El Comité Nacional de Paro de Colombia llamó a realizar plantones en la tarde de este lunes como muestra de respaldo a la moción de censura en el Congreso, contra el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano.

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Los protestantes culpan a Molano por los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía y el ejército y el escuadrón Móvil Antidisturbios en el contexto de las protestas sociales.

Por otra parte, el Comité propuso generar grandes movilizaciones desde los municipios hacia las capitales de cada departamento, para este miércoles 26 de mayo, con el objetivo de que el Gobierno acepte las manifestaciones pacíficas, que es una condición esencial en las negociaciones para salir de la crisis en el país.

Igualmente, se propuso participar en una caravana de solidaridad con el pueblo del Valle de Cauca y Cali, uno de los epicentros de la represión policial en los más de 20 días de protestas.

También se llamó a los comités departamentales y municipales de paro a informar de las acciones violentas de las fuerzas de seguridad, mediante fotos, videos e informes escritos de los hechos.

Las mujeres y colectivos LGBTI han sido quienes más han sufrido la represión de las fuerzas policiales con violaciones y daños físicos. Según la Defensoría del Pueblo, 106 casos de violencia contra las mujeres y personas LGBTI se registraron hasta el 21 de mayo.

Igualmente, la ONG Temblores documentó 2.905 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 1.264 manifestantes que fueron detenidos de forma arbitraria, 6 víctimas de violencia basada en género y 21 víctimas de violencia sexual desde el comienzo de las protestas. 

Desde el 28 de abril, miles de colombianos se lanzaron a las calles en respuesta a la reforma tributaria promovida por el Gobierno de Iván Duque, considerada como la medida neoliberal que erosionó el descontento de la población.

Pese a que se retiró el proyecto de ley del Congreso, las manifestaciones continúan con bloqueos de las calles y protestas fundamentalmente pacíficas, con el objetivo de que sean atendidas otras demandas sociales a las que el Gobierno todavía no ha dado respuestas.