Dilma Rousseff bajo ataque
Mientras el país más grande de Latinoamérica se enfrenta a un decrecimiento de su economía, los índices de popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, han caído a niveles históricos avivados por una continua campaña para vincularla a ella y a altos miembros del partido gobernante, el Partido de los Trabajadores (PT), a un fraude masivo en el gigante petrolero estatal, Petrobras.
El escándalo que estalló incluso antes de las elecciones del año pasado, se ha convertido en un tema recurrente en los principales medios de comunicación brasileños.
A la cabeza se encuentra el conglomerado mediático Grupo Globo, que apoya abiertamente la destitución de Dilma presentando de forma destacada a diputados de la oposición. En febrero, el director del Grupo Globo, Erick Bretas, exigió mediante una publicación de Facebook la destitución o impeachment de Dilma, lo que dejó clara la posición de Globo contra la presidenta.
El 29 de agosto, el expresidente y antiguo líder del PT, Inácio Lula da Silva, demandó a cuatro periodistas y al editor de la revista Veja por publicar un especial de primera página que lo vinculaba con el escándalo de Petrobras.
Lula fue quien dirigió la bonanza económica de Brasil desde 2003 hasta 2010, y todavía goza de bastante popularidad entre la población. El antiguo presidente ha sido un ferviente partidario de Dilma, y su influencia fue decisiva en las pasadas elecciones presidenciales.
Asimismo, un abogado también lo acusa de beneficiar a la compañía de construcción Odebrecht durante su mandato. El presidente ejecutivo de esta compañía se encuentra bajo investigación como parte del caso de fraude de Petrobras.
No obstante, actualmente, el abogado que acusó a Lula está siendo investigado por no presentar pruebas convincentes que sustenten dicha acusación.
Mientras tanto, la frágil coalición del PT y el Partido de Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) es atacada por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, un diputado neopentecostal que propone que se declare un día oficial del “Orgullo Heterosexual”.
El diputado evangélico anunció que rompería sus lazos con la coalición del gobierno, acción que ignora el compromiso de su partido.
El propio Cunha está siendo investigado por el escándalo de Petrobras, pero está protegido por inmunidad parlamentaria. El diputado afirma que la actual coalición que hay en el Congreso no durará hasta 2018, lo que se traduce en una clara advertencia para el partido gobernante.
El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, también miembro del PMDB, rompió su relación con el gobierno de forma similar luego de que las investigaciones sobre Petrobras lo vincularan al complot fraudulento.
Los medios de comunicación han elevado las personalidades de Cunha y Calheiro al punto de convertirlos en voces poderosas que, usando su influencia política, ejercen una gran presión sobre el gobierno. Muchos han comenzado a decirle “primer ministro” a Cunha, y, de hecho, este ya ha anunciado una reforma constitucional que cambiaría el sistema presidencial actualmente vigente en Brasil por un sistema de gobierno parlamentario.
La propuesta es respaldada por el principal bastión de oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo representante en el Senado, Aécio Neves, fue candidato presidencial por el partido en las elecciones de 2014.
Los intentos de vincular a Dilma y al PT con el escándalo de Petrobras ha sido la estrategia principal usada por los partidos y políticos de derecha para justificar la destitución de la presidenta; la misma estrategia usada el año pasado para atacar a Rousseff durante la campaña presidencial.
Aun cuando no cuenta con los votos necesarios dentro del Congreso para dar inicio al proceso, la campaña mediática, así como los repetidos llamados de destitución por parte de los partidos de oposición, han creado una atmósfera negativa en la opinión pública.
Esto se debe en parte a que los medios de comunicación han hecho todo lo posible por retratar al partido de gobierno, PT, como un partido burocrático y corrupto que ha gestionado la empresa estatal de forma ineficiente.
Tal y como explica Lincoln Secco, historiador y experto sobre el PT de la Universidad de Sao Paulo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la situación actual al señalar únicamente al PT y no necesariamente a los aliados de derecha del gobierno.
“Los escándalos relacionados con el PT se muestran diariamente por televisión. [Pero] casi no se muestra ninguna crítica hacia la gestión del PMDNB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) en Sao Paulo”, afirma Secco.
Sin embargo, las investigaciones sobre el caso de corrupción de Petrobras revelan que políticos de muchos partidos, no solo del PT, estaban involucrados en la red de corrupción, incluyendo el principal pde la oposición, PSDB, y el Partido Socialista Brasileño (PSB) del que era miembro la antigua candidata presidencial, Marina Silva.
Como muestra la gráfica de arriba, la mayoría de los políticos que participaron en la red de corrupción son del derechista Partido Progresista (PP), el cual tenía una alianza limitada con el PT.
La justicia brasileña aún no ha determinado si el PP actuó en coordinación con el PT y otros aliados del Gobierno, o si la red de corrupción se implementó a través de alianzas regionales o locales.
Además del escándalo de Petrobras, los partidos de oposición lanzaron dos iniciativas más para configurar un caso que respalde el proceso de destitución.
Se presentó una denuncia en contra del PT en el Tribunal Electoral por financiamiento ilegal durante la campaña presidencial de 2014. Igualmente, se presentó otra denuncia contra Dilma en el Tribunal de Cuentas de la Unión por, supuestamente, desviar dinero de los bancos públicos para las arcas gubernamentales.
Si alguna de estas denuncias resultase ser cierta, es probable que se usen como excusa en el Congreso y en los medios de comunicación para exigir la destitución.
De igual forma, muchos cuestionan el papel del ministro de Finanzas, Joaquim Levy, antiguo economista del FMI, quien ha promovido de forma activa fuertes medidas de recortes sociales y ha actuado en contra de varias medidas del gobierno.
Levy ha tenido relaciones cercanas con inversionistas nacionales y extranjeros, pero su influencia rivaliza con la del ministro de Planificación de tendencia de izquierda, Nelson Barbosa; ambos, Levy y Barbosa, son bastante influyentes en el gobierno de Dilma.
Ante tantos frentes abiertos, la presidenta Rousseff ha optado por delegarle mayor poder a su vicepresidente, Michel Temer, del partido aliado PMDB, para que fomente el diálogo con los partidos de oposición.
Mientras tanto, el Gobierno lanzó “Diálogo Brasil”, una iniciativa que ha enviado a ministros y funcionarios a las ciudades y comunidades para que escuchen las propuestas y críticas de los ciudadanos con respecto a los programas del Gobierno y los problemas del país en general.
Analistas estiman que Brasil se enfrentará a su peor recesión en 25 años. La agencia de calificación de riesgos, Standard & Poor, calcula que la economía del país no empezará a crecer hasta 2017.
Ante este panorama desesperanzador, las personas pudientes ya están empezando a irse en desbandada, a pesar de una alta tasa de interés que alcanza niveles históricos, hasta 14,25%, la más alta desde 2006. Un reporte publicado en febrero de este año por el Wall Street Journal documentó una fuerte migración de brasileños adinerados hacia Miami, Florida.
Según la encuesta del MDA mencionada anteriormente, la economía se ha convertido en la principal preocupación de los brasileños. Esta situación combinada con los bajos índices de aprobación de Rousseff forman la “tormenta perfecta” para que la oposición regrese al poder después de 12 años de gobierno del PT.
De igual forma, el panorama económico y el escándalo de Petrobras podría abrirle el camino a los planes de privatización que la derecha ha estado proponiendo desde hace tiempo.
Por ejemplo, el senador José Serra del partido opositor PSDB propuso eliminar a Petrobras en su totalidad al dividirla en compañías más pequeñas que estarían abiertas a las empresas petroleras privadas.
“Deberíamos dividir el conglomerado de Petrobras en diferentes empresas y luego vender una parte de esas empresas”, sugirió el senador Serra.
La Cámara de Comercio e Industria de Río de Janeiro propuso una estrategia similar: en un informe reciente, el grupo empresarial recomendó al gobierno privatizar 25 empresas estatales por un precio que representaría 4% del PIB del país.
Guilherme Merces, economista de la cámara, explicó que el escenario político estaba más preparado para llevar a cabo un plan de privatización que un aumento de impuestos, ya que el primero depende del poder ejecutivo, y el segundo tendría que ser aprobado por el poder legislativo.
¿Es posible realizar un proceso de destitución?
Una eventual destitución de la presidenta Rousseff es una posibilidad muy real. El mismo recurso legal se usó para derrocar al presidente Fernando Colhor de Mello (1990-1992), luego de que este fuese implicado en un caso de corrupción relacionado con una red de alianzas políticas, sobornos y tratos a puerta cerrada con empresas privadas.
Colhor de Mello fue el arquitecto de reformas neoliberales en Brasil y dio inicio a la privatización de bienes estatales, lo cual continuaría con los presidentes posteriores. Sin embargo, realizar el proceso de destitución no fue fácil.
El entonces presidente fue primero sujeto de una investigación del Congreso durante 1991 y 1992. Una vez que los legisladores iban a votar por la destitución, el jefe de Estado decidió renunciar en lugar de comparecer a la audiencia en el Congreso.
El expresidente fue destituido in absentia e inhabilitado para cargos políticos por 8 años. En la actualidad es Senador.
En el caso de Dilma, no se ha ordenado ninguna investigación por parte del Congreso, aunque en la actualidad ya hay 11 pedidos de impeachment en este Órgano. Aunque están archivados, Eduardo Cunha anunció que las solicitudes serían evaluadas tras el receso del Congreso.
El presidente del Congreso es responsable de la aprobación o no de cualquier proceso de destitución, lo que le permite tener bastante peso en las negociaciones. Muchos consideran que la campaña de Cunha contra Dilma se debe a viejas rencillas en la alianza PT-PMDB.
A pesar del poder de Cunha, la destitución requeriría el respaldo de dos tercios de los 513 miembros del Congreso brasileño. La oposición no cuenta con el apoyo suficiente.
Sin embargo, uno de los principales promotores del impeachment es el representante del PSBD, Aécio Neves. En una convención nacional celebrada en julio, donde Neves fue reelegido como presidente, el excandidato presidencial y actual senador le envió una clara advertencia a Rousseff.
“Al final de su gobierno, no sé cuando, quizá antes de lo que muchos imaginan, los brasileños serán más pobres que antes”, advirtió Neves.
El líder del PSDB y expresidente, Fernando Henrique Cardoso, advirtió que un proceso de destitución sin pruebas sustanciales constituiría un golpe de Estado.
Durante la convención nacional del partido, exhortó sin embargo a sus correligionarios a preparase para tomar el poder en 2018, fin del período constitucional de Rousseff, aunque dejó claro que no apoyaría ningún golpe.
“Es inaceptable que desde el PSDB se anticipe la salida de un presidente. No somos golpistas...[la crisis política] no depende del PSDB...[pero nuestro partido] está listo para asumir su responsabilidad”, comentó durante el acto.
Lula da Silva, líder del PT, mantiene conversaciones con Cardoso y otros líderes de oposición para disminuir las tensiones con el Gobierno.
Algunos líderes del PSDB y partidos aliados también apoyan la propuesta de Cunha de cambiar el sistema de gobierno de presidencialista a parlamentario.
Todos los simpatizantes de la propuesta han expresado abiertamente su deseo de desbancar a Dilma una vez que esta reforma se lleve a cabo.
Mientras se resuelve la crisis, los movimientos sociales y líderes de izquierda del PT responden a los ataques. Con la iniciativa “Reforma Política”, el partido hace un llamado a una nueva Constitución, proceso que requiere la firma de 1,5 millones de brasileños.
El Gobierno había prometido impulsar este proyecto, a pesar de esto, ha hecho poco para darle prioridad, situación que causa mucha desilusión en muchas de las organizaciones sociales que respaldan a la presidenta Rousseff.
Tarso Genro, líder histórico y expresidente del PT, considera que la respuesta a la crisis es volver la mirada a las organizaciones de base.
Según comentó al semanario uruguayo Brecha, Genro cree que el PT se transformó excesivamente en un partido de Gobierno y que tiene que volver a sus raíces históricas para recobrar el apoyo de los movimientos sociales organizados.
El profesor Lincoln Secco secunda esta postura pues considera que el PT se ha dedicado mucho a buscar acuerdos y medidas conciliatorias con la oposición, una estrategia que usó Lula para gobernar durante sus dos períodos consecutivos.
Muchos analistas señalan que Dilma necesitará del apoyo de los movimientos sociales y la sociedad civil organizada. Mientras no se concreta el proceso de destitución en el Congreso, la estrategia de los medios ha tenido efecto: cientos de brasileños han tomado las calles para buscar poner en duda la legitimidad del gobierno de Rousseff y ejercer presión al Gobierno para que adopte medidas favorables al modelo neoliberal.
El aumento de las tasas de interés y una mayor participación del ministro de Finanzas, Joaquim Levy, parecen ser medidas efectivas para persuadir al Gobierno.
Esta situación le daría un claro poder de influencia al presidente del Congreso, Eduardo Cunha. En caso de que Cunha no acepte el cargo, el presidente del Senado, Renan Calheiro, podría tomar su lugar. En cualquiera de estos tres escenarios, el PMDB gobernaría al país, razón por la cual mantener la coalición PT-PMDB parece ser el centro de la estrategia del gobierno.
No obstante, como quedó demostrado en los últimos diez años en otros países de Latinoamérica, solo el respaldo popular y de los movimientos de base organizados pueden dar el apoyo necesario para contrarrestar la influencia de los medios de comunicación y movimientos de derecha.
“No hay bases para mi destitución. Que lo intenten. Si hay algo a lo que no le temo, es a la destitución...para desbancar a un presidente, hay que explicar los motivos”, dijo Rousseff en un entrevista reciente.
A pesar de la amenaza que representan los continuos llamados al proceso de destitución, por ahora parece que los requerimientos legales merodean como un fantasma y no son una posibilidad real a corto plazo. No obstante, con una economía que presenta dificultades y el aumento de la influencia de la derecha, no se puede descartar ninguna posibilidad.