nombre: las élites económicas de este país establecen impuestos que aumentan su desenfrenada acumulación de riqueza. No hay diferencia entre la mafia, la guerrilla o los grandes grupos oligopólicos en el sentido que todos ellos tienen el poder de fijar impuestos, tasas o cuotas. El incremento del precio es el impuesto o cuota que ellos imponen por ser los dueños de la riqueza, por ser los nuevos señores feudales del mercado concentrado y voraz.

Aquellos analistas y académicos, que defienden el statu quo, dirán que la fijación de precios por prácticas oligopólicas no pueden ser catalogadas como un impuesto, porque los consumidores siempre tienen la libertad de comprar en otra parte. ¿Pero somos realmente libres de comprar en un lugar diferente a las cadenas más grandes de supermercados? Sería reduccionista pensar que la libertad se mide solo por la decisión autárquica de ir a la tienda de la esquina o comprar en un gran supermercado. Hay que elevar el debate y reconocer que el sistema de mercado en Ecuador fuerza a la gente a comprar donde el mercado lo establece, obliga a que el consumidor vaya donde el supermercado está como ocurre en otras partes del mundo. Por lo tanto, si la ciudad está absolutamente capturada por las grandes cadenas, cómo podemos considerarnos libres de elegir. La libertad de elegir es una quimera de la que los medios de comunicación y los especuladores nos quieren convencer; no hay tal libertad: somos presos del mercado oligopólico.

El planteamiento que hemos esbozado sin lugar a duda no está en los libros de texto. Pero el concepto no es tan lejano a lo que en la década de los ‘80 y ‘90 se conocía como el “impuesto inflación”, tan popularizado por la doctrina neoliberal que satanizó al Estado como el creador de la inflación. Ahora también habría que preguntarse si con la inflación solo se beneficiaba el gobierno, o si los grandes beneficiados eran los grupos rentistas que no querían ver afectada su tasa de ganancia. Si gran parte de la inflación era producto de los especuladores, entonces ¿el famoso “impuesto inflación” no era también un impuesto fijado por el sector privado? El propio neoliberalismo hizo famoso al “impuesto inflación” como la inconducta del Estado; esta misma realidad hoy nos da la contundencia para confirmar que los grandes oligopolios de este país establecen impuestos a los ciudadano fijando precios a su antojo, escondiendo productos y especulando como esencia de esa cultura rentista tan arraigada en la ética empresarial ecuatoriana.

En las últimas semanas las redes sociales, los mayores formadores de opinión en la actualidad, son presa de la dominación del discurso de las élites. Los consumidores, quienes son los primeros afectados deberíamos estar protestando en contra del atropello del mercado. Pero, por el contrario, legitimamos la ética rentista y especulativa como algo normal. En los años ‘90 era parte del paisaje económico ver cómo se especulaba con los precios, hoy nos sigue pareciendo que es parte del sentido común. Basta ya de aceptar (hasta justificar) los impuestos de las élites económicas, que van en beneficio de unos pocos, y por el contrario rechazar los impuestos del Estado que es la contribución de todos para una sociedad más justa.

2.2 Que no ganen los mismos de siempre

En la economía capitalista el consumo es inherente a todo el sistema de mercado. Al consumir, los ciudadanos ratifican en última instancia el proceso empresarial: la adquisición de materias primas, la contratación y comercialización de bienes finales y el pago de obligaciones fiscales al gobierno. Según la Teoría del Consumidor las preferencias y restricciones de los consumidores determinan su elección. Sin embargo, en muchas ocasiones, el consumo de los individuos y familias no necesariamente satisface sus necesidades, sino que más bien, sacian necesidades no tan necesarias, creadas por el mero artificio de las técnicas de mercadeo.

Si el “sistema productivo” está basado en malas prácticas empresariales, rentistas, especulativas o abusivas, el consumo ciudadano terminaría validando una situación de inequidad y un lucro indebido para quienes abusan de las imperfecciones del mercado. En ocasiones, la ciudadanía consume bienes y servicios elaborados mediante prácticas desleales -como por ejemplo, utilizando información privilegiada sobre decisiones futuras de políticas públicas, evadiendo impuestos, ejerciendo malas prácticas laborales, incumpliendo los derechos de los trabajadores-, lo que termina avalando un sistema productivo injusto, priorizando la obtención de ganancias privadas en lugar de la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar de los consumidores.

El poder de los consumidores se enfrenta a otro poder, más organizado y eficaz al momento de alcanzar sus objetivos, la gran empresa, que tiene capacidad de influir en las decisiones de consumo. Así como en el mundo existen mega-empresas cuyas ventas representan el PIB de los 150 países más pobres del planeta, así como los 200 empresarios más ricos del mundo tienen más dinero que la mitad de la población más pobre del planeta, también en el Ecuador existen los grupos económicos cuyas ventas representan más del 42% del PIB de toda la economía ecuatoriana.

Es deleznable que existan free riders, que utilicen para su propio provecho las medidas de salvaguardias que el Gobierno ha lanzado para beneficio de las mayorías. Si las importaciones las realizaron antes de que las medidas fuesen implementadas, deberían mantener su valor sin aumento. Y finalmente, sería muy recomendable que estas empresas empleen esa gran cantidad de recursos destinados a las campañas de marketing dirigiéndolos a fortalecer el consumo de productos de verdadero origen ecuatoriano (no de aquellos que se importan todas sus partes y lo único que se hace es unirlo o pegarlas en el país).

Cuando en el año 2009 se tomaron estas medidas para salvaguardar la dolarización, las empresas grandes del país no tuvieron pérdidas, más bien salieron fortalecidas, como lo muestran los datos de utilidades comparadas durante el año 2008 al 2009.

Los consumidores están al final de la cadena productiva y cierran el proceso. Al comprar ejercen un gran poder, pues las empresas dependen totalmente de su decisión. Por esto hay que ser consumidores que comencemos a educar a nuestro sector productivo, que entiendan que requerimos productos nacionales de calidad y que hayan sido obtenidos cumpliendo valores éticos y comprometidos con el desarrollo del país, con respeto a los trabajadores, cumpliendo sus obligaciones tributarias que por ley les corresponde y sin argucias especulativas y conductas rentistas y monopólicas.

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1 Se excluyó el año 2009 del cálculo puesto que fue un año atípico producto de la crisis financiera mundial. Sin embargo Ecuador, dentro de la Región, fue de los que mejor desempeño mostró: crecimiento del PIB de 0,9%.