CSJ de El Salvador ordena proteger a profesionales de la salud
La Sala Constitucional indicó que el Ejecutivo presidido por Nayib Bukele deberá implementar ajustes fiscales.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador (CSJ) declaró este jueves como constitucional una resolución que ordena al Gobierno del presidente, Nayib Bukele, otorgar a los profesionales de la salud equipos de protección de bioseguridad, e implementos médicos para combatir la pandemia del coronavirus.
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En ese sentido, el ente resolvió la controversia constitucional que se originó por el veto de Bukele en contra de los artículos dos, tres, cuatro y cinco del decreto legislativo 620 aprobado el pasado 1 de abril por la Asamblea Legislativa, el cual ordenaba la entrega de instrumentos médicos y seguros de vida al personal de la salud que enfrenta la emergencia sanitaria de la Covid-19.
“Declárase que el artículo 4 del decreto Legislativo Nº 620, de 1 de abril de 2020, que establece la obligación al Gobierno de determinar los mecanismos para otorgar un seguro de vida a los profesionales de la salud, es constitucional”, expresó el fallo judicial.
Sala emite resolución en Controversia 2-2020, la cual puede consultarse en https://t.co/1Ks5tJURdw
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) June 25, 2020
No obstante, Bukele veto el decreto legislativo el pasado 20 de abril tras considerar que la medida era un “desequilibrio presupuestario” para el país centroamericano, y señaló que los diputados habían incurrido en una violación constitucional al no analizar el impacto económico en medio de la crisis del coronavirus.
Sin embargo, el dignatario manifestó en su cuenta de Twitter presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma presupuestal para acatar la decisión del organismo judicial.
“Una propuesta de reforma presupuestaria para otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia a todos los trabajadores de salud”, enfatizó Bukele.
Entre tanto, la Sala Constitucional de El Salvador indicó que el Ejecutivo deberá implementar ajustes fiscales que permitan salvaguardar la vida y garantizar el trabajo de los profesionales de la salud.
“La razón es que la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretizado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al gasto y la fuente de financiamiento respectiva en el proyecto de presupuesto general del Estado, de acuerdo con las posibilidades razonables de la situación fiscal”, agregó la Sala Constitucional.