Chats sexistas, pobreza y otras circunstancias en Puerto Rico
La mirada internacional ha volteado a contemplar la precaria situación que vive Puerto Rico tras los chats filtrados del gobernador Ricardo Roselló.
Los convulsos días que vive Puerto Rico, detonados por los mensajes filtrados del gobernador Ricardo Roselló, han devenido en una especie de válvula de escape para airear la terrible situación económica y social que afronta la isla actualmente.
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El descontento acumulado ha impactado contra esta nueva situación y los boricuas han manifestado, ya no solo su rechazo a los chats sexistas y homófobos, sino que repudian décadas de despojo y de malos manejos que tienen como protagonista a las clases poderosas ajenas a sus pesadumbres y a los que Roselló no se ha mantenido indiferente.
La efervecencia de los manifestantes ha sido alimentada por años de ignorancia por parte de los Estados Unidos y por la ineficiencia de la clase rectora de la isla que la ha llevado a la quiebra en favor de sus propios intereses.
En el 2012, los puertorriqueños votaron en referendo de opciones políticas sin carácter vinculante entre la anexión, el mantenimiento del Estado Libre Asociado (colonial) o la independencia. Con 62,32 por ciento de los votos se alzó la opción de la anexión (la estatidad), esto significa tener el mismo estatus de Florida y California, sin embargo para que esto sea efectivo el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar una ley que admita a Puerto Rico como estado. Eso no ha sucedido todavía.
Aunque esto hubiera sido efectivo, la autonomía económica de Puerto Rico es discreta. Luis Carlos Grandal, experto en política internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que la defensa nacional, la acuñación de la moneda, las relaciones exteriores y la administración de Correos y Aduanas son regidas por Whashington.
Comparto mis expresiones sobre las manifestaciones de ayer. pic.twitter.com/sly4MQrySC
— Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 18, 2019
Quiebra
Esta delicada situación se hizo inaguantable cuando el 28 de junio de 2015 el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda del Estado Libre Asociado era "impagable", pues la carga de deuda pública ascendía a 73.000 millones de dólares.
El gobernador exigió a los Estados Unidos acciones concretas alegando que la deuda impedía el acceso a los mercados financieros y la insuficiencia de ingresos para repagar las obligaciones asumidas.
A los pocos días y después de ocho años en recesión, Puerto Rico incumplió por primera vez con el pago de la deuda en un contexto de pobreza extrema de la mitad de sus habitantes y el desempleo superior al 15 por ciento. Incluso, Puerto Rico sufrió un decrecimiento poblacional reflejado por el Instituto de Estadísticas de este país, los indicadores de la migración de Puerto Rico alcanzaron cifras históricas, se calcula que medio millón de puertorriqueños emigraron en términos netos.
En un intento desesperado, García Padilla reformó los sistemas de retiro, redujo las nóminas en las empresas estatales, eliminó cargos vacantes, cerró escuelas. Sin embargo, esto generó escenarios aún más vulnerables y no evitó que en el 2017 la isla se declarara en quiebra.
Ley Promesa
Un año antes, el 30 de junio de 2016, el Congreso aprobó y el presidente Barack Obama firmó la ley titulada Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, mejor conocida por sus siglas en inglés como la ley Promesa.
Con esta medida se crea una Junta de Supervisión Fiscal que asume el control de los asuntos fiscales y presupuestarios puertorriqueños. Esta conformada por siete personas nombradas por el Presidente de los Estados Unidos. El Gobernador de Puerto Rico, o su representante, tendría participación sin voto en la Junta.
Esta Junta de Control Fiscal tiene facultades muy amplias:
- Aprobar los planes fiscales de largo plazo del gobierno de Puerto Rico;
- Aprobar los presupuestos anuales del país;
- Requerir informes periódicos al gobierno sobre el cumplimiento de los planes fiscales y presupuestos certificados por la Junta;
- Dejar sin efecto las leyes, reglas y reglamentos adoptados por el gobierno de Puerto Rico que estime incompatibles con los planes fiscales aprobados;
- Avalar de antemano, de así estimarlo necesario, los contratos y otras transacciones financieras del gobierno;
- Autorizar las propuestas de acuerdos voluntarios de reestructuración de la deuda entre el gobierno y sus acreedores, entre otros.
Esta autoridad cesará sus funciones cuando certifique que ya Puerto Rico tiene acceso a los mercados. Evidentemente, La ley Promesa en efecto desplaza o suspende numerosas disposiciones de la Constitución de Puerto Rico. La Junta deviene en un poder superior al gobierno, integrada por funcionarios no electos por el pueblo puertorriqueño.
Huracán María
Para tensar más la situación, la naturaleza puso dos huracanes en las coordenadas que delimitan a Puerto Rico y luego de casi dos años del paso de Irma y María, no existen cifras fiables del impacto económico y social provocado en la isla. Medios de prensa informaron alrededor de 4.645 personas fallecidas, cifra que supera enormemente el número oficial de alrededor 64 víctimas mortales informado en un inicio por el gobierno boricua.
Algunos sobrevivientes confesaron que preferían haber muerto. Hasta la actualidad los servicios de agua, electricidad y salud no han regresado a la normalidad. La calidad y la expectativa de vida en esta isla caribeña son ahora solo una quimera por la cual luchar.
Por su parte, la respuesta de los Estados Unidos ante las consecuencias del fenómeno fue muy inferior a la asumida ante las ciudades del estado de Florida, que también fueron afectadas, pero con un saldo inferior de víctimas y pocas pérdidas materiales. Lo que a decir del gobernador Roselló los hizo sentir ciudadanos de segunda clase.
Luego del paso de los fenómenos atmosféricos la inversión superó el monto de 3.200 millones de dólares y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico aún sigue solicitando información al registro demográfico de la isla para acceder a documentos de defunciones que han sido retenidos.
En este contexto de desesperación y descontento, hasta ese momento no catalizado, irrumpe en los medios de prensa la noticia de más de un centenar de chats filtrados del gobernador de la isla Ricardo Roselló, lo que ha recordado al mundo la precaria situación que vive esta isla.
El 8 de noviembre de 2016, Roselló fue electo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con una campaña centrada en la conversión de la isla en un Estado más de Estados Unidos.
En medio de la bancarrota que vive el país, el político convocó a los boricuas a plebiscito para respaldar la apuesta de su gobierno a convertirse en el estado 51 de Estados Unidos como solución al hundimiento financiero del territorio.
Medio millón de ciudadanos, un 97 por ciento de los votantes apoyó esta opción, aunque la participación fue solamente de un 22 por ciento, de los 2,2 millones de ciudadanos llamados a las urnas. Esto presionó a los Estados Unidos que en una irónica respuesta aprobaron la ya explicada Ley Promesa.
Con este panorama en el que el “gran salvador y referente” Estados Unidos se ha desentendimiento unido a la constante inoperancia y servilismo de los políticos isleños y la falta de condiciones para vivir, los boricuas se encuentran en una encrucijada donde los caminos no están muy claros pero están decididos a afrontar un cambio.