El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ofreció recibir el barco Aquarius, que permanecía a la deriva en el Mediterráneo con 629 refugiados a bordo.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de España, el destino de esta embarcación sería el puerto de Valencia, previa coordinación con el Gobierno valenciano.

Señala que se trata de “una obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria” y “ofrecer un puerto seguro a estas personas”, sin embargo, el Gobierno de España, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha sido acusado de llevar a cabo una política “anti-personas”.

“Es el momento de revertir las política anti-personas del PP (Partido Popular) y que el nuevo gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de DDHH. Se trata de salvar vidas humanas. Barcelona se ofrece como puerto humanitario”, aseveró la Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, a través de su cuenta en Twitter. 

La decisión del Gobierno de España se produce luego de que los Gobiernos de Italia y de Malta se negaran a recibir a estos refugiados. 

Para Colau, la negativa de estos Gobiernos "pone en cuestión el proyecto europeo" porque supone apostar por la "barbarie" en lugar de por la democracia. 

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El barco Aquarius lleva a bordo 629 refugiados, entre ellos 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas. Estas personas huyen de sus países de origen, donde se registran conflictos armados que ponen en peligros sus vidas.