Los Pinochet deberán devolver más de 1,6 millones de USD robados al Estado de Chile
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema de Chile ordenó este viernes el decomiso de más de 1,6 millones de dólares, tanto en cuentas bancarias como bienes, del dictador Augusto Pinochet, tras 14 años de investigación en el marco del "Caso Riggs".
>> Embargan en Chile propiedades y 5,1 millones de USD de Pinochet
Asimismo, la sentencia indica que "Su cónyuge sobreviviente (Lucía Hiriart) y los demás herederos, no pueden considerarse terceros adquirentes de buena fe" debido al "conocimiento que a la sazón tenía del origen ilícito de los bienes de que se hace propietario".
Es decir, el fallo establece la restitución de los bienes y cuentas que heredaron tanto su viuda como sus hijos, cuando este falleció el 10 de diciembre de 2006.
La sentencia del caso Riggs confirma lo ya sabido: Pinochet, además de asesino, fue un ladrón. Una verdad histórica y ahora jurídica.
— Camilo Cisternas Chadwick (@CamiloCisternaG) 25 de agosto de 2018
El Caso Riggs
En 2004, un comité del Senado de Estados Unidos (EE.UU) descubrió la fortuna malversada por el genocida en el banco de ese país Riggs Bank. Asimismo, se develaron otras cuentas donde Pinochet guardaba dinero malversado, robados al Estado de Chile mientras dirigió la dictadura cívico-militar (1973-1990).
El veredicto del caso Riggs también afectó a otros tres militares en retiro, que habrían ayudado al criminal: Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Ricardo Mclean y Eugenio Castillo Cadiz. Los tres, deberán cumplir una pena de cuatro años de libertad vigilada.
>> Justicia chilena ordena decomisar bienes de Pinochet por 1,6 millones de dólares
Críticas al fallo
Organismos de derechos humanos de Chile han manifestado su rechazo al fallo judicial, criticando que este ordenó solo la restitución del dinero extraído de los gastos reservados del Estado.
Asimismo, repudiaron que los exoficiales recibieran el beneficio de libertad vigilada.
Hace unas semanas la justicia chilena indultó a siete exmilitares y genocidas que cumplían penas por delitos de lesa humanidad en la exclusiva cárcel de Punta Peuco.