Los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se movilizaron este viernes en la Ciudad de México y reiteraron su llamado a esclarecer el paradero de sus hijos luego de que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso presentara un informe respecto al mismo.

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En tal sentido expresaron que “necesitamos esclarecer el paradero y el destino de nuestros hijos, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico”; al tiempo que sostuvieron que no claudicarán en su lucha hasta conseguirlo.

A lo que agregaron que pese al dolor que representará saber del destino de sus hijos, más aún si estos no están con vida; soslayaron que “si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas repruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha siguen”.

Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista sostuvo que “a nosotros, que queremos justicia llegar a la verdad y que se aplique la ley, no nos gusta que estén en la cárcel las personas que aprehendieron esa noche del 26 de septiembre de 2014; pero sí queremos saber la verdad, para que así otras personas se animen a hablar y alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos”.

A propósito del caso, el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia reconoce que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado, y contiene elementos relevantes de que hasta el momento no hay indicios de que los jóvenes permanezcan con vida.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien la preside, señaló que la realidad de lo acontecido no es “similar a la verdad histórica”; al tiempo que afirmó que seis normalistas fueron entregados al entonces coronel José Rodríguez Pérez, quien “se hizo cargo de los muchachos”.

A lo que agregó que “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, y el grupo Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, los ultimaron y desaparecieron”.

“Se demuestra con toda certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la terminal de camiones de Iguala(...) se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula”, manifestó.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió 83 órdenes de aprehensión, entre las que figura la del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado al proceso por los delitos de desaparición, tortura y contra la administraron de la justicia; y su rol en la creación de la denominada “verdad histórica”.