En el escenario político colombiano, las últimas dos semanas del 2016 fueron muy activas y contradictorias. En el Congreso de la República se aprobaron varias leyes con finalidades antagónicas: los partidos de la coalición de gobierno lograron imponer la reforma tributaria más regresiva desde los paquetazos neoliberales del uribismo a comienzos de siglo; y en simultaneo, aprobaron la Ley de Amnistía e Indulto utilizando la vía rápida -ó Fast Track- que constituyó el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras eso ocurría en el parlamento, Juan Manuel Santos, recién premiado con el Nobel de Paz, se mostraba muy alegre por el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN, anuncio que dejó perplejos a los sectores democráticos del país, preocupados a los países vecinos y muy contentos a uribistas y militares.

Todo ello como antesala de un año en el que se inicia la campaña electoral, fundamental para el futuro de la paz y la apertura democrática. Por ello es importante entender algunas claves de los movimientos ocurridos en estas semanas:

Los efectos de la recesión mundial, la crisis de los precios del petróleo y la amplia corrupción de los funcionarios estatales son algunas claves para entender la grave situación de la economía colombiana. Frente a ello, la respuesta de Santos ha sido la aplicación de la formula neoliberal de incrementar los impuestos a los trabajadores y pequeños comerciantes, y no ampliar las tasas impositivas a los grandes negocios extractivistas que se lucran con el oro, el coltan, el carbón, el petróleo, o poner impuestos a las grandes ganancias del sector financiero, que a septiembre de 2016 ascendían a 10 billones de pesos (3500 millones de dólares)[1].

La reforma tributaria aprobada por el parlamento y decretada el 29 de diciembre por Santos, subió del 16% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la mayoría de productos de la canasta básica generando un impacto muy fuerte en las finanzas de las familias; se gravó con el 5% a los vehículos ambientales como las bicicletas o autos eléctricos y se dispuso la reducción gradual del impuesto a la renta a las grandes empresas[2]. Con la reforma, el gobierno aspira a recaudar 6.5 billones de pesos colombianos (2 mil millones de dólares), un monto levemente superior al recorte presupuestal del 2016 que fue de 6 billones de pesos[3], y muy inferior al déficit fiscal de 35 billones de pesos (12 mil millones de dólares).

La situación económica para la población en el 2017 seguramente será aún más difícil: el aumento de precios en los bienes de primera necesidad con el IVA del 19% disminuirá la capacidad de compra, que se agravará por el ajustado incremento salarial del 7% decretado por el gobierno. Las centrales sindicales se retiraron de la mesa de concertación laboral al no lograr un acuerdo con los empresarios y el gobierno, teniendo en cuenta que los trabajadores entraron a la negociación salarial con una petición del 14%, argumentando el crecimiento de la inflación y el incremento de los índices de precios al consumidor -especialmente por los altos precios de alimentos-, mientras que los empresarios ofertaron tan sólo el 6,5%, con lo cual la cifra definida finalmente por el gobierno no fue concertada y más cercana a la oferta empresaria. Los sindicatos advirtieron que ante esta situación el 2017 será un año de paros, huelgas y movilizaciones[4].

Casi de manera simultánea, el gobierno con su coalición mayoritaria de partidos en el parlamento aprobó la primera ley de todo el marco normativo que se debe desarrollar para implementar los acuerdos de paz, firmados con las FARC el pasado 24 de noviembre. Con 117 votos a favor y 3 en contra en la cámara de representantes y 69 a favor y 0 en contra en el senado, se aprobó la Ley 1820 del 30 de diciembre, por medio de la cual se establecen las disposiciones sobre la Amnistía y el Indulto para los combatientes de las FARC-EP y todas las personas del movimiento social procesadas o condenadas por asociación a ésta guerrilla. Además reglamenta los tratamientos penales especiales y otras disposiciones para los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas incursos en delitos de guerra.

El grupo parlamentario de la Alianza Verde, el del Polo Democrático y la coalición de gobierno del santismo votaron a favor de la Ley, con algunas notables excepciones. El exguerrillero amnistiado, hoy senador, Antonio Navarro y la senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, argumentaron a favor de la ley, pero se retiraron del recinto del congreso antes de las votaciones. El ultraderechista Centro Democrático en pleno se ausentó del recinto sin votar, advirtiendo que de llegar a la presidencia desconocerán todo el acuerdo de paz y las leyes que de este se deriven.

La ley tendrá sus primeros efectos a partir del próximo 10 de enero y en ella se establecieron dos modalidades de amnistía, una amnistía e indulto de iure sin pasar por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, facultando al presidente a realizarla por decreto. Cobija a los combatientes y personas del movimiento social procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos: “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con ley (artículo 15)[5]. Y otra amnistía e indulto que debe ser aprobada por una sala especial contemplada en la Justicia Especial para la Paz, destinada para los casos donde existen demandas o condenas por supuestos delitos de lesa humanidad contemplados en estatuto de Roma y en el derecho internacional humanitario, que son conductas sistemáticas tales como el genocidio, el reclutamiento forzado de menores, los abusos sexuales o toma de rehenes (ver los artículos del 21 al 27).

Finalmente, en la ley se establecen los tratamientos jurídicos especiales para miembros de la fuerza pública comprometidos en violaciones a los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales y en el Estatuto de Roma, quienes deberán presentarse ante la Justicia Especial para la Paz para conseguir beneficios judiciales después de surtidos los procedimientos en las salas dispuestas para tal efecto (ver artículos del 44 al 50 de la Ley). Este punto ha sido muy cuestionado por organismos de derechos humanos, como Human Right Watch y por las víctimas de crímenes de Estado, por lo que se prevé a futuro una disputa judicial en ámbitos internacionales.

En la región no se pasó por alto las declaraciones del presidente Santos sobre el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN. Según el propio presidente, desde hace 9 años, en el uribismo, el gobierno viene tramitando su ingreso como cooperante de este tratado militar de los países del norte global[6]. Una declaración que no correspondería a un Premio Nobel de Paz, si no existiera el antecedente de Obama.

El presidente de Venezuela fue el primero en manifestar su preocupación por esta medida, puesto que dicha asociación contraviene la declaración de una región de paz realizada por la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-CELAC. Voces colombianas también rechazaron el acuerdo por considerarlo una situación similar al recordado experimento uribista de instalación de 7 bases militares norteamericanas en suelo colombiano.

Este movimiento del gobierno se puede leer también como una concesión al estamento militar en la postguerra interna, para mantener/legitimar la tesis del enemigo externo –narcotráfico, terrorismo mundial- que les permita continuar con el presupuesto más abultado de la región, con condiciones laborales privilegiadas, muy distintas a la flexibilización laboral que padece el resto de la población colombiana.

Como se decía al comienzo, todo esto en el contexto del inicio del año electoral, que empieza a mover el tablero político. El actual vicepresidente Germán Vargas Lleras está organizando la salida del gobierno para iniciar su campaña presidencial, luego de haber estado más de seis años al frente de la construcción y la infraestructura, el rubro más dinámico de la economía nacional y que deja bastantes dividendos. En su reemplazo suena el general retirado de la policía Oscar Naranjo, conocido por sus actuaciones como miembro de la DEA, asesor de Enrique Peña Nieto y como negociador del gobierno en los diálogos con las FARC.

También anunció su precandidatura la senadora Claudia López del Partido Alianza Verde, investigadora con un estilo muy directo y polémico, cuyos hallazgos aportaron pruebas en  casos muy sonados de parapolítica, ostenta con una posición de centroderecha en otros ámbitos como en los derechos sociales y la política económica. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático también anunció su precandidatura con una postura cerrada sobre posibles alianzas, lo cual baja las expectativas sobre sus posibilidades de tener una buena elección.

Se espera que en los próximos meses surjan otras pre candidaturas presidenciales de la izquierda, se clarifique la estrategia del santismo, las definiciones del Partido Conservador y las definiciones del ultraderechista Centro Democrático. Empieza la carrera electoral que augura mucha polarización en torno al cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de paz y sobre el futuro económico del país.