El 23 de marzo es una fecha que no ha sido indiferente para nadie, ni en Colombia ni en el continente. No sólo para una inmensa mayoría del pueblo colombiano, que se aferra al anhelo de que esta vez un acuerdo de paz abra las puertas a un real desescalamiento del conflicto. También para los sectores escépticos que miran con desdén el proceso de paz de La Habana. Pero, particularmente, para los enemigos de la paz, que ven en esta fecha un punto ideal para tratar de sabotear las negociaciones.

Desde hace un par de meses, no era un secreto que la firma del acuerdo sobre el Fin del Conflicto, punto decisivo de la agenda de negociaciones, no se daría en esta fecha. En varias oportunidades Timoleón Jiménez, máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo había sostenido, exponiendo razones para sustentar que era precipitado pensar que se llegaría a la definición de la agenda el 23M.

El mismo hecho de que se tuviera que renegociar el acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz, concretado en diciembre, daba por lógica una postergación del pacto definitivo para el Acuerdo General para la terminación del conflicto. Lejos de ser un punto de inflexión para el transcurso del proceso, de lo que se ha discutido y de lo que se ha acordado, el 23M debe ser un referente para tomar el pulso de la percepción que tienen los colombianos sobre los Diálogos de La Habana.

El episodio del corregimiento de Conejo, en el Departamento de la Guajira, trató de frenar el curso de las negociaciones. El Gobierno colombiano esgrimió que lo que habían hecho las FARC en ese momento era más propio del proselitismo que de una socialización de los Diálogos de La Habana. La guerrilla, en su lugar, arguyó que se trataba de hacerle conocer a la comunidad en qué consistía el proceso. Lo que molestó, ciertamente, fue el modo en que hicieron aparición los guerrilleros en esa población, con indumentaria militar y armados. La pregunta que surge es ¿de qué otra manera se debió haber hecho, si el punto sobre el abandono de las armas aún no se ha pactado?

La pedagogía para la paz es clave para que los colombianos conozcan cuáles han sido las decisiones tomadas, qué es lo que se discute en La Habana y qué implicación tiene en la vida nacional. Pues el proceso de paz no es exclusivo de la insurgencia y el Estado. Lo que se defina en Cuba tiene una implicación directa para el conjunto del pueblo colombiano.
No es arriesgado afirmar que lo que se conoce en Colombia sobre el proceso de paz de La Habana entre el Gobierno y las FARC, en gran parte ha corrido por cuenta de los medios de comunicación, especialmente de los privados, que son los más influyentes en la opinión pública del país. A juzgar por el tratamiento que han hecho esos medios del conflicto armado, en muchos casos desconocido, y definida la guerra casi siempre como un accionar de grupos terroristas contra las instituciones del Estado, es lógico ver la incertidumbre en el pueblo colombiano sobre los diálogos de paz.

La denominada pedagogía para la paz ha sido un ejercicio restringido a los campamentos guerrilleros, por parte de las FARC, y a unas cuantas universidades privadas y estamentos del Estado, por parte del gobierno. Si la aplicación de cada uno de los acuerdos alcanzados en La Habana pasa por la aprobación o no del pueblo colombiano, es de sospechar cuál será el resultado de la consulta, si lo que reina en torno al proceso de paz es el conocimiento nulo del mismo. Es desconsiderado someter a los ciudadanos a emitir una opinión sobre lo que desconoce, no entiende, y no logra imaginarse respecto del provecho de alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla más fuerte del  país.

La divergencia en la refrendación de los acuerdos es uno de los más complejos retos del actual proceso de paz. Poner en marcha lo pactado en La Habana enfrenta dos posiciones de procedimiento: de un lado, el Gobierno colombiano quiere el modo de implementación sea a través de un plebiscito. Para las FARC, el proceso merece la celebración de una nueva Constitución para Colombia. En cualquiera de los dos casos, implica consultar a los colombianos cómo aplicar los acuerdos. El interrogante es, qué tan enterado está el pueblo colombiano como para tomar una decisión de esta magnitud.

Mientras aun hoy muchos opinadores se lamentan sobre qué falló para que no se concretara el acuerdo final el 23M, los enemigos de la paz calculan sacar ventaja de una fecha calendario cualquiera. El uribismo ha convocado para el próximo 2 de abril una marcha para patear la mesa de diálogos. El ex Presidente -y hoy Senador- y sus aliados tratan de sacar músculo político con un supuesto acompañamiento popular contra el proceso. Sin saber cuál sea la asistencia a las movilizaciones, lo cierto es que no se trataría de personas enemigas de la paz, sino de ciudadanos muy mal informados sobre el proceso, que seguramente no aprueban el modo en que el gobierno de Juan Manuel Santos ha gestionado una solución política del conflicto armado.

Por eso es preciso insistir en la ampliación de un radio de difusión a través de la pedagogía para la paz, de lo que se está haciendo en Cuba. El conjunto de la sociedad colombiana debe conocer con urgencia lo que se está haciendo para lograr la paz. Aspectos como este, y la reactivación de todo el poderío paramilitar, siguen siendo la Espada de Damocles sobre los diálogos. En su nueva faceta, bajo el eufemismo de bandas criminales –bacrim- el paramilitarismo sigue sembrando el terror en varios territorios del país.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, al menos 80 municipios de Colombia hoy padecen la hegemonía del paramilitarismo. Asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y detenciones ilegales, han sucedido en varias regiones de Colombia. Quién puede imaginar que una paz así pueda ser posible.