El magistrado peruano Rafael Martínez abrió este sábado un proceso penal contra el exdictador Alberto Fujimori y los exministros Alejandro Aguinaga (actual congresista de Fuerza Popular), Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer, y otros, por el caso de las esterilizaciones forzadas.

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A Fujimori y los demás miembros de su Gabinete se les acusa de ser “presuntos autores mediato por dominio de aparatos organizados del poder por la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, ahondó Martínez.

Martínez anunció la suspensión del proceso hasta tanto el Gobierno de Chile emita algún pronunciamiento sobre la ampliación del proceso de extradición por las esterilizaciones forzadas; en tanto la investigación judicial continuará para los demás acusados.

A propósito de la extradición del exjefe de Estado, la fiscal Carmen Rosa Crisostomo, en representacion del Ministerio Público detalló que  solicitarán a la justicia de Chile la ampliación de la extradición de Fujimori.

Sobre Fujimori y sus ministros pesan más de 2.000 denuncias, y a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas, se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad.

Datos aportados por el Ministerio de Salud Peruano y recogidos por la Defensoría del Pueblo añaden que entre los años 1996 y 2000, periodo en el cual se aplicó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres. De esa cifra no se conoce exactamente cuántas fueron forzadas.

Hasta la fecha en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), el cual abrió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016, aparecen inscritas más de 8.000 víctimas asociadas a estos delitos.