Centenares de peruanos marcharon este sábado en las calles de Lima y otras ciudades como Arequipa en repudio al fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual restituye los efectos de indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien fuera condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

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Convocados por representantes de los colectivos No a Keiko, otras organizaciones civiles y estudiantiles, familiares de víctimas de esos crímenes y ciudadanos de la nación suramericana se concentraron en la céntrica Plaza San Martín y de ahí se dirigieron a la sede del TC para exigir la revocación del indulto, con pancartas y consignas de “Indulto es Insulto”.

Los manifestantes piden justicia y el cumplimiento de la condena de Fujimori, a quien se le juzgó como autor mediato del asesinato de personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de ordenar esterilizaciones forzadas y secuestros, entre otros delitos cometidos tras el golpe de Estado que dio en 1992.

En tal sentido, la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, expresó que anhelan "un Estado que se comprometa en la lucha contra la impunidad y que defienda los derechos de las víctimas como corresponde".

Al tiempo que soslayó que la víspera en el encuentro sostenido entre el presidente peruano, Pedro Castillo y las víctimas de familiares, el mandatario los escuchó con mucha atención. “Ha sido una reunión de más de una hora y por supuesto esperamos también que desde el Ejecutivo se pueda promover de qué se puede hacer para defender el derecho que nos asiste como familiares", dijo Ortiz.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jennie Dador, remarcó que “lo que estamos aspirando es que se revoque el indulto del reo Fujimori y, si es un problema de salud, como dice su familia, entonces que soliciten un indulto humanitario por la vía que corresponda".

En tanto la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su profunda preocupación por el fallo del TC; el cual sostuvo, afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de dicha institución en los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Asimismo, la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Perú Por su parte, destacó que deben respetarse los derechos de las víctimas a la justicia y el Estado de derecho, al aludir al caso y el reciente veredicto.