Violencia contra líderes en Colombia sigue patrón sistemático
La investigación demuestra que los asesinatos de líderes y excombatientes en ese país no son hechos aislados.
Un informe elaborado por nueve organizaciones colombianas e internacionales, dado a conoce este martes, da cuenta de que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país siguen un patrón de sistematicidad.
LEA TAMBIÉN:
Venezuela pide a Colombia investigar responsabilidades en la Operación Gedeón
Según el reporte, se estudiaron 255 casos de muertes violentas en el período 2016 - 2020, enmarcados en los territorios del norte del Cauca, Urabá antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato chocoano y sur de Córdoba. De ellos, 213 eran líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 42 excombatientes de las desmovilizadas FARC-EP.
El estudio reveló, entre los patrones de sistematicidad, que los ultimados hacían parte de sectores comunales, indígenas, políticos, campesinos y sindicales, ejerciendo el liderazgo en ellos.
Organizaciones sociales y de DDHH en Colombia, dan cuenta de patrones de sistemáticidad en los asesinatos a líderes y defensores, dónde no solo los actores armados tienen responsabilidad si no que también por acción o por omisión actúan los agentes del estado.@teleSURtv pic.twitter.com/vPajNS5YQL
— Hernán Tobar (@TobarteleSUR) March 16, 2021
De igual forma, se determinó que la mayoría de aquellos asesinados que tenían filiación política, pertenecían a partidos de oposición.
De acuerdo con el informe, el 90 por ciento de los asesinatos contra defensores y líderes sociales ocurrieron en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y la falta de presencia estatal. Por otro lado, el 80 por ciento de los crímenes se presentaron en zonas con presencia de cultivos ilícitos.
Informe sobre el asesinato contra líderes sociales.
— �� �� �� �� �� �� �� (@Indepaz) March 16, 2021
Hay persecución contra el movimiento Marcha Patriótica, las organizaciones denuncian que la Fiscalía incurriría en “malas prácticas” a la hora de publicar las cifras.https://t.co/eJZgoQii8d
“Casi en su totalidad, los municipios seleccionados tuvieron tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100.000 habitantes durante los 5 años estudiados, que la OMS considera el umbral de violencia endémica”, es otra de las características enunciadas por la investigación.
Las organizaciones firmantes también hicieron referencia al pobre trabajo de la Fiscalía al respecto. Vale destacar que, de los 255 casos estudiados, solamente en 52 se encontró actividad del Ministerio Público.
En ese contexto, el senador Iván Cepeda lidera una iniciativa presentada al Legislativo colombiano, que busca reformar el Código Procesal Penal, para adoptar medidas en investigaciones de las conductas que atenten contra sindicales, periodistas líderes sociales, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, y exintegrantes de las desmovilizadas FARC-EP.
“El poco avance en las investigaciones sobre las estructuras que están detrás de los asesinatos contra estas poblaciones, facilita que estos hechos se sigan cometiendo. Este proyecto de ley propone tres medidas para evitar la impunidad en estas conductas a partir de la incorporación de herramientas que permitan acceder a más información para el desarrollo de las investigaciones”, dijo Cepeda, al fundamentar la propuesta.
Las tres medidas enunciadas en el proyecto de ley son el fortalecimiento de los criterios para el control judicial del preacuerdo; inclusión de la garantía a las víctimas, derechos a la verdad, la justicia y la no repetición al final del preacuerdo; y otorgamiento de beneficios por colaboración eficaz.