El Gobierno de Venezuela añadió información en la remisión que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), en 2020, contra las autoridades de Estados Unidos (EE.UU) por crímenes de lesa humanidad, informó este miércoles la Cancillería venezolana.

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En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que el canciller venezolano Jorge Arreaza informó sobre la consignación ante la Fiscalía de la CPI del informe preliminar de la relatora de la ONU, Alena Douhan, contra las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra el país suramericano.

Además, se agregó el reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EE.UU., en el cual reconoce que las sanciones son para limitar las fuentes de ingreso de Venezuela, indicó la nota de prensa.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Arreaza mencionó que esa información “se entregó para actualizar la fundamentación de la Remisión que presentó la República Bolivariana de Venezuela ante la CPI en febrero de 2020”.

El jefe de la diplomacia venezolana precisó que la información adicional se presentó ante la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, con fecha 10 de marzo de 2021.

En febrero de 2020, Venezuela entregó una relación de hechos y solicitó a la CPI, tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela, con el fin de determinar si una o más personas deben ser acusadas de la comisión de tales crímenes.

En su remisión, el Gobierno de Venezuela declaró que los crímenes contra la humanidad se cometen “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014”. 

La Cancillería, en su comunicado, explicó que la GAO, agencia del poder legislativo que fiscaliza al Gobierno de EE.UU. del 8 de febrero pasado, admite los elementos subjetivos del crimen de lesa humanidad y reconoce el impacto negativo generado por las sanciones sobre la economía de Venezuela y los derechos humanos de su pueblo.

Asimismo, comentó que el informe preliminar de Douhan, difundido el 12 de febrero anterior tras diez días de trabajo en el terreno, “constata las consecuencias devastadoras de las medidas impuestas por autoridades del Gobierno estadounidense y de sus países aliados, sobre la vida y otros derechos humanos de la población civil de Venezuela”.