Históricamente, las amnistías han sido herramientas jurídicas utilizadas en situaciones de alta conflictividad social o política, como un mecanismo que busca tender puentes para la reconciliación entre las partes. El objetivo fundamental de estas es el logro de la paz y la calma nacional a través del perdón; entendiendo que los resultados serán mucho más importantes para el país que los delitos a amnistiar.
 
Recientemente la mayoría opositora de la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, que parece cualquier cosa menos una ley de amnistía, y en el que el término “reconciliación nacional” está totalmente fuera de lugar. Como diputado a la Asamblea Nacional, pero antes como patriota, me urge la necesidad de explicar y alertar sobre el verdadero trasfondo de este adefesio jurídico.
 
La amplísima ley de amnistía
 
En primer lugar el proyecto de ley es en exceso amplio y turbio, no contiene artículos que establezcan de manera clara y estructurada el objeto de la ley ni su ámbito de aplicación tanto subjetivo como material. Esto es de vital importancia, toda vez que, históricamente, las leyes de amnistía han estado circunscritas a un ámbito de aplicación restringido y sumamente específico.
 
Ejemplo de una verdadera amnistía fue la ley decretada por el Presidente Chávez en el año 2007. La ley contiene sólo 6 artículos y el propósito es sumamente claro, los hechos ocurridos y subsecuentes al golpe de estado de abril de 2002. En esta ley se nombran específicamente los delitos que se están amnistiando. El espíritu de la misma es el de perdonar los delitos cometidos en el golpe de estado, con la clara intención de buscar la paz nacional y el avance armónico de la política.
 
En la aberración jurídica en cuestión, nos encontramos con cosas como la concesión de amnistía “de los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas”. De manera similar, en su artículo 12 concede el perdón a directivos, empleados o representantes de empresas que hayan incurrido en delitos económicos como la especulación o el acaparamiento. Aunque en apariencia tiene por objeto perdonar delitos enmarcado en las manifestaciones políticas de oposición, este proyecto incluye en mayor medida delitos de carácter económicos y esto no puede ser aceptado.
 
Esta amplísima amnistía recae sobre una basta cantidad de delitos de distinta naturaleza, es un saco roto donde entran prácticamente todas las personas (y personajes) que atentaron contra la estabilidad nacional de diferentes maneras, muchas veces por medio de la violencia, durante todos los años de los gobiernos de Chávez y Maduro pueden salir en libertad y en completa impunidad.
 
Entiendo que una amnistía se trata de olvidar el pasado y perdonar delitos relacionados al problema socio-político en cuestión, en búsqueda de la paz pensando en futuro. Lo que no entiendo es por qué este proyecto quiere amnistiar cosas como la estafa inmobiliaria más grande que se haya conocido en la nación, o el robo que cometieron banqueros al Pueblo venezolano y que hoy son prófugos de la justicia.
 
Una violación constitucional con propósito
 
No pretendo hacer un análisis jurídico ya que ni siquiera soy experto en la materia, pero no hay que hacer mucho esfuerzo para evidenciar las violaciones a la constitución que se establecen en este proyecto. Por citar un solo ejemplo, sin el mínimo esfuerzo de disimulo, en el artículo 3 del proyecto, se exceptúa de la amnistía de violaciones a los derechos humanos a funcionarios públicos. Lo que establece un supuesto de discriminación, que por supuesto viola flagrantemente la Constitución. Recuerdo además, que la amnistía debe estar dirigida en términos generales a cierta clase de hechos, y no a un grupo específico de personas.
 
Ahora bien, me permito asumir que la oposición sabe lo que hace. Si en efecto es así, entonces el cuestionamiento inmediato es: ¿por qué están violando la constitución?, ¿qué es lo que buscan?, ¿será seguir provocando el enfrentamiento de poderes? Porque es obvio que la sala constitucional rechazará este adefesio jurídico.
 
La siguiente interrogante lógica sería: ¿cuál es el propósito de hacer esto?, ¿será crear mayor malestar en un país que se encuentra en una situación tan compleja?, ¿será esto parte de su planteamiento para salir del gobierno en seis meses de manera “constitucional”? Esta ley reta a las instituciones del Estado y se suma a la espiral de revancha que inició la oposición desde que asumió el poder legislativo.
 
Entrega de la Nación
 
Como si fuera poco, hay cosas más graves, y si se quiere aterradoras, en esta gran estafa de amnistía. La promulgación de esta ley representaría un salvaje acto de entrega de la nación. La consecuencia más grave sería la creación de un precedente jurídico que afirme la inexistencia de imparcialidad en el poder judicial venezolano. Apoyando la tesis que desde hace años busca la oposición venezolana, dentro y fuera de nuestras fronteras, de catalogar a Venezuela como un Estado forajido.
 
La promulgación de esta ley llevaría a la pérdida de decenas de arbitrajes internacionales donde la república siempre ha hecho valer su soberanía. En otras palabras, la Asamblea Nacional al promulgar una ley que señala, afirma y sostiene que su razón de ser es la inexistencia de imparcialidad en el poder judicial venezolano, se está firmando un cheque en blanco para que organismos internacionales puedan enjuiciar a la república fuera de su jurisdicción.
 
Esta ley entrega al país al mejor postor y sepan que hay mucho dinero de por medio, en arbitrajes internacionales estamos hablando de entre 30 y 50 mil millones de dólares. Esto sin contar los artículos que parecen trajes hechos a la medida de cada banquero, estafador, ladrón y traidor a la patria que se encuentran hoy prófugos de la justicia venezolana, pareciera que cada uno compró y mandó a hacer su propio artículo.
 
Se les nota la mala intención
 
Es ahora cuando se hace evidente el verdadero trasfondo de esta ley, la ley de amnistía más larga, amplia y difusa de la historia; la amnistía que a todas luces está hecha para violar la constitución con plena intención de seguir el camino del enfrentamiento político que derive en violencia; la amnistía que perdona más delitos económicos que políticos; la amnistía más apátrida que se haya redactado alguna vez. Los verdaderos propósitos de la oposición que redactó este proyecto son:
 
• Seguir provocando el enfrentamiento de poderes, para usarlo como argumento que alimente la ira de sus seguidores en el derrocamiento del gobierno, y que sirva para su campaña internacional de que Venezuela es un estado forajido.
 
• El enriquecimiento de algunos dirigentes de oposición que se dedicaron a vender artículos de esta ley a los ladrones prófugos de la justicia venezolana.
 
• La entrega de la soberanía jurídica nacional a intereses extranjeros, que promueva la activación de la carta democrática interamericana, con lo cual ya habrían cumplido todos los pasos para provocar una intervención extranjera a Venezuela.
 
En este sentido, la Ley de amnistía difícilmente puede contribuir a la paz en el país, y muchísimo menos a la reconciliación nacional. Su propósito es diametralmente opuesto al que debería y su trasfondo es tan oscuro que a muchos le costará creerlo. Quienes me conocen saben que no comparto la politiquería que practica la mayoría en la Asamblea Nacional, y que no hablo cuando no debo. Si me he tomado el tiempo para escribir estas palabras, es porque me preocupa enormemente el rumbo que ha tomado la oposición venezolana que hoy se orquesta desde el hemiciclo, y porque sé bien de lo que estoy hablando y me hago responsable por ello.
 
Si quieren hacer una ley de amnistía háganla, pero háganla bien y por el bien de la república, no en contra de ella. Comencemos por retomar la propuesta de una Comisión de la Verdad, hecha por el presidente Nicolás Maduro en su discurso anual ante la Asamblea el 5 de Enero, propuesta que hasta ahora ha sido ignorada por la oposición venezolana. Si queremos el camino del perdón y la reconciliación busquemos la verdad con justicia y sin intenciones ocultas. Encontremos el camino correcto para la política que nuestro país necesita, esa que es conducida por los valores y principios que hacen grandes a los ciudadanos y al país.