Ceará es el primer estado brasileño en adoptar la Ley Zé María do Tomé contra la pulverización de agrotóxicos en cualquier producción y, por tanto, una plataforma legal a favor de la salud pública y de la protección ambiental.

En diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa de esa región aprobó el proyecto de ley 18/15, de la autoría de Renato Roseno, abogado en derechos humanos y justicia socio-ambiental, y diputado estadual del Partido Socialismo y Libertad.

Suscrita también por los diputados Elmano de Freitas, del Partido de los Trabajadores y Joaquim Noronha, del Partido Republicano Progresista, el proyecto se convirtió en la Ley Estadual 16.820/19, con la firma del gobernador Camilo Santana.

Datos difundidos por la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria revelan que casi 20 por ciento de los agrotóxicos, manejados por el método de pulverización aérea, viajan fuera de la región de aplicación; el suelo retiene 50 por ciento y solo el restante alcanza efectivamente el área.

Otras investigaciones muestran que esa técnica, en particular, deposita residuos altamente tóxicos en el suelo, la atmósfera y las aguas superficiales y subterráneas, contamina el ambiente y causa daños a la salud de las personas.

La ley, definida como una conquista de los movimientos sociales, enfrenta actualmente un gran desafío: empresarios vinculados al agronegocio y el Ministerio de Agricultura unen fuerzas contra esa prohibición y amenazan cuestionarla judicialmente, bajo el pretexto de perjuicios económicos y la destrucción de 2000 empleos.

“Todavía no existe un intervalo de tiempo para avalar el impacto de la ley.  No obstante, la reacción de inconformidad de los sectores empresariales demuestra que la situación del entorno debe mejorar. Se ha intensificado el debate sobre el fracaso de ese modelo de agricultura capitalista”, comentó a Telesur, Rameres Reies, profesor de historia de la Universidad Estadual de Ceará.

Génesis de un conflicto

Durante las dos últimas décadas, el agronegocio en ese estado recibió incentivos fiscales del gobierno, infraestructura, seguridad hídrica y proyectos destinados a la concentración de tierras, tras el aumento de la exportación de materias primas, especialmente frutas.

En entrevista exclusiva con Telesur, Renato Roseno, afirmó que en ese periodo numerosas empresas de capital norteamericano y centroamericano  ocuparon territorios nobles desde el punto de vista de la calidad del suelo y el acceso al agua.

“El antiguo campesinado que habitaba esos espacios pasó a disputar el agua y la tierra con el agronegocio, provisto de un poder político y económico muy grande y con un paquete tecnológico basado en el uso intensivo de fertilizantes químicos, venenos, agrotóxicos y monocultivos, todo eso para favorecer la agricultura de exportación”, subrayó Roseno.

El campesino se convirtió entonces en proletario rural, un “nuevo sujeto pauperizado y precarizado”. En el caso de cultivos como la banana, uno de los principales en la región, se empleaban fungicidas aplicados por aviones, prohibidos en países del área, entre ellos, Panamá y Costa Rica, ya que generaban profundos daños en el medio ambiente.

La Fundación Oswaldo Cruz y la Universidad Federal de Ceará expusieron estudios sobre la contaminación en la sangre de los agricultores y el aumento de neoplasias, cáncer, malformaciones fetales y mutación genética. “La incidencia de cáncer infantil llegaba incluso a ser 60 por ciento superior en los territorios afectados por el agronegocio que en otras localidades”

Por esos y otros problemas, en 2009 el Parlamento Europeo prohibió la práctica de la pulverización área en las naciones de la Unión Europea y adoptó una serie de medidas de protección de los ecosistemas, en especial el acuático.

Concientización sobre el problema

La concentración de la tierra, disputas, ilegalidades, proletarización rural y los problemas ambientales, generaron la consolidación de movimientos sociales contrarios al agronegocio y favorables a la soberanía alimentaria de las comunidades. En este sentido, la lucha contra la pulverización aérea, ganó centralidad y simbolismo.

Frente a ese avance o modernización destructiva, en poblados como Limonero del Norte, los trabajadores se organizaron. Uno de sus líderes, el pequeño agricultor Zé María do Tomé, fue asesinado el 21 de abril de 2010, con más de 20 tiros. Hasta el momento ni los mandantes ni los ejecutores fueron juzgados.

El abogado y líder de la bancada del Partido de los Trabajadores en Ceará, Elmano de Freitas señaló a Telesur que también, unido a la ley,  presentaron una enmienda, pues el gobierno anterior permitió la pulverización aérea para el control de arbovirosis y epidemias.

“La ley prohíbe, además, la pulverización para campañas de salud en zonas residenciales y áreas urbanas. Esa fiscalización permite que las personas sean multadas. En junio próximo, realizaremos un acto nacional para que en otros estados conozcan y se implemente ese mecanismo legal”, informó.

Para Roseno es un paso y una victoria que merece ser celebrada, cuidada, cultivada y expandida, sin embargo, es un triunfo parcial, “tenemos hoy un gobierno promotor de la liberación de agrotóxicos. El año pasado se concedieron licencias para cerca de 30 nuevos productos. En los primeros 120 días de este año, prácticamente se liberó un químico por jornada”, advirtió.

La lucha, reconoció, se encamina en tres frentes: la prohibición de venenos—existen 22 sustancias químicas vedadas en otros países del mundo y utilizadas en Brasil—, la imposición de gravámenes estaduales a los agrotóxicos, pues en la actualidad en Ceará no pagan impuestos, y el fortalecimiento de las alternativas agroecológicas populares y campesinas, socialmente justas.

Desafíos para la agroecología

Desde el 5 mayo de 2014, las 120 familias del Campamento Zé María do Tomé del Movimiento Sin Tierra, ubicado en la Chapada de Apodi, han enfrentado 6 intentos de expulsión y los desafíos de transitar hacia la agroecología, en un área controlada por empresas favorables al empleo de químicos.

Según declaró a Telesur, Iris Carvalho de la Dirección Estadual del MST,  “estamos cercados por empresas que extraen las vitaminas y los minerales de nuestro suelo, nuestra agua y envían todo para Europa y Estados Unidos y aquí solo queda la devastación”.  

El terreno ocupado comprende alrededor de 1500 hectáreas. Recibió también el nombre del líder campesino como homenaje a su resistencia ante el avance de los agrotóxicos en la región, su denuncia tras la aparición de alergias y enfermedades de la piel en los niños y la manipulación incorrecta de fertilizantes químicos.

Mónica Oliveira, moradora del asentamiento, indicó que si bien trabajan a diario con la producción sin veneno está no es 100 por ciento agroecológica. “Existen pesquisas que demostraron la contaminación del agua del subsuelo debido al uso constante de químicos por empresas como Del Monte.

La venta y exposición de productos diversificados y diferenciados les ha permitido el diálogo y el contacto directo con otras comunidades, “con esas iniciativas pretendemos incentivar a las personas a eliminar los pesticidas de los ciclos productivos por el bien común de la sociedad”, recomendó Mónica Oliveira.

El abogado brasileño Renato Roseno indicó, asimismo, que el capitalismo no soporta límites democráticos, ni de derechos humanos y tampoco ambientales. “No es un sistema con sentido y valores éticos. Su único propósito es la acumulación. De ahí que los medios de la naturaleza sean transformados en bienes económicos”

A su juicio, la principal herramienta es la conciencia. “Nuestra fuerza está en el pueblo organizado. El Movimiento Sin Tierra, los trabajadores de la Chapada, los grupos ambientalistas son los verdaderos portavoces y los coautores de esta Ley Zé María do Tomé. Ninguna victoria es individual”.

*Danay Galletti Hernández, corresponsal de teleSUR en Brasilia.