El Partido Comunista de Argentina (PCA) denunció la censura impuesta a la multiestatal teleSUR tras la salida del multimedio Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín.

Por medio de un comunicado emitido este jueves, el PCA aseguró que con esta acción “se coarta el derecho al libre acceso a la información, se debilita a la democracia y se avasalla la libertad de prensa”.

Advirtió que el retiro del paquete básico que ofrece Cablevisión en Argentina, “responde a motivos políticos, económicoss nacionales, regionales e internacionales”, y exigió la “reintegración de teleSUR en la grilla”.

Asimismo, la organización política argentina exige a la “corporación oligopólica Cablevisión”, respetar la “libertad de prensa, de expresión y de elección”, ya que Telesur “es el único canal de noticias independiente y libre de intereses ligados al gobierno neoliberal argentino, al sionismo internacional y a las corporaciones multinacionales de la órbita estadounidense”.

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Por su parte, la organización Peace Now también se sumó al reclamo y manifestó su respaldo a la información “veraz, abierta y de alto nivel periodístico” a la que tienen derecho los argentinos, que se ve limitado por el grupo empresarial.

Denunció que El Clarín pretende que la población argentina reciba “únicamente la información de los medios neoliberales y/o confesionales de extrema derecha”.

La organización alertó que esta acción contra teleSUR podría llevar a la nación suramericana “al oscurantismo y el terror del fascismo, silenciando las voces alternativas, y creando un inmenso vacío en el proceso democrático del pueblo hermano del general San Martín”.

“De aceptarse esta medida represiva, será regresar a la caverna, la impunidad, los asesinatos, las desapariciones y el silencio de las tumbas, de los cuales optimistamente pensamos los latinoamericanos, la hermana República Argentina se había liberado plenamente después de la dictadura y del default de décadas recientes”, señala el texto.

Peace Now denunció que la salida de la multiestatal de Clablevisión es otra de las “medidas disfrazadas de legalidad” implementadas por el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

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