La entrada en Wikipedia dice que, oficialmente, a la ciudad de Buenaventura (Colombia) se le denomina “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura”. “Aparte de esto –continúa la entrada- es el municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca”.

Entre esta descripción y el nombre uno pensaría que se trata de un lugar paradisíaco localizado a las orillas del pacífico colombiano. Y de alguna manera lo es. Solo que los paramilitares, narcotraficantes, políticos, autoridades y poderosos empresarios de la zona, se han empeñado en convertirlo en un verdadero infierno.

Buenaventura hoy es noticia porque su población encabeza un paro contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de una acción que ya habían practicado antes exigiendo seguridad. En este caso, sin embargo, la demanda pasa porque se decrete una emergencia económica, dados los altos índices de desempleo y pobreza de la zona. Pero la respuesta del gobierno fue un toque de queda para reprimir la protesta. Lo que contrasta abiertamente dicho sea de paso con sus “preocupaciones” en torno a la supuesta violación a los derechos humanos y la libre protesta en Venezuela, siendo el caso que el gobierno venezolano – enfrentando una situación de terrorismo callejero oposicionista-  no ha recurrido todavía a tal extremo.

Ahora, este evento excepcional que más allá del colaboracionismo de los grandes medios con el gobierno de Santos atrajo la atención de la opinión pública mundial, no se entiende si no se le analiza sobre el contexto de un drama cotidiano generalmente ignorado por dicha opinión pública. Y cuando decimos drama no estamos exagerando y más bien puede que nos quedemos cortos, en la medida en que no existen calificativos que sirvan para describir a plenitud lo que ocurre en Buenaventura.

Y es que Buenaventura como decíamos, hoy día es víctima del ensañamiento de los señores del dinero y de las armas. Y no estamos hablando solo de los paramilitares y narcotraficantes, sino también y sobre todo de los señores ligados a la política y el poder económico formal. De hecho, esto es lo primero que hay que aclarar. Ya que contrario a lo que reza la matriz de medios como la revista SEMANA (ligada a la familia Santos y al uribismo), el terror no llegó a Buenaventura de mano de los paramilitares de la generación de los hermanos Castaños. El terror llegó antes: de la mano del propio gobierno nacional, las autoridades locales y los empresarios.

El drama de Buenaventura comenzó en los años 90. Hasta entonces, la ciudad  había sido como siempre una zona pobre del pacífico colombiano, cuya buena parte de sus habitantes –afrodescendientes en su gran mayoría- vivían de la pesca. La gran actividad económica de la zona la representaba sin embargo el puerto, cuya administración en manos del Estado llegó a su fin en los tiempos en que Cesar Gaviria, en su condición de presidente de Colombia, nombró a Juan Manuel Santos ministro de comercio exterior.

Con la privatización del puerto impulsada por Santos llegaron las promesas de desarrollo. Pero los únicos que se desarrollaron fueron los bolsillos de las doce familias que manejan el negocio portuario tanto en lo que tiene de legal como de ilegal. Entre estos destacan los nombres de Luis Parody, papá de Gina Parody, política ligada al uribismo y ex ministra de Santos, así como también y sobre todo el de Oscar Isaza, amo y señor de Buenaventura, tanto en los negocios portuarios propiamente como los urbanísticos y hoteleros.

Con la privatización del puerto, el narcotráfico, que ya tenía presencia en la zona, creció exponencialmente y tomó el protagonismo. Y fue por esta razón según se dice que llegaron las guerrillas. Pero luego, atendiendo al llamado de los comerciantes y empresarios de la zona –según reza en distintos testimonios- llegaron más atrás los paramilitares. Y con los ellos las torturas, los secuestros, los desaparecidos, descuartizamientos y desplazamientos.

Todos los expertos plantean que la estrategia de terror paramilitar tenía y tiene un doble propósito: debilitar la base social de la guerrilla y hacerse con el control de las rutas del narcotráfico. Y ambas cosas sin duda son ciertas. Lo que no es cierto es que esos sean los únicos propósitos. También existe el de desplazar a la población de estas zonas costeras para avanzar en desarrollos urbanísticos y turísticos, cosa que actualmente obstaculizan las poblaciones que tienen décadas asentadas en las mismas. Por otra parte, es un mecanismo utilizado para garantizar el pago por extorsión y secuestros. Y no menos importante: un dispositivo de control mediante violencia salvaje que se ejerce contra líderes sociales, sindicales, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, todo aquel que ponga en entredicho el poder de los amos y señores de la zona.

Así las cosas, Buenaventura no solo es un municipio que genera 2 billones de pesos en impuestos, y que mantiene en la pobreza a más del 64% de sus habitantes, en la miseria al 18% y en el desempleo al 60%, como lo denunció la ex senadora Piedad Córdoba. Es también el lugar de las tristemente célebres “casa de piques”, sitios a donde son llevadas personas para ser descuartizadas vivas por causas como cruzar la frontera invisible de alguno de los grupos en conflicto o ganarse la enemistad de algún poderoso [1]. Pero adicionalmente, es un lugar donde la población –sobre todo la más pobre- está atrapada entre el terrorismo paramilitar y la ambición de una clase política y económica en extremo corrupta, que pese a todas las promesas no está interesada en mejorar la situación de estos habitantes, pues en el fondo desean que se vayan para disponer de las tierras e instalar hoteles y otras logísticas asociadas a negocios de enclave tanto legales como ilegales.

En fin, hoy Buenaventura es noticia porque la gente en su desesperación cortó el flujo de los negocios millonarios que no solo no los benefician, sino que los perjudican. Por eso y no por otra razón el gobierno de Santos actuó con desafuero. Pero esta ciudad debería ser noticia exactamente por aquello que entre poco y nada sale en los medios hegemónicos: por el despotismo de una plutocracia que la convirtió de un paraíso natural en un infierno criminal.
 
[1] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/historia-de-una-casa-de-pique-articulo-521746

Artículo publicado en: http://www.celag.org/buenaventura-que-pasa-cuando-no-pasa-nada/