Obama aún tiene que cumplir la promesa que hizo el 22 de enero de 2009 en su orden ejecutiva para cerrar la Base de Guantánamo, "no más tarde de un año desde la fecha de esta orden". Las personas que queden allí en el momento del cierre, Obama escribió: "serán regresadas a su país de origen, liberados, transferidos a un tercer país, o transferidos a otro centro de detención en Estados Unidos, de una manera consistente con la ley y los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos".

Después de amenazar con vetar el proyecto definitivo de la Ley Anual de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), en parte debido a que prohíbe el traslado de detenidos de Guantánamo a Estados Unidos y refuerza las barreras para enviarlos a otros países, Obama cedió. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Obama firmaría la legislación, que aprobaron por abrumadora mayoría la Cámara y el Senado. Bernie Sanders fue uno de los tres senadores que votó en contra del proyecto.

Casi siete años después de la promesa de Obama, 112 hombres permanecen en Guantánamo, la mitad de los cuales han sido aprobados para su liberación. Obama ha liberado a 54 presos y está revisando casos de otras personas.

En marzo de 2011, Obama designó a 46 hombres para permanecer en detención indefinida sin juicio, pero prometió una revisión periódica de sus casos. La detención arbitraria viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado que los Estados Unidos ha ratificado, por lo que es parte de la ley del país bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Las revisiones periódicas no comenzaron hasta noviembre de 2013, impulsadas por las huelgas de hambre en la prisión. Las revisiones continúan realizándose. Como resultado de estas revisiones 14 hombres más calificaron para ser liberados y cinco de ellos ya han sido puestos en libertad.

En abril de 2013, Obama dijo: "Creo que es muy importante entender que Guantánamo no es necesario para mantener más seguro a Estados Unidos...nos perjudica en términos de nuestra posición internacional...es una herramienta de reclutamiento para extremistas. Tiene que ser cerrado". Sin embargo, sigue abierta.

Una de las restricciones a la transferencia requiere que el Secretario de Defensa notifique al Congreso 30 días antes de la transferencia, que sería bueno para la seguridad nacional. Pero para evitar ser personalmente responsable si un detenido se convirtiera en terrorista, el ex Secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha vacilado en permitir transferencias. En realidad, sólo siete por ciento de los detenidos liberados durante el mandato de Obama regresaron a actividades terroristas, en comparación con el 19 por ciento durante la presidencia de Bush.

Según los informes, Obama está preparando un plan para acelerar la transferencia de la mitad de los prisioneros de Guantánamo restantes a sus países de origen o a otras naciones dispuestas a recibirlos. El plan también establece nuevos protocolos de seguridad para evitar que los detenidos regresen a actividades terroristas, una vez liberados.

Los expertos militares están llevando a cabo encuestas en las cárceles de Estados Unidos para un posible traslado de detenidos. Incluyen la prisión militar del Fuerte Leavenworth, Kansas; ‘The Naval Consolidated Brig’, en Charleston, Carolina del Sur; y la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos en Florence, Colorado.

A pesar de la NDAA, Obama tiene el poder de cerrar Guantánamo. El ex consejero de la Casa Blanca Gregory Craig y Cliff Sloan, ex enviado especial para el cierre de Guantánamo, sostienen, "el Presidente no necesita la autorización del Congreso para actuar". Escribieron en el Washington Post: "En virtud del artículo II de la Constitución, el Presidente tiene la facultad exclusiva de regular las instalaciones en las que se encierran a detenidos militares...la determinación del lugar donde se los detiene es un juicio táctico básico del papel del Presidente como Comandante en Jefe".

De acuerdo con Craig y Sloan, "la supuesta prohibición del Congreso sobre la financiación de cualquier movimiento de los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos restringe donde los detenidos por "ley de guerra" se puedan detener y evita que el Presidente desempeñe su función constitucionalmente asignada de tomar decisiones tácticas militares. En consecuencia, viola la separación de poderes".

El teniente coronel David Frakt, que ha representado a detenidos de Guantánamo ante las comisiones militares y en los procedimientos de habeas corpus federales, está de acuerdo. "Cuando el Gobierno de Obama realmente quiere transferir a un detenido, es capaz de hacerlo", escribió el JURISTA. Dijo que Obama debería instruir a su Fiscal General para que informe a la Corte del Circuito de Apelaciones del DC, que el Departamento de Justicia no considera que los detenidos absueltos sean sujetos de detención.

El coronel Morris Davis, ex Fiscal Jefe de los Juicios de terrorismo en Guantánamo, personalmente acusó al chofer de Osama bin Laden, Salim Hamdan, al australiano David Hicks, y al adolescente canadiense Omar Khadr. Los tres fueron declarados culpables y han sido liberados de Guantánamo. "Hay algo fundamentalmente mal con un sistema en el que no ser acusado de un delito de guerra te mantiene encerrado indefinidamente y la convicción por un crimen de guerra es tu boleto a casa", Davis escribió a Obama.

Muchos de los detenidos denunciaron haber sido agredidos, sufrieron encadenamiento prolongado, abuso sexual y amenazas con perros. El abogado australiano Richard Bourke, que ha representado a varios detenidos en Guantánamo, ha acusado de que han sido sometidos a la buena "tortura a la antigua". Los detenidos que participan en huelgas de hambre son sometidos a alimentación forzada, una práctica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al menos siete hombres han muerto en el campo de prisioneros.

Los Estados Unidos han ocupado ilegalmente Guantánamo desde 1903, después de la guerra de Independencia de Cuba contra España. Cuba se vio obligada a incluir la Enmienda Platt en la Constitución Cubana. La enmienda concede a Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba como un requisito previo a la retirada de las tropas estadounidenses del resto de Cuba. Esta disposición proporciona la base para el Acuerdo de 1903 sobre Carboneras y Estaciones Navales, que dio a Estados Unidos el derecho a utilizar la bahía de Guantánamo "exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro propósito".

El presidente Franklin D. Roosevelt firmó un nuevo tratado con Cuba en 1934 que permite a los Estados Unidos permanecer en la Bahía de Guantánamo hasta que los EE.UU. abandone o hasta que Cuba y los Estados Unidos estén de acuerdo en modificar su arreglo. Según ese tratado, "los acuerdos establecidos en [1903] con respecto a la estación naval de Guantánamo continuarán en vigor". Eso significa que la Bahía de Guantánamo no se puede utilizar para otra cosa que carboneras o estaciones navales. El artículo III del Tratado de 1934 también dice que Cuba arrienda la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos, "para carboneras y estaciones navales". En ninguna parte de cualquiera de los tratados, Cuba da a los EE.UU. el derecho de utilizar la bahía de Guantánamo como un campo de prisioneros.

El ex presidente cubano Fidel Castro ha mantenido durante mucho tiempo que Guantánamo es parte de Cuba y que los EE.UU. la ocupa ilegalmente. Uno de los requisitos del Presidente cubano Raúl Castro para la normalización de las relaciones con los Estados Unidos es la devolución de Guantánamo a Cuba.

Si hay causa probable para creer que un detenido ha cometido un delito, este debe ser enviado a Estados Unidos para que sea juzgado en un Tribunal Federal. Los detenidos restantes deben ser devueltos a sus países de origen o a terceros países si eso no es posible. Después de cerrar completamente el campo de prisioneros, Obama debería devolver la Bahía de Guantánamo a Cuba, su legítimo propietario.

**Marjorie Cohn es profesora en Thomas Jefferson School of Law, ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, y Subsecretaria General de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Su libro más reciente es "Drones y asesinato selectivo: Derecho, Moral y cuestiones geopolíticas" Ver www.marjoriecohn.com