A 4 meses del 18 de octubre el Instituto Nacional de Derechos Humanos reactualizó sus datos respecto a la represión, y muestran nuevamente como las violaciones a los Derechos Humanos no sólo se han mantenido sino que se han aplicado de manera sistemática contra las y los manifestantes.

Más de 950 querellas por torturas, 195 por violencia sexual, 445 víctimas de traumas oculares, más de 2 mil heridos por disparos. Y esto sólo considerando los datos recabados por el INDH, que están lejos de cubrir la totalidad de los casos, que incluyen además casos de prisión política y de montajes policiales, como en el caso de privación de libertad de Diego Ulloa, Joaquín Cáceres o Sofía Arévalos, siendo los dos últimos menores de edad, para graficar esta cruda realidad.

Lo que es claro es que el gobierno viene utilizando la represión y las violaciones a los Derechos Humanos como “escarmiento” para vaciar las calles y frenar las movilizaciones. Y a estos hechos se le suma la persecución política, que inició con una querella en mi contra por Ley de Seguridad Interior del Estado por decir lo que millones han dicho en las calles: fuera Piñera, y que continuó con nuevas querellas por esa misma autoritaria ley, como en el caso de los estudiantes secundarios de la ACES.

Hoy enfrento una investigación donde la Fiscalía decidirá si amerita o no que se realice un juicio, lo que no es más que un caso de criminalización y persecución por mis ideas. Mientras que frente a sectores de ultra derecha, involucrados en un caso de compra-venta de un fusil AK47, el gobierno, obviamente, desistió de querellarse.

Pero el gobierno está ciego si cree que con represión y persecución política podrá frenar el amplio descontento y cuestionamiento que estalló en las calles ese 18 de octubre. Chile despertó, el país cambió, y de eso no hay vuelta atrás, por más que lo lamente la derecha y Sebastián Piñera.

Es que el gobierno, Carabineros y las Fuerzas Armadas ya vienen haciendo lo propio: promulgando leyes represivas como la Ley Antisaqueos (con el apoyo de la “oposición” de la ex Concertación y también, incluso del Frente Amplio), la Ley de Infraestructura crítica (para “sacar militares” a “cuidar”, por ejemplo, Hospitales); comprando nuevos carros blindados para Fuerzas Especiales y nuevas armas no letales anti disturbios como en el caso de la Armada.

Hoy, a pocas semanas de que se inicie la campaña por el plebiscito del 26 de abril, y a pocos días de un marzo que promete estar cruzado por movilizaciones, se necesita que nos preparemos para hacerle frente a la represión, y luchar para imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, pues no queremos más trampas de Piñera ni de la “cocina” parlamentaria que quieren llevarnos a una “convención” con el veto de los 2/3 de la derecha, de sus tratados internacionales que cuidan las inversiones de grandes monopolios, un proceso “constitucional” que mantiene a Piñera y la impunidad de los represores. 

Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, queremos pensiones y salarios dignos, salud y educación pública, gratuita y de calidad, vivienda, y para ello debemos tocar los intereses de los grandes capitalistas y monopolios extranjeros, poner freno definitivo a que se saqueen los recursos como el cobre y para ponerlos al servicio de todo el pueblo trabajador.

Frente a este escenario, se hacer urgente que las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos, Federaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones de izquierda levantemos una amplia campaña y movilización contra la represión y la persecución política, para frenar los hechos represivos que se continúan día a día, para que no haya impunidad, para pelear por la derogación de la ley anti-saqueos y represivas, por la libertad de los presos de la revuelta y para que exista juicio y castigo efectivo contra los responsables políticos y materiales de la represión, desde el Carabinero que disparó hasta el propio presidente que le declaró la guerra al pueblo, unido a la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, retomando el camino del 12 de noviembre en perspectiva de la huelga general para que se vaya Piñera. La CUT y Mesa Social deben abandonar la tregua con este gobierno y las alianzas con la “oposición” y convocar a un plan de lucha en esta perspectiva.