El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, cuestionó este martes la postura del gobierno de España al justificar la implementación de medidas coercitivas en el ámbito de las relaciones internacionales.

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La repuesta de Arreaza llegó a través de una publicación en Twitter, donde antes el Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo había alabado la presunta importancia de las "sanciones" para ayudar en "la resolución de conflictos".

El canciller venezolano, al tiempo que retuiteó la publicación original dijo que mentían, pues "las únicas sanciones que el derecho internacional contempla son las adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU", así que, abundó "el resto son contrarias al derecho, incluyendo, evidentemente, las que impone la Unión Europea. Son herramientas primitivas".

Poco despúes, en otro mensaje publicado también vía Twitter, el titular venezolano señaló que las propias instituciones de Estados Unidos "demuestran el carácter criminal de sus sanciones" y se refirió a un informe de la Oficina estadounidense de responsabilidad gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), el cual asegura que acciones punitivas contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana y limitaron el ingreso petrolero.

La GAO, una agencia dependiente del Congreso y la cual tiene una función fiscalizadora del Gobierno Federal, indicó en su evaluación que los indicadores económicos de Venezuela cayeron de manera abrupta desde el inicio de la aplicación de las medidas coercitivas de Washington en 2015, y en especial a partir de 2019.

Durante los últimos años, Estados Unidos emitió medidas de similar naturaleza contra más de 150 personas vinculadas al ejecutivo de Nicolás Maduro, a instituciones del Estado como el Banco Central y Petróleos de Venezuela, así como a entidades extranjeras vinculadas al país sudamericano.

De acuerdo con cifras oficiales, desde 2015 la política de bloqueo y la persecución financiera ocasionó a Venezuela la pérdida del 99 por ciento de sus ingresos en divisas, además de impedir el acceso del país a los principales mercados internacionales.

En febrero de 2020 el Estado venezolano presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, por considerar crímenes de lesa humanidad la imposición de tales medidas coercitivas unilaterales