El viernes 21 de mayo, Raúl Zibechi publicó en La jornada de México un artículo que se titula: “Chile: la convención constitucional puede ser la tumba de la revuelta”. Allí menciona que “en América Latina hubo tres nuevas constituciones en pocos años” y curiosamente “se olvida” de la venezolana de 1999 que marcó el inicio del proceso emancipatorio del siglo XXI en Nuestra América. A continuación pone en la misma bolsa los procesos constituyentes realizados en un país con terrorismo de estado continuado hace 70 años con otros dos emanados de intensas luchas y participación popular: Colombia, en 1991; en Ecuador, en 2008, y en Bolivia, en 2009. Pero además el autor afirma que en los dos últimos casos en los que se escribieron “capítulos bien interesantes”: sobre la naturaleza como sujeto de derechos en la ecuatoriana, y sobre la refundación del Estado, en la boliviana, no se cumplieron esas aspiraciones. Para luego seguir argumentando falsamente que durante los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia “el neoliberalismo extractivista continuó despojando a los pueblos de los bienes comunes, y la situación concreta de los pueblos originarios y de los sectores populares no hizo más que empeorar”. Sobre la profundización del extractivismo y los grados de avances, posibilidades y dificultades en los procesos de diversificación de la matriz productiva -heredada desde la colonia y los estados nacionales dependientes que luego forjaron las élites latinoamericanas-, durante los gobiernos progresistas ya se ha discutido bastante. 

A esta altura en la que la historia transcurrida nos permite hacer comparaciones de las experiencias progresistas en posición de gobierno con aquellos gobiernos de derecha, en algunos casos neofascistas, que los desalojaron en su mayoría por golpes de estado -a excepción de Argentina, Ecuador y Uruguay, en el que se valieron de traiciones o mentiras para ganar las elecciones (en el caso de Macri: pobreza 0, inflación nunca mas, entre otras; en el caso de Ecuador traición pura pues su pueblo votó por la continuidad del programa de la Revolución ciudadana)-, no solamente podemos valorar los indicadores de la calidad de vida sustancialmente mejorados en Bolivia y en Ecuador mientras gobernaron las fuerzas políticas mayoritarias y protagónicas de los procesos constituyentes, para atenernos a los casos que menciona Zibechi, sino que si comparamos con lo que vino después la valoración se agiganta. Es una vulgar mentira que empeoraron las condiciones de vida de “los sectores populares y de los pueblos originarios” (no sabemos por qué los distingue). En 2015 en Bolivia se había reducido a la mitad la tasa de pobreza extrema respecto de 2005: de un 38,2% se pasó a un 17,8 %; en el mismo lapso el Índice de Gini que mide la desigualdad bajó de 0,60 a 0,47 y la tasa de desempleo de 8,1% a 3,5% solo por mencionar algunos indicadores. A su vez en Ecuador, el indicador de la tasa de pobreza multidimensional se redujo de 51,5% en diciembre de 2009 a 35% en diciembre de 2015. Y la tasa de pobreza extrema multidimensional pasó de 26,6% en 2009 a 14,8% en 2015. Al tiempo que bajaba la pobreza se reducía la desigualdad, entre 2006 y 2011, de 0,54 a 0,47 —Índice de Gini— y la relación de ingresos entre el 10% de la población más rico y el 10% más pobre cayó 10 puntos, de 27,7 a 17,8.

A lo que habría que agregar el impacto en las condiciones de vida que tiene la creación de escuelas y universidades, las mejoras en el transporte público (como los teleféricos en La Paz, Bolivia) la conectividad (tan fundamental hoy en pandemia), los ingresos, y el reconocimiento simbólico del valor de la vida como humanidad plena y emancipada y no como siervos de una élite racista que se encaramó, en el caso de Bolivia durante un año en el gobierno blandiendo la cruz, la espada y quemando Wiphalas, con la ilusión falsa de echar atrás el empoderamiento de los pueblos después de 14 años de demandas reconocidas y efectivizadas mediante políticas de estado.

En el caso de Colombia no nos dicen mucho los fluctuantes indicadores sociales de desempleo y pobreza cuando la población y sobre todo su activismo social y político es masacrado sistemáticamente directa o indirectamente por el narcoestado y sus fuerzas militares y paramilitares. En todo caso bastaría con señalar que estamos hablando del país con mayor número de desplazados en el mundo: casi 8 millones oficialmente reconocidos, cifra superior a los desplazados en Oriente Medio y sobre todo en Siria, en el marco de una guerra de más de diez años. 

Habiendo descartado estas falsedades que se toman como punto de partida podemos referirnos a otros debates que subyacen a la idea que vuelca Zibechi en el título mismo del artículo en cuestión. Cada vez que en Nuestra América atravesamos por oleadas de procesos insurreccionales espontáneos y populares contra gobiernos de las derechas neoliberales escuchamos las voces del grupo de intelectuales que se autocalifican como autonomistas invitando a las masas y a los movimientos sociales a abandonar la idea de la toma del poder. Bien lo sintetizaba allá a principios de 2000 John Holloway con su idea de cambiar el mundo sin tomar el poder. El romanticismo exacerbado por las experiencias de base que protagonizan los sujetos activos en los momentos insurreccionales pretende eternizar la dinámica asamblearia incitando al renunciamiento a la disputa de poder y la organización y articulación necesarias para ello.

Las alianzas con organizaciones político sociales, sindicales o partidarias del campo popular que incluye a todas las fracciones desalojadas por las políticas de concentración de los ingresos necesita a su vez de distintas instancias para dar la disputa en todos los terrenos. Denostar los enormes desafíos venideros que les espera a lxs genuinxs representantes de la lucha del pueblo chileno y mapuche cuando la lucha de clases penetra las instituciones es, cuando menos, renunciar a un escenario de batalla que en el siglo XXI nuestroamericano abrió las puertas de las alamedas en varios países (que atravesamos y/o aun nos mantenemos) del ciclo progresista del que Chile no disfrutó.

El discurso basista y el falso autonomismo disgrega, fragmenta y neutraliza la energía popular hacia una esterilidad diluyente invitando a los movimientos sociales a permanecer anclados en su territorio y regalar los dispositivos de control sobre todos los aspectos de nuestras vidas a los de siempre, sí, así con la “O” patriarcal: a las élites que administran la reproducción subordinada del capital local al capital concentrado trasnacional.

La fobia al “virus estatista” invita a renunciar a toda disputa del poder del estado, en una etapa en la que los movimientos populares ejercen esa lucha en las calles mostrando su fuerza pero también, y gracias a ello, se abre la confrontación institucional por la conducción de los aparatos de poder que construyen hegemonía y monopolizan la violencia entre otros elementos de la vida en común. Pero sobre todo, porque atendiendo a la naturaleza del estado es desde ahí que se puede transformar la realidad de las grandes mayorías populares.

El renunciamiento a la disputa de poder alimenta la permanente inoculación de antipolítica o despolitización de masas que pretenden los miembros del establishment para seguir gobernando y decidiendo. La pretendida autonomía (mal) entendida como automarginación de cualquier construcción sindical, partidaria o de una eventual gestión estatal de un gobierno progresista -visto en clave weberiana como maquinaria de burocratización indefectible- es la que puede conllevar al pesimismo de un callejón sin salida. Y no, como lo señala Zibechi, la participación en la Convención Constituyente de quienes han accedido por el voto popular como fieles representantes de la insurrección, quienes pusieron el cuerpo en las calles, y que, de seguro, lo seguirán poniendo. La lectura dicotómica del autor de: o la calle o el parlamento, no aplica para momentos de transición en los que la lucha de clases se expresa en parte por dentro de las instituciones a fuerza de calle y de organización popular. Muy bien saben lxs chilenxs que no pueden abandonar las calles y que deben reflejar en el nuevo texto constitucional la correlación de fuerzas que se manifestó a partir de octubre de 2019. Sacarse de encima la camisa de fuerza de la constitución pinochetista que otorga blindaje a la mercantilización de la vida de lxs chilenxs y la privatización de sus bienes naturales y sociales permitirá la posibilidad jurídica de reconocer las demandas defendidas con sus cuerpos en las calles. Y un gobierno popular que vendrá a partir de noviembre de la mano de gestar mas y mas unidad, articulación y confluencia -y no fragmentación y abandono de disputa del poder como incentiva esta clase de intelectuales- sustentadas con el pueblo en la calle, será el que garantice que los intereses populares que se pongan en juego en el escenario de la Convención Constituyente se conviertan en políticas de estado.

La Convención Constituyente mas allá de las trampas con las que nació y que fueron -hasta ahora- sorteadas con éxito por la fuerza de las luchas populares, es parte de un proceso que arrancó en octubre de 2019 (y que tiene sus raíces en las batallas del pueblo mapuche, el movimiento estudiantil y No Más AFP, y de trabajadores portuarios, entre otrxs) que catapultó la insurrección popular con toda su rica diversidad y heterogeneidad a la disputa del poder del estado. Lucha que deberá fortalecerse afuera y adentro de las instituciones y que será la que cave la tumba del neoliberalismo que hace casi medio siglo gobierna Chile. Ayudemos desde todas las trincheras a que esa lucha crezca y florezca.