Ecuador oficializó este 23 de julio de 2018 su decisión de ser país asociado en la Alianza del Pacífico durante la XIII Cumbre de este bloque. Sin embargo, detrás del discurso vacío sobre el mejoramiento del comercio se encuentra una estrategia geopolítica para distanciarse del bloque progresista latinoamericano y alinearse al neoliberalismo regional, estableciéndose nuevamente como ‘banana republic’.

El objetivo de este ‘viraje’ es satisfacer los intereses de las transnacionales, gran capital y empresarios locales, mientras que la economía ecuatoriana y los productores pequeños y medianos sufren las consecuencias. Esta es solo una de las acciones que han definido al gobierno de Lenín Moreno en su giro radical y apologético por un modelo neoliberal.

Entre otras se destacan el sistemático alejamiento del intento por integración latinoamericana sin el tutelaje de los Estados Unidos, la decisión sobre el futuro de la sede de la Unasur, el distanciamiento con los gobiernos de la Alternativa Bolivariana para las Américas  (ALBA) y la defensa de intereses de las élites económicas.

Para lograr este cometido ha enlistado en su gabinete a líderes empresariales y de la derecha oligárquica ecuatoriana que definen y guían el proyecto económico del país. Uno de ellos es Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, quien desde su cartera de Estado aboga por una política comercial indiscriminadamente abierta. Es así que con la Alianza del Pacífico materializará uno de los primeros hitos que conforman esta transformación.

El argumento principal para convertirse en Estado asociado es “profundizar la relación comercial” con México, Chile, Perú y Colombia. Algo que parece redundante ya que el Ecuador cuenta, a nivel comercial, con acuerdos comerciales con tres de los cuatro miembros.

Al ser parte de la Comunidad Andina, con Perú y Colombia se mantiene una zona de libre comercio que exonera el 100% de aranceles. En el caso de Chile, desde 2010 se estableció el Acuerdo de Complementación Económica N°65 logrando también una zona de libre comercio de ambas vías a favor de más del 98% de los productos exportables.

Por último con México, Ecuador tiene firmado un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP. R N° 29) desde 1987, siendo el único de los cuatro países con el que no se tiene un acuerdo de libre comercio. Es por esto que Campana expresó que “para el Ecuador es primordial tener un acuerdo con México, ya que así ciertos productos van a tener acceso a ese mercado y con los futuros socios de esta Alianza".

Pero, a diciembre del 2017, los acuerdos se han visto traducidos en una balanza comercial no petrolera deficitaria en millones de dólares con Colombia (-$ 705), Chile (-$ 203), México (-$ 406) y Perú (-$ 382), valores FOB.

Si con una política tildada de más ‘proteccionista’ ya se posee un déficit, un desblindaje arancelario sería devastador para la economía nacional y los pequeños productores. Esto se debe a que uno de los conceptos básicos de la política comercial exterior debe ser la complementariedad, especialmente cuando una economía posee una capacidad productiva mucho mayor que su contraparte.

En este caso lo que el Ecuador ofrece y seguirá ofreciendo al mercado de la Alianza del Pacífico, como demuestran las fichas de exportación, serán enlatados (atún), camarón, flores, cacao, banano, y aceites vegetales. Al convertirse en un país asociado nada cambiará, la capacidad ni diversificación productiva se verán influidas.

Lo que sí se verá afectada es la balanza comercial, con un déficit aún más marcado, ya que lo que un país como México puede colocar en las perchas ecuatorianas, nunca se comparará con lo que Ecuador puede exportar. Esto se hace más preocupante aun tomando en cuenta a una economía dolarizada que no podrá reponer el circulante al mismo ratio con el que sale.

Basado en un análisis que realizó a Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), su presidente David Molina comentó que un acuerdo agrandaría la balanza comercial negativa con México, analizando solamente ese sector. Otro que se vería gravemente afectado es el agropecuario ya que tendría que competir directamente con países de producción agrícola similar.

Entonces, ¿quién se beneficia de la Alianza del Pacífico?

Una de las razones por la que se busca este acuerdo es para favorecer a los grandes exportadores e importadores. Y por ello el apoyo por parte de las Cámaras de Comercio en Quito y Guayaquil y Cámaras de grandes empresas ha sido inquebrantable. “En este momento existe una mayor afinidad de visión política, eso da paso a poder embarcarse en este proceso”, resumido claramente por Eduardo Egas, presidente de la Corporación de Promoción de Exportadores e Importadores (Corpei).

Otra razón responde a satisfacer los intereses de las inversiones extranjeras. México es el país que más inversión extranjera directa (1.491 millones entre 2002 y 2017) ha realizado en Ecuador y lo ha hecho sin mantener ningún Tratado Bilateral de Inversión entre ambos países.

El ingreso a la Alianza del Pacífico permitirá aplicar uno de los elementos claves de los TBI sin tener que firmar uno, que es el arbitraje internacional sobre controversias entre el Estado y los inversionistas, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, como se detalla en el capítulo 10 del Protocolo de este acuerdo.

Lo que significará también revertir los decretos ejecutivos del expresidente Rafael Correa que denunciaron y dieron por terminados los TBI con Perú y Chile. Acciones inconstitucionales que pondrían de nuevo en riesgo la soberanía nacional sobre el capital extranjero. Una jugarreta política para satisfacer los intereses privados ante el bienestar de los ecuatorianos.

Por otro lado, el Ecuador también está en desventaja debido a la soberanía monetaria de los otros países. La capacidad de devaluar la moneda, en caso de necesitarlo, pone en riesgo al país ya que al ser parte de la ADP no existiría la opción de controlar la política comercial externa con aranceles o salvaguardias como se realizó a partir de 2015.

Esta incapacidad de competir a nivel macroeconómico resultará en una afectación directa en los trabajadores. Ya que las políticas neoliberales de estos países en términos de la precarización laboral (bajos costos de mano de obra y derechos laborales) tendrán un efecto a la baja en Ecuador.

Los mismos gremios empresariales que han abogado por la Alianza del Pacifico presionarán para la flexibilización laboral y la eliminación de derechos sociales con el fin de lograr mejor competitividad ante sus pares.

Como señaló Eduardo Sarmiento, director del Observatorio Económico de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, “este es como un nuevo TLC, orientado a especializarse en hacer productos más baratos, lo cual, como se ha demostrado con la experiencia de Europa, no genera crecimiento económico y sí presiona los salarios hacia la baja y empeora la distribución del ingreso”.

Pero como se mencionó con anterioridad esta Alianza va más allá que la política comercial externa del Ecuador. El ingreso del país a la ADP es un símbolo para cortar los lazos con lo que fueron las aspiraciones contra hegemónicas, no solo en el plano político sino económico del Alba.

Mientras este bloque nació como una opción de cooperación, la Alianza del Pacífico se caracteriza por la competencia. El uno promueve ideológicamente el comercio justo y la lucha contra la desigualdad y pobreza de la región, el otro el libre comercio y las oportunidades de negocios para el sector privado y transnacional. Dos modelos que representan sustancialmente distintas maneras de entender y enrumbar a los pueblos latinoamericanos.

Ambos sin duda pensando en desarrollo pero el primero con un eje de soberanía y autonomía cooperativa, el segundo con un desarrollo dependiente, colonizado y competitivo. Y es así que Lenín Moreno ha optado por el segundo rumbo, el de la ‘banana republic, defraudando el proyecto por el que fue elegido democráticamente y poniendo en riesgo el futuro de millones de ecuatorianos.