El segundo juicio político al expresidente estadounidense Donald Trump está previsto para iniciarse este martes en el Senado, donde se le acusará de incitar a la insurrección por su vínculo con los sucesos del 6 de enero pasado en el Capitolio.

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El Senado deberá escuchar los alegatos de las partes y decidir si lo halla culpable o no de haber alentado los graves incidentes en el Congreso, que dejaron un saldo de cinco fallecidos, provocaron cuantiosos daños y cuestionaron el modelo de democracia del país.

De acuerdo con medios locales, los líderes de la mayoría y la minoría del Senado, el demócrata Charles Schumer y el republicano Mitch McConnell, respectivamente, aún tratan de llegar a un acuerdo sobre la organización del juicio.

McConnell adelantó que será un proceso justo y rápido, pues el país tiene enfrente problemas prioritarios que atender, entre ellos controlar la pandemia de Covid-19 y reactivar la economía. Esta opinión acerca de su brevedad la comparten otros congresistas.

El acuerdo que buscan ambos líderes del Senado establecería un cronograma para escuchar argumentos iniciales de quienes, desde la Cámara de Representantes, han promovido el juicio político, y a continuación las razones de los abogados de Trump.

Si el Senado no vota para llamar a testigos, el juicio podría llegar rápidamente a su fin con posibles mociones de los senadores, deliberaciones sobre los cargos, argumentos finales y luego una votación sobre si condenar a Trump por delitos graves y faltas.

De ser hallado culpable, el Senado podría llevar a término una segunda votación que imposibilite al exmandatario a que vuelva a postularse al cargo.

La defensa de Trump presentó días atrás un pliego con los argumentos de su cliente, en el que se alega que se trata de un proceso inconstitucional, pues ya no es Presidente. Los abogados también se acogen al derecho a la libre expresión para justificar las arengas de fraude que dirigió Trump a sus seguidores el 6 de enero.

Entre otras cuestiones, también refieren que al exmandatario no se le puede inhabilitar para ejercer cargos públicos, pues para ello debió darse antes el paso previo de su destitución.