Diversos sectores políticos y de la sociedad civil salvadoreña han expresado su rechazo a la ley promulgada este martes por la Asamblea Legislativa, a instancias del Gobierno para construir nuevas cárceles como parte de la política antimaras del presidente Nayib Bukele.

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La Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios constituye una iniciativa del presidente del congreso, Ernesto Castro y fue aceptada por la Asamblea Legislativa con un total de  64 votos a favor.

De acuerdo con la disposición legal su objetivo es "establecer el marco regulatorio para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad".

No obstante, diversos especialistas en derechos destacan  que la normativa constituirá la causa del aumento de las contravenciones a las propiedades de la ciudadanía puesto que autoriza la expropiación de inmuebles para construir centros penitenciarios.

En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte posee la facultad de “declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios”.

Por su parte, el jurista de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Jonatan Sisco, acota que: “esta ley concede amplias facultades al Ejecutivo y podría utilizarse para fomentar actos de corrupción”.

Entretanto, alrededor de 14 mil supuestos criminales han sido detenidos desde el comienzo del estado de excepción implantado por el jefe del Ejecutivo el pasado 27 de marzo con el pretexto de combatir la escalada de violencia experimentada en el país. Sin embargo, una gran parte de la sociedad civil lo aprecia como una limitación a sus derechos y libertades fundamentales.