El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en alusión al golpe de Estado de 1976 que instauraría la dictadura más sangrienta de la que se tuviera registro. Este jueves contó con la particularidad de cumplirse 40 años, y de contar con la presencia de Barak Obama, presidente de EEUU que se encontraba de visita en el país.

A nivel simbólico la presencia del primer mandatario norteamericano había suscitado muchas críticas de parte de los organismos de DDHH, incluso antes de su llegada. Abuelas y madres de plaza de mayo, así como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel hicieron públicas tanto cartas como declaraciones en las que solicitaban el cambio de fecha de la visita. Las razones eran más que obvias, la presencia de la autoridad máxima del país que financió con la llamada Operación Cóndor la ola de dictaduras latinoamericanas con complicidad cívico militar, era mínimamente una ironía y en última instancia una provocación.

Sumado a que el bloque que lidera Mauricio Macri hubiera votado en contra del proyecto de ley que en 2006 instauraría oficialmente el 24 de marzo como día de la memoria, y que muchos de sus funcionarios hayan tenidos dimes y diretes bastante tensos con los organismos del espacio Memoria, Verdad y Justicia.

En el aniversario del golpe militar, Macri y Obama visitaron por la mañana el Parque de la Memoria, para rendir homenaje a las víctimas de la última dictadura. El acto estuvo repleto de medidas de seguridad y no contó con la presencia de organizaciones de DDHH. El discurso fue breve. El presidente de EEUU encabezó la alocución destacando la labor de los familiares de las víctimas en la búsqueda de “verdad y justicia” y realizó una no muy contundente autocrítica por el rol de Estados Unidos en los años 70´. Fue lo bastante astuto para posicionarse bajo la figura de Jimmy Carter –al igual que él representante del Partido Demócrata- y mencionar la valentía de Bob Cox -director del Buenos Aires Herald- quien denunciara los delitos de lesa humanidad perpetrados, a pesar de las amenazas a las que él y a su familia se vieron sometidos. “Requiere valor encarar temas incómodos y juzgar los crímenes de sus propios líderes, puede ser fuente de división, pero es necesario para construir un futuro”, indicó.

El presidente argentino en cambio, desató la polémica en un discurso ambiguo en el que situaba en pie de igualdad “a la violencia política e institucional”.  Lejos de calificar los crímenes de la dictadura en su correspondiente carácter de genocidio, minimizó la cuestión reduciéndola a “intolerancia” y “divisiones entre los argentinos”, sospechosamente las mismas palabras que atribuye al kirchnerismo. También subió a su cuenta oficial de twitter un video donde proclamaba “Nunca más a la división entre los argentinos, y bogaba por construir “juntos por una Argentina unida y en paz”. Tras la ceremonia en el Parque de la Memoria, ambos partieron rumbo a Bariloche, donde serían recibidos por una ola de manifestaciones en su contra.

Ahora bien, la verdadera conmemoración del 40° aniversario fue masiva y su epicentro como todos los años en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Asistieron unas 250.000 personas representantes de una amplia pluralidad de sectores: organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, centros de estudiantes, compañías de teatro y danza, y autoconvocados. La masiva participación a la histórica plaza, tuvo un cariz especial al calor del contexto. Miles de manifestantes enarbolaron banderas que no sólo recordaban a las víctimas del genocidio, sino que también denunciaron los primeros 100 días de gestión macrista. Estela de Carlotto enmarcó el acto: “A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente convocados a defender la democracia”, continuó: “El cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos”[i]. Cientos de manifestantes concurrieron al acto con carteles denunciando entre otras medidas la ola de despidos, el pago a los popularizados “fondos buitres” –holdouts- , y el nuevo protocolo de seguridad. También exigieron la renuncia de Darío Lopérfido y la liberación de Milagro Sala.

La lectura del documento realizado en conjunto comparó el momento actual con otros momentos “bisagra” en la historia de la democracia argentina, donde fue necesaria una activa participación ciudadana, citando como ejemplos el levantamiento de los “cara pintadas” en 1987 y el estallido social de 2001. El discurso del presidente argentino fue duramente criticado, tanto por intentar re-instalar la Teoría de los dos demonios, como por ser contradictorio con las medidas que ejecuta su mandato que sólo en lo discursivo reconoce la importancia de los derechos humanos, mientras que en concreto desguaza los programas que necesarios para su ejecución, sobre todo con los despidos en áreas clave.

Lejos de aceptar las tibias de disculpas del primer mandatario norteamericano, el documento advirtió una “obligación de todos los Estados y gobiernos a aportar a la Memoria, la Verdad y la Justicia” por lo que el plato fuerte del macrismo, -el pedido de desclasificación de archivos de dicho país vinculados a la dictadura- no fue recibido como un gesto benevolente. Muy por el contrario resaltaron la participación del país del norte en los delitos de lesa humanidad a partir del Plan Cóndor, y solicitaron ayuda para la búsqueda de los nietos apropiados que podrían vivir en ese país. Sin dejar de exigir que Estados Unidos deje de violar los derechos humanos tanto en su territorio como en otros.

La crítica no sólo tuvo como ejes al nuevo ejecutivo, otro punto nodal fue el Poder Judicial. El aval para el uso de las neo-picanas Táser; legitimar la criminalización de la pobreza; hacer la vista gorda ante la evidencia de aplicación de tormentos y torturas, tanto en cárceles como en comisarías; aprobar el nuevo Protocolo de Seguridad, con la excusa de combatir al narcotráfico, y dejar el campo libre a las Fuerzas Armadas como garante de la seguridad en los barrios fueron algunos de los ítems mencionados.

El discurso de las organizaciones aprovechó la ocasión para mencionar el contexto regional latinoamericano: repudiaron los intentos desestabilizadores en Venezuela, Bolivia, y Brasil, denunciando que la corporación judicial y económica no tiene fronteras. En el caso argentino en particular, a modo de balance del cuadragésimo aniversario fue reivindicado el 2003 como el comienzo de una nueva etapa, a partir de las políticas de Néstor Kirchner y luego de Cristina, sin por ello dejar de mencionar a los desaparecidos en democracia como Julio López, Miguel Bru, Luciano Arruga y Andrea Viera; y los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra. Y por supuesto, la detención de Milagro Sala, a la cual calificaron como persecución ideológica. Por último, se hizo referencia a la complicidad civil de empresarios enfatizando el rol de los medios de comunicación, quienes hasta la fecha continúan impunes.

Si el gobierno de Cambiemos con los documentos desclasificados bajo el brazo, intentó definir su hipótesis modernizadora y quitarles el monopolio a las organizaciones de mayor trayectoria, el tiro le ha salido por la culata. Para las más de 250 mil personas congregadas en Plaza de Mayo e incluso para la prensa internacional[ii] su gobierno más bien constituye la oscura contracara en materia de DDHH.