El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) de Uruguay inició este viernes un proceso legal contra la medida del Poder Ejecutivo que privatiza servicios de internet en detrimento del carácter público de los mismos.

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El gremio respondió de ese modo ante la habilitación por el Gobierno de cinco cableoperadores privados de Canelones, Colonia y Montevideo para que ofrezcan cobertura en las mismas zonas que opera la empresa estatal Antel.

El presidente de dicha empresa, Gabriel Molina, comunicó a medios nacionales que el objetivo es "proteger el patrimonio nacional, en defensa de los derechos humanos de acceso a estos servicios, que se consideran básicos".

Señaló que la acción ejecutiva contraviene el artículo 6 de la Carta Orgánica de Antel, decretada en 1974, donde se establece el carácter monopólico de las comunicaciones a la empresa pública.

De igual forma, Molina denunció  “la poca voluntad política de parte de la mayoría del directorio de Antel que no hizo absolutamente nada, ni siquiera consultar al área jurídica para saber cuál es la opinión al respecto”.

Al mismo tiempo, el presidente de Sutel rechazó el argumento del Poder Ejecutivo sobre la estimulación de la competencia mediante la entrega de licencias a servicios que emplean la misma infraestructura.

Por su parte, la expresidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, calificó la medida de antipatriota teniendo en cuenta los esfuerzos que se hicieron para que la empresa pública tuviera una infraestructura similar a la de países desarrollados.

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) comenzó a operar en1974 y actualmente brinda los servicios de telefonía móvil y fija, así como conexión inalámbrica y por cable a Internet.