Pocos movimientos sociales pueden decir que han salido a protestar y que no han sido atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, organismo de choque y contención creado en 1999, en el marco de los procesos de modernización de la fuerza pública posibilitados por el Plan Colombia.

Su estructura es gruesa, integrada en la actualidad por más de 3.000 efectivos, sustentados en el presupuesto vigente de la Policía Nacional por una partida de 372 mil millones de pesos (1). El Esmad ha tenido un comportamiento represivo e intensivo en fuerza, más que preventivo, con desviaciones recurrentes hacia el abuso de autoridad.

En octubre de 2015, el Representante a la Cámara Alirio Uribe desarrolló un debate sobre el desmonte del Escuadrón, apoyado en unas cifras según las cuales entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual (2). Se advertía entonces que los guarismos presentaban un subregistro, porque la mayoría de las veces no se presentaban denuncias.

El énfasis en la represión del Esmad se explica por la mentalidad de la Guerra Fría que no ha podido superarse debido a la prolongación del conflicto armado, especialmente por la doctrina contrainsurgente que ha tendido a concebir la protesta social como un repertorio propio del “enemigo interno”. El desmonte de este cuerpo policial, por consiguiente, debería comprenderse dentro de una reforma estructural de la Policía que la desmilitarice y redefina sus funciones, particularmente que reemplace las prácticas orientadas a garantizar la seguridad nacional y el orden público por aquellas dirigidas a salvaguardar los derechos y libertades comprendidas en el concepto de seguridad ciudadana.

El mal uso de la fuerza

En muchas de las protestas en las que el Esmad ha actuado, en confusas situaciones han sido asesinadas varias personas (3). Se presume que algunas de estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas no convencionales y/o no autorizadas. Es el caso del estudiante de la Universidad Distrital Oscar Salas, muerto el 8 de marzo de 2006 por acción de una canica que le perforó el cráneo y se alojó en su cerebro (4), durante protestas acaecidas en la Universidad Nacional. Incluso varios casos de extrema gravedad han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ejemplo, el caso del niño Nicolás Neira, asesinado a golpes el 1 de mayo de 2005 mientras participaba en una manifestación en la Plaza de Bolívar en Bogotá (5); el del estudiante de la Universidad del Valle Jhonny Silva Aranguren, asesinado el 22 de septiembre de 2005 con un disparo en la nuca durante una protesta estudiantil, cuando agentes del Esmad ingresaron al campus de la Universidad (6); o el del indígena Belisario Camayo, asesinado en enfrentamientos con el Esmad, con tiros de fusil, el 10 de noviembre de 2005, cuando participaba en una ocupación pacífica de tierra en la hacienda “El Hapio”, en el Cauca (7). El 12 de octubre de 2008, cuando se desarrollaba la Minga indígena en el Valle del Cauca, una protesta criminalizada por el gobierno Uribe, quien afirmó que estaba infiltrada por las Farc, la Policía abrió fuego y cayeron asesinados 3 manifestantes.

Más recientemente, los colombianos fueron testigos de la represión desatada durante las distintas protestas desarrolladas en el 2013, todo lo cual parece indicar que el abuso de la fuerza es recurrente. Ese año, en el desarrollo del Paro Agrario y de las protestas en el Catatumbo, la represión pudo observarse tanto por los informes de los medios de comunicación como por el uso de las redes sociales y otras herramientas virtuales por parte de los afectados. Los videos que rotaban por Internet dejaban ver agentes del Esmad ejerciendo violencia contra mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad; haciendo uso indebido de armas como los gases lacrimógenos; abusando de su fuerza en contra de ciudadanos indefensos; utilizando armas no autorizadas o no convencionales e, incluso, persiguiendo a los ciudadanos hasta sus casas y destruyendo sus propiedades (8).

Con posterioridad varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, encabezadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, solicitaron una audiencia sobre el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en el marco de su periodo de sesiones 139. El informe presentado ante dicha instancia muestra unas cifras globales del período de protestas, entre el 11 de junio y el 7 de septiembre de 2013, según las cuales:

“902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Del total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas de fuertes golpizas, 329 que a causa de los ataques, resultaron con algún tipo de lesión y/o herida y 5 personas con heridas graves que les derivó incapacidad parcial o total. Es de resaltar que en 70% de los casos, las agresiones estuvieron acompañadas por otros tipos de violaciones […] existen al menos 3 casos de presuntas desapariciones forzadas” (9).

Según el mismo informe, la Policía fue responsable del 88,15 por ciento de los hechos denunciados (52% el Esmad, 1,22% la Seccional de Policía Judicial e Investigación, 35,48% la Fuerza Disponible); el Ejército, por su parte, fue responsable de un 1,55 por ciento de los casos, mientras en un 8,54 no pudo establecerse la responsabilidad.

Por otro lado, varias veces se ha denunciado el carácter letal de las armas que usa el Esmad. Si bien oficialmente instrumentos como el gas pimienta y las descargas eléctricas con pistolas tipo “taser” se conciben como de “letalidad reducida” (Resolución 02686 del 31 de julio de 2012), en varios de los casos antes mencionados se ha denunciado el uso de armas no convencionales, como pueden ser los cartuchos “recalzados” de gas lacrimógeno con diversos objetos como balines y bolas de cristal (10). En otros casos lo que se presenta es un uso inadecuado del armamento. Por ejemplo, en marzo de 2016 Javier Montañez, un transeúnte que pasaba por la calle 19 con carrera 7 de Bogotá mientras se desarrollaba una protesta de taxistas, resultó gravemente lesionado cuando un patrullero del Esmad le disparó un gas lacrimógeno en una de sus piernas (11).

La primacía de la seguridad nacional

El uso desmedido de la fuerza, palpable en el accionar del Esmad en los casos mencionados, se explica en buena medida por las consecuencias negativas que sobre la fuerza pública ha tenido la persistencia de un conflicto armado marcado por los imaginarios de la Guerra Fría. En particular, el énfasis en la seguridad nacional o del Estado y en la defensa del orden público propios de la doctrina contrainsurgente ha provocado la militarización de la Policía con tres efectos perjudiciales sobre su función de contención de la protesta.

Primero, ha impedido que las prácticas policiales concuerden con el discurso de la seguridad ciudadana que la Institución ha adoptado. Segundo, como es bien sabido, el sesgo contrainsurgente tiende a confundir el ejercicio del derecho a la protesta con un repertorio de acción ligado a la insurgencia armada y propio del “enemigo interno”. Tercero, indirectamente ha conducido a una politización de la Policía o, cuando menos, a un sesgo anticomunista y/o anti-izquierdista.

En efecto, aunque formalmente el Esmad hace parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en la práctica parece no obedecer a un concepto de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y orden público. En términos generales, la seguridad ciudadana, a diferencia del paradigma de la seguridad nacional, propende por la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos, lo que supone privilegiar acciones preventivas más que represivas. Los documentos oficiales y directrices de la Policía desde hace años han vinculado el concepto de seguridad ciudadana. No obstante, existe una contradicción entre el conjunto de principios que inspira tal concepto y el accionar del Esmad.

Por una parte, la protesta es reconocida como “un mecanismo legítimo y democrático, [que] permite a los ciudadanos manifestar sus necesidades ante el Gobierno nacional”, y se privilegia la función “en primera instancia, de garantizar el derecho de expresión de las personas y de la manifestación pública […] y en segunda instancia de mantener el orden, mediante el empleo adecuado de los medios de policía” (12). Además, la función de los agentes del Esmad está orientada a la “atención, manejo y control de multitudes (13), para lo cual reciben permanentemente distintos tipos de entrenamiento, formación en derechos humanos y “sicología de masas”.

Por otra parte, sin embargo, podemos ver que de entrada existe un sesgo muy complicado en un contexto como el colombiano: se confunde la protesta con disturbios, motines y otras conductas de masas o “multitudes”. La confusión entre protesta y disturbio es un prejuicio ampliamente difundido en el sentido común y en los medios masivos de comunicación, cuando no utilizado estratégicamente para criminalizar la protesta. En el fondo, ello evidencia la permanencia de una mentalidad propia de la Guerra Fría que ha militarizado la función policial y que lleva a ver cualquier protesta como un acto que atenta contra el orden o se asocia a la insurgencia armada y, por consiguiente, a identificar a quien protesta con un “enemigo” al que se debe doblegar, en lugar de concebirlo como un ciudadano al que se debe proteger en tanto ejerce un derecho.

El necesario desmonte

Los antecedentes serían argumentos suficientes para sustentar el necesario desmonte del Esmad, sobre todo ante la inminencia de un posacuerdo de paz. Sin embargo, en el mencionado debate del Representante Alirio Uribe, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que si bien habría que realizar unas reformas, el Esmad debía fortalecerse doblando el número de integrantes (14).

Por el contrario, existen varias razones para afirmar que es necesario desmontar este cuerpo policial en lugar de simplemente reformarlo. Tal desmonte debería contemplarse como una reforma más profunda de la Policía, que la desmilitarice y redefina sus funciones, de tal manera que adopte los principios de la seguridad ciudadana y abandone el sesgo de la seguridad nacional, el orden público y la doctrina contrainsurgente.

Para empezar, la existencia del Esmad no parece ser funcional para el Estado, pues su accionar altamente represivo deslegitima la democracia, el gobierno de turno e instituciones como la Policía Nacional. Incluso se ha llegado a extremos como durante el paro agrario de 2013, cuando el presidente Santos tuvo que pedir disculpas por las agresiones de dicho cuerpo (15). Pero tampoco es funcional para la ciudadanía, puesto que como se ha argumentado sus acciones no se orientan a proteger derechos, como debería ser sino, por el contrario, a limitarlos.

Además, el Esmad tiene una carga simbólica profundamente negativa, pese a los esfuerzos hechos por mejorar su imagen, por ejemplo mediante la integración de una división de mujeres. La presencia del Esmad en las manifestaciones de protesta, debido tanto a la memoria negativa que ha acumulado como a su indumentaria y disposición al ataque, tiende a verse en sí misma como el ejercicio de una violencia simbólica. Por lo tanto, una reforma difícilmente contribuiría a legitimar la Institución. El problema no radica en cambiar el nombre de la estructura, sino en una transformación radical de sus procedimientos. Un viraje desde la represión hacia la prevención contribuiría a reducir la violencia ligada a la protesta social en Colombia, que como es obvio no solamente afecta a la ciudadanía, pues la Policía también ha puesto una inútil cuota de víctimas fatales. Entre ellas, los patrulleros Ramiro Andrés Soto, asesinado el 4 de abril de 1999 por el impacto de una “papa bomba” en su cabeza en medio de enfrentamientos en la Universidad Nacional, y Jorge Hernán Lenis Pacheco, quien falleció enfrentando protestas indígenas en el Cauca, cuando una esquirla le perforó el tórax, el 30 de noviembre de 2006.

En el convulsivo contexto del conflicto armado, se ha demostrado que la contención de la protesta preventiva funciona con más eficacia que la represiva. Por ejemplo, durante las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en Bogotá en el segundo semestre de 2011, la entonces alcaldesa encargada, Clara López, estableció acuerdos con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para disminuir tanto la afectación que sus manifestaciones causaban a terceros, principalmente a la movilidad en la ciudad, como al manejo policial de la protesta. En este sentido, se implementaron medidas como pactos de no agresión con la fuerza pública y un muro instalado en la Plaza de Bolívar con el propósito de ser usado como espacio de expresión para que los manifestantes no afectaran con grafitis las paredes aledañas. El resultado fue una notable disminución de las expresiones de violencia, tanto por parte de los manifestantes como de parte de la Policía.

Un enfoque preventivo haría posible además reducir los altos costos operativos del Esmad, incluso sin contar con los costos que acarrea su defensa judicial. Como informó el periodista Daniel Coronell (16), los gastos de la represión parecen servir únicamente a la industria de “armas no letales”, de las que nuestro país es uno de los principales clientes en el mundo. Tales recursos podrían reorientarse hacia otras necesidades que el posacuerdo generará para la fuerza pública, como puede ser la formación y profesionalización del personal.

Dicho enfoque preventivo necesariamente debería estar acompañado de una reforma a la normatividad sobre el derecho a la protesta. La legislación actual, sobre todo la ley 1453 del 24 de junio de 2011, también privilegia la salvaguarda del orden público y la seguridad nacional sobre los derechos ciudadanos. El ejercicio de la protesta muchas veces implicará una colisión de derechos, por ejemplo cuando se realizan bloqueos de vías públicas penalizados por la ley. Por consiguiente, es necesario establecer regulaciones juiciosas de tiempo, modo y lugar, de tal manera que los actos violentos no puedan utilizarse como excusa para anular el derecho a la protesta, pues pueden individualizarse, sin impedir la expresión a aquellos colectivos que en ciertas situaciones sólo tienen como recurso la protesta para hacer escuchar su voz.

En fin, la construcción de la paz en un escenario del posacuerdo implica en lo fundamental expulsar en forma definitiva la violencia de la política, lo que equivale a garantizar los derechos políticos no sólo de quienes se desmovilicen de las guerrillas sino de todos los ciudadanos. En consecuencia, supone una apertura de todos los canales para asegurar que el sistema político tramitará por la vía institucional las demandas de la ciudadanía. En un eventual posacuerdo de paz habrá mayores expectativas e incentivos para la protesta social. Por lo tanto, la persistencia del enfoque represivo e intensivo en fuerza que encarna el Esmad podría frustrar la construcción de la paz.

Artículo del autor, tomado de Resumen Latinoamericano